El sistema de pensiones es un tema de gran relevancia en la agenda pública de España, generando debates sobre su sostenibilidad y adecuación para garantizar una jubilación digna.
El Sistema de Pensiones en España
Para entender el contexto actual, es importante conocer cómo funciona el sistema de pensiones en España y los factores que influyen en la cuantía de las pensiones.
Factores que influyen en el monto de la pensión
Una encuesta de opinión pública reveló las percepciones de la ciudadanía sobre los aspectos que más influyen en el monto de la jubilación que se recibe. Los resultados mostraron que:
- El 81% de los encuestados considera que la cantidad de años cotizados de manera constante es el factor más importante.
- El 70% cree que el sueldo del trabajador es determinante.
Reforma de Pensiones en España
La reforma de pensiones, un tema de gran relevancia en España, ha sido objeto de intensos debates y negociaciones.
Contexto y Objetivos de la Reforma
El diálogo y la participación social son claves para los acuerdos y la sostenibilidad de las reformas de las pensiones. Para Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, “una reforma tan importante como es el caso de la de pensiones requiere de profundo diálogo y construcción de confianza. De esta manera se podrá construir, entre los diversos actores, los consensos mínimos necesarios.
El Debate en el Congreso
La Comisión Parlamentaria del Congreso de Diputados abordó el pasado 2 de junio el trámite para que pasara al pleno del Congreso, para su aprobación, el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, presentado por el gobierno central el 4 de marzo de 2022. Tras diversas negociaciones de enmiendas el Proyecto de Ley tuvo los votos favorables de PSOE, Unidas Podemos, PNV y Grupo Mixto y los votos contrarios de PP, Ciudadanos y ERC. Se abstuvieron EH Bildu y Vox.
En el pleno celebrado hoy, 9 de junio, el Proyecto de Ley ha sido aprobado -y así se remitirá a su aprobación en el Senado- por 172 votos a favor, 164 en contra y 6 abstenciones.
El fondo antisocial de la ley
La cobertura de las pensiones privadas es baja en el Estado español y esta ley pretende ampliarla mediante la extensión de las pensiones de empleo basadas en la negociación colectiva. Aunque esa cobertura es más reducida que la de muchos Estados de la Unión Europea (UE), especialmente en las pensiones de empleo, el patrimonio de los fondos de pensiones -que incluye a los planes individuales y los de empleo- es bastante más elevado que los de grandes países de la UE como Italia, Francia y Alemania.
Las pensiones privadas, tanto las individuales como las de empleo, al destinar las cantidades aportadas a inversiones que buscan la máxima rentabilidad, en gran parte a través de productos financieros, contribuyen a la financiarización de la economía, es decir al aumento muy superior de los activos y pasivos financieros en relación con el valor de la producción de bienes y servicios y que ha provocado enormes desastres económico-sociales en las últimas décadas. Este proceso, que es apoyado por las instituciones financieras internacionales y también por la UE asegura importantes beneficios a bancos y aseguradoras.
Pero también, aunque no tengan beneficios inmediatos de la gestión de las pensiones privadas, es defendido por el conjunto de las organizaciones empresariales que quieren romper la solidaridad y unidad de clase asociada a las pensiones públicas basadas en el método de reparto por pensiones privadas diferenciadas por empresas y sectores. De esta forma se contribuye a fragmentar la unidad de los y las trabajadores en defensa de las pensiones públicas de reparto, entre quienes vayan a percibir pensiones privadas de una cierta cuantía y quienes solo las vayan a percibir de muy escasa o incluso no vayan a cobrar este tipo de pensión, lo que ocurrirá en los sectores productivos de salarios muy bajos.
El desplazamiento del peso de las pensiones públicas de reparto, que han sufrido importantes recortes en el pasado -y que se pretenden de nuevo ampliar, entre otras medidas, a través de la ampliación del período de cálculo, a las privadas de capitalización, que se quieren impulsar- aumentaría las desigualdades sociales en el interior de la población pensionista. Particularmente las existentes entre hombres y mujeres, así como de incertidumbre para el conjunto de las y los pensionistas en cuanto a las condiciones de obtención de las pensiones y la cuantía de las mismas.
La aprobación de esta ley podrá dar lugar a un aumento de esas desigualdades. En las pensiones privadas basadas en las que la obligación empresarial es de aportar lo acordado pero no de garantizar un resultado en términos de cuantía de la pensión, la situación de las mujeres empeora debido a que su mayor esperanza de vida les supone reducción de la pensión, lo que no es impedido por la normativa de la Unión Europea en esta materia.
En el contexto actual de la voluntariedad de su constitución, solo se desarrollarán ampliamente los Planes de Empleo con recortes mayores de las pensiones públicas de reparto o con mayores ventajas fiscales para las empresas. Así, la asociación patronal de entidades aseguradoras Inverco exponía hace unos años -y, aunque no lo dice expresamente, se felicita- que el Estado español “experimentará en los próximos años la mayor reducción de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones de entre los países europeos”.
Las entidades financieras partidarias de la privatización de las pensiones usan a fondo los gabinetes de estudio, los seminarios y las tertulias en los medios de comunicación con el discurso de que el envejecimiento de la población hace inevitable la disminución de las pensiones públicas, por lo que reclaman nuevas medidas de recorte, además de mantener las ya aprobadas, en particular mediante un nuevo aumento de la edad de jubilación, el cálculo de la pensión sobre toda o la mayor parte de la vida laboral y una revalorización de las pensiones inferior a la de la renta media e incluso inferior a la que simplemente mantenga el poder adquisitivo.
La importante cantidad de dinero que supone el gasto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones contributivas, cuyo importe presupuestado para el 2022 asciende a 150 mil millones de euros, da lugar a que las entidades financieras hagan de la privatización de una parte de esos recursos un objetivo prioritario. La aprobación de la ley en los términos actuales será un primer paso, que será seguido con nuevas exigencias de las entidades patronales de mayores beneficios fiscales para las empresas que acuerden establecer las pensiones de empleo.
Así sucedió ya, y se repite, con la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años acordada por el Gobierno Zapatero que fue una de las razones de su derrota electoral en el 2011, la desmovilización social que puede traer consigo esta política podrá venir unida a la progresión electoral de la derecha y la extrema derecha, que forzarán al máximo esta política de recorte a las pensiones públicas y de fomento de la privatización de las mismas.
Un error político el “pase abstencionista”
El pactado aumento entre EH Bildu y el Ministerio de Inclusión Social y Sanidad en el 15% de las PNC solo abarca a las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas, es decir, las que se conceden en defecto de las contributivas (por no reunir el periodo de cotización necesario; de 15 años en el caso de las de jubilación y variable en las de invalidez) pero solo a la gente de muy bajos ingresos, equivalentes a la cuantía anual de la prestación.
No incluye a las de viudedad y orfandad, que son contributivas. El número de perceptores es de algo más de 446.000 en el Estado español y de 14.000 en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV). Estas pensiones son de cuantía muy baja, de 421,40 euros/mes por 14 pagas y de 358,19 si hay dos beneficiarios en la misma unidad familiar.
Si, como elemento para valorar la suficiencia de las pensiones del nivel no contributivo, se sigue el criterio de que permita superar la pobreza, hay que recordar que, según la Encuesta de condiciones de vida del INE, el umbral de pobreza a nivel estatal (que se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares) era de 9.626 euros/año en el 2020. Si se compara esa cifra con la de la cuantía de las pensiones no contributivas en ese año, de 5.538,60 euros/año, se concluye que la cuantía de las pensiones no contributivas era inferior ese año en más de cuatro mil euros anuales al umbral de pobreza.
Como los requisitos de ingresos y la cuantía de la prestación son similares entre el IMV y las PNC, parece claro que las personas beneficiarias de las PNC podrían, sin necesidad del acuerdo, optar por renunciar a las PNC y en su lugar solicitar se les conceda el IMV, ahora de mayor cuantía.
El momento adecuado para su exigencia sería cuando se prorrogue el “decreto anticrisis”, y con efecto retroactivo. El gobierno tendría muchas dificultades para negarse a aceptar una medida tan evidente.
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