El recién pasado viernes se cumplieron dos décadas desde la implementación del denominado “Corralito” en Argentina. Hundidos en una crisis inflacionaria, con desconfianza en las instituciones y una fuga de capitales hacia otras naciones, el 3 de diciembre de 2001 la Casa Rosada decidió aplicar una de las medidas más controvertidas de la historia del país vecino.
El decreto, patrocinado por el entonces mandatario Fernando de la Rúa y el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tenía como objetivo evitar el colapso del sistema financiero. La medida restringió los movimientos bancarios y prohibió a las personas sacar más de 250 pesos argentinos semanalmente, monto que no era suficiente para satisfacer las necesidades básicas.
El episodio tensionó las relaciones en el país y profundizó la crisis que finalmente terminó con la salida del exmandatario del cargo el 20 de diciembre del mismo año. A 20 años del episodio que marcó el bolsillo de los argentinos, el domingo 5 de diciembre se estrenó “2001: El impacto del Corralito”.
El documental que fue emitido por History Channel a las 21.00 repasa una de las medidas más polémicas que desató una crisis institucional en el país trasandino bajo el gobierno del expresidente de la Rúa. El film relatado por el actor Ricardo Darín, tuvo su primera emisión el pasado miércoles 1 de diciembre por VOD.
La historia, que en un principio había considerado la aparición de Darín en cámara, relata durante una hora el antes y el después de la crisis política. Cuenta con el testimonio de los protagonistas y figuras políticas clave del momento como Domingo Cavallo, el exvicepresidente Eduardo Duhalde, la exministra de Desarrollo Social argentina Graciela Fernández Meijide y la economista Cecilia Todesca Bocco. Además, de la mirada de analistas, periodistas y funcionarios de la banca de ese entonces.
Sobre el material, aseguró: “Uno cree que tiene almacenado en su disco rígido todas las experiencias propias y ajenas, escuchadas y comentadas. Pero, basta recorrer este documental para darse cuenta de que nuestra capacidad de almacenamiento no alcanza para retener todo lo que ocurrió”.
“Es doloroso recordar, pero mucho más doloroso es no tener memoria porque afecta al presente y al futuro; afecta a nuestros niños, a todas las sociedades. La experiencia que atravesó la Argentina en todo su conjunto a partir de lo que ocurrió en esa fecha ojalá nos pueda servir hacia adelante para intentar no cometer los mismos errores”, añadió.
De su madre y los estragos que el Corralito causó recordó: «Mi madre murió hace tres años. Hasta el último de sus días, estuvo todo el tiempo preguntándome si existía alguna posibilidad de recuperar el dinero que había perdido en un banco. Cuando faltaban algo así como un mes y medio para que se produjera su muerte -ella estaba muy deteriorada, físicamente estaba realmente mal-, con Florencia, mi mujer, decidimos mentirle. Mentí descaradamente, solo para intentar tranquilizar un poco su alma, porque ella siempre estuvo angustiada por haberse sentido robada, estafada, atropellada, humillada, y le dije que todo lo tenía en manos de unos abogados y que me habían dado esperanza de que eso se podía solucionar.
Comparación con Otras Crisis
Urrutia explica que el Corralito fue una medida monetaria para frenar el proceso hiperinflacionario en que estaba envuelta en ese tiempo la economía Argentina. “(Raúl) Alfonsín entregó el gobierno en julio del ’89 y ese año hubo 5.000% de inflación. Y es que la convertibilidad del peso argentino frente al dólar funcionó de la misma manera que había funcionado la caja de conversión en la Argentina hasta la creación del Banco Central en 1935, donde un peso argentino pasaba a ser convertible a un dólar.
El 30 de junio, luego de reuniones y contrapropuestas que mantuvieron al mundo en vilo y luego de la disposición de Syriza de aceptar casi la totalidad de las condiciones de los acreedores, la Troika dio el portazo y finalmente no se realizó el pago por 1.600 millones de euros que Grecia debía desembolsar para cumplir con el vencimiento de deuda con el FMI.
Si se llegaba a acuerdo, se garantizaba que los acreedores le entreguen a Grecia la parte restante del segundo “rescate”, que en sólo en términos inmediatos hubiera dado un respiro a la economía helena que sufre una crisis de liquidez. Como la Troika y los “mercados” financieros habían provocado una corrida bancaria, ya desde el lunes los bancos griegos amanecieron cerrados, sólo abrieron algunos destinados a realizar el pago de pensiones.
En Grecia se aplicaba de esta forma un corralito bancario, que incluía el límite de extracción por cajero de 60 euros diarios para las tarjetas emitidas por bancos griegos. Las tarjetas emitidas por bancos extranjeros están habilitadas a retirar el máximo fijado por los bancos.
El Rol de Domingo Cavallo
El ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, fue uno de los primeros en hacer declaraciones acerca del corralito griego. Con un caradurismo sin límites y como si no hubiera sido parte fundamental del gobierno que la mayoría de los trabajadores y el pueblo argentino echaron a patadas, comparando la situación de Grecia con la crisis de 2001 en nuestro país, se animó a remarcar que es "más por culpa del gobierno griego que del FMI y la Unión Europea".
En un post que publicó en su blog se pueden leer algunas recomendaciones que se atreve a dar al gobierno de Grecia para evitar el “corralón” (se denominó así en Argentina a la restricción bancaria que impidió la extracción de depósitos y forzó su conversión a pesos): "Lamentablemente Grecia se vio obligada a imponer un corralito. Esto ocurre en cualquier lugar del mundo cuando los bancos se quedan sin liquidez en billetes de la moneda con que se manejan", manifestó Cavallo.
"Si los griegos y Europa permiten que el corralito se transforme en corralón, los griegos van a sufrir un ajuste fiscal y una caída de los salarios reales mucho mayor a la que se estaba produciendo a causa de la austeridad impuesta por la Troika. Grecia volverá a ser una economía con alta inflación y muy inestable. Además Europa recuperará poco o nada de los 240 mil millones de euros que Grecia le debe", sentenció Cavallo.
A buen entendedor…claramente las recomendaciones de quien sumergió un país en una de las peores crisis económicas, siguen siendo dirigidas a evitar no precisamente el empobrecimiento de los griegos sino a alertar que con un posible corralón y sus consecuencias, los acreedores (o sea, los organismos internacionales de crédito y los bancos fundamentalmente alemanes y franceses) no podrán cobrarse el dinero de la deuda.
El Contexto Argentino en 2001
En el año 2001 la Argentina se vio sumergida en la peor crisis económica y social de su historia. Durante los noventa, Cavallo aplicaba la paridad 1 a 1 entre peso y dólar, llamada “convertibilidad”, atando de esa forma la política monetaria a la práctica de la Reserva Federal de EE.UU. Esta medida, que había permitido cortar la escalada hiperinflacionaria en 1991 dando lugar a un período de crecimiento basado en el endeudamiento externo y la inversión extranjera, se transformaría con el cambio en las condiciones de la economía internacional, en una trampa.
Mientras Argentina se hundía económicamente en 2001, con cifras que alcanzaban el 25% de desempleo y más del 50% de la población empobrecida, la deuda pública llegaba a los 200 mil millones de dólares (casi 70% del PBI) con intereses altísimos; y la fuga de capitales sólo en 2001 fue de 14.977 millones de dólares. Para tratar de frenar esta fuga, el corralito implementado en diciembre de 2001 permitía retirar de los bancos hasta $ 250 por semana, mientras no había límite para las operatorias con cheques.
Este escenario catastrófico para el pueblo argentino, que contaba con un ejército de reserva (población desocupada) gigantesco, fue acompañado con manifestaciones y las jornadas de diciembre que acabaron con la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
Comparación con la Crisis Griega
El caso Griego comparte indicadores sociales similares: una caída de la economía del 25% en los últimos siete años (superior a la caída del PBI norteamericano en la Depresión de los años ’30), un desempleo del 27%, una deuda externa de 317.094 millones de euros (equivalente al 177% del PBI), que hace años vienen golpeando a los trabajadores y el pueblo.
En ambos casos el corralito afecta fundamentalmente a los trabajadores, al pueblo pobre y en gran parte a las clases medias. No sólo porque en Argentina las operaciones con cheques seguían habilitadas mientras la gente “común” sólo podía extraer 250 pesos semanales. No sólo porque en Grecia las tarjetas pertenecientes a bancos extranjeros están claramente privilegiadas.
Sino porque los grandes capitales, la mayor parte de las veces, vinculados a los bancos por uno y mil lazos, conocen los movimientos con antelación y tienen la posibilidad de cubrirse mucho antes del desencadenamiento de los hechos.
El Sistema Previsional Argentino
Hacia fines de los años 80 el sistema de reparto argentino estaba quebrado, lo que condujo a considerables reducciones y retrasos en el pago de pensiones. Como consecuencia, en 1993 se aprobó una reforma de pensiones que estableció un sistema mixto, incorporando un esquema de capitalización individual (administrado por las AFJP) en competencia con un reformado régimen de reparto (administrado por el Estado).
Durante los 14 años de existencia del sistema de capitalización individual se logró una tasa de rentabilidad anual real promedio de 6,6% sobre los ahorros de los trabajadores, muy por sobre la de otros países de la región con sistemas similares. A fines de 2008, después de varios meses de bajas rentabilidades de los fondos durante la Crisis Financiera Global (como sucedió en todo el mundo), el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner utilizó lo anterior como una (mala) excusa para abolir el sistema de capitalización individual.
El gobierno expropió, sin una consulta previa a sus legítimos dueños, los ahorros de 9,5 millones de trabajadores. Los ahorros expropiados fueron transferidos a un fondo estatal, dejando de existir las cuentas individuales. En adelante, todos los afiliados se jubilarán bajo las reglas del sistema de reparto, incluyendo el requisito de cotizar por al menos 30 años para acceder a una pensión.
La inyección de recursos expropiados dio un alivio financiero transitorio al régimen de reparto. Hacia 2020 las contribuciones de los argentinos cubren en torno al 60% del pago de beneficios, el gasto público en pensiones se duplicó entre 2006 y 2020 (de 5% a 11,3% del PIB), y se proyecta que el déficit del sistema de reparto llegará a un rango de 3,5-5,1% del PIB hacia 2040 (Urbiztondo, 2020).
Otras consecuencias negativas de la abolición de las AFJP incluyen la pérdida de transparencia del sistema, la concentración del 85% de la cartera de inversiones en activos estatales de dudosa rentabilidad y la eliminación de la Superintendencia de Pensiones. Peor aún: se estima que solo el 47% de los trabajadores expropiados cumplirá con el requisito de cotizar por 30 años para tener derecho a una pensión en el sistema de reparto (Apella, 2009).
Demandas y Repercusiones Legales
Metlife, dueño de una de las AFJP expropiadas, demandó en 2017 al gobierno argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la violación del Tratado de Protección de la Inversión (TBI) firmado entre Estados Unidos y Argentina. Este laudo siembra un importante precedente para el mundo, porque deja de manifiesto que el término de las AFJP fue un acto expropiatorio y no solo un cambio normativo, como argumentó Argentina en su defensa.
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