El financiamiento de las pensiones es un tema de gran relevancia en España, especialmente en un contexto de envejecimiento poblacional.
Desde el centro de estudios Horizontal, liderado por el ex ministro Ignacio Briones, realizaron una investigación en la que plantean que implementar un sistema de reparto de pensiones es inviable debido a la alta tasa de envejecimiento que tendrá nuestro país en los próximos años.
¿Qué es un sistema de reparto? Es el tipo de sistema de seguro solidario para la vejez.
“El envejecimiento de la población conlleva que año a año la proporción de trabajadores activos por cada adulto mayor pensionado disminuya. Por esta razón, los sistemas de reparto en los que las cotizaciones de los actuales trabajadores financian las pensiones de los actuales jubilados se hacen insostenibles en el tiempo.
En efecto, en 1960 en Chile había 12,6 personas entre 20 y 64 años por cada adulto mayor. Al día de hoy, este ratio ha caído a cerca de la mitad, con 5,2 personas entre 20 y 64 años por cada adulto mayor de 65 años”, dice el estudio.
Según el estudio, de aquí a 2050 por cada pensionado habrá 2,2 trabajadores activos. “Mientras que en 2050 esta brecha seguirá al alza y llegará a 2,2 trabajadores por pensionado. En 2080, en tanto, es decir, en 58 años más, se proyectan sólo 1,48 personas en edad de trabajar por cada adulto mayor de 65 años. En este contexto, es claro ver que el financiamiento vía reparto implica que cada vez que los trabajadores deban soportar una mayor carga financiera para pagar las pensiones, siendo eventualmente insostenible en el tiempo.
¿Cuáles son los países que acompañan a Chile? En primer lugar está Corea, luego Japón, Grecia, Italia, España, Portugal y Polonia.
“Esta es una tendencia que está ocurriendo a nivel mundial y, por eso, en los países de la OCDE se está tomando la determinación de ir reduciendo la importancia de sus esquemas de reparto y aumentar la importancia que tienen los esquemas como el nuestro, donde cada generación va ahorrando para pagar sus pensiones en el futuro.
Respecto al estudio elaborado por Horizontal, el académico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, comenta que efectivamente es difícil llegar a implementar un sistema de reparto tomando en consideración estos antecedentes.
“El sistema de reparto es un sistema que funciona cuando las condiciones están dadas para su implementación. Es decir, debe haber una alta tasa de natalidad y debe haber una gran parte de la población que esté trabajando.
Alemania está a punto de hacer un cambio único e histórico en su modelo de pensiones, siguiendo el ejemplo del sistema chileno de capitalización individual. Las vueltas de la vida, nosotros que anhelábamos por años parecernos a Alemania y a su modelo de Estado de bienestar, pareciera que ese país ya viene de vuelta y quiere adoptar el neoliberalismo chileno en materia de pensiones.
Según el proyecto de ley presentado el pasado martes 5 de marzo, la administración recaudará 200 millones de dólares para invertir en los mercados de capital y utilizar los ingresos para reformar el sistema de pensiones del Estado y evitar el colapso de un anticuado modelo de reparto, que al igual que España enfrenta una crisis considerable y está al borde del colapso.
Hasta ahora, el sistema público de pensiones en Alemania se organiza mediante el llamado “Contrato entre Generaciones”, lo que significa que los empleados aportan a un fondo de pensiones que paga la pensión de los jubilados. Los empleados de hoy confían en que la próxima generación generará los fondos suficientes para su pensión cuando se jubilen. De esta forma, la próxima generación y su trabajo y sudor deberían financiar a la generación que le antecede y así sucesivamente.
En simple, el fondo común ya no es suficiente, o, como bien diría Javier Milei, “no hay plata”, por lo que una gran parte de las pensiones actuales ya se financian con dinero de los impuestos. En el futuro, el Gobierno planea invertir dinero (de créditos) ahora en acciones, fondos y ETF para generar ingresos para las futuras pensiones, desarrollando un sistema de inversiones privado de los ahorros al más estilo chilensis, pero se tratará de continuar, en parte, con el antiguo sistema de contrato de generación. Por ello la propuesta quiere construir un segundo pilar individual para garantizar las pensiones.
Ahora bien, la estrategia contempla la construcción del fondo de capital antes mencionado a través de financiamiento del gobierno federal. El nuevo instrumento alcanzará el umbral de 200 mil millones de euros en la próxima década, impulsando la transición que los gobiernos están buscando.
Claramente, la urgente reforma demuestra que el gobierno alemán y su clase política se han percatado a tiempo (a diferencia de nuestra clase política) de que no pueden permitirse una profundización de la crisis que comprometería la inestabilidad social del país a largo plazo.
Por otro lado, no se puede perder de vista la causa principal que motivó al país germano a realizar esta política pública: tanto Alemania como Chile son países en donde el porcentaje de natalidad cae año tras año. El hecho de que Alemania tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una pirámide de población estable. En el caso de Chile, las cifras son más desfavorables, 1,3 hijos por mujer, lo que significa que tenemos la menor tasa de fecundidad de todo el continente sudamericano.
Hace 15 años, nuestra pirámide poblacional era casi perfecta, había un pequeño porcentaje de población adulto mayor y una base amplia de renovación generacional; hoy el mayor porcentaje de la pirámide se concentra entre los 40 y 50 años. Por lo tanto, la capacidad de mantener una población que posee mayor esperanza de vida es insostenible para cualquier sistema de reparto que se desee implementar por eficiente que sea su recaudación.
Las cifras de baja natalidad son alarmantes para ambos países, pero Alemania se adelantó en vistas del impacto económico que significa una baja fecundidad y pondrá en marcha esta reforma sustancial al sistema de pensiones, valiéndose para ello de los instrumentos que ofrece el mercado para contrarrestar la crisis.
Este cambio único e histórico en el modelo de pensiones alemán deja en claro que ningún país desarrollado o en vías de desarrollo puede prescindir de los instrumentos del mercado para prestar ayuda en materia de pensiones, por mucho que los países desarrollados tengan la estructura financiera para surtir de pensiones a través de su buena recaudación.
Este miércoles el Diario Oficial ha publicado la reforma a las pensiones, una ley que modifica el sistema previsional de Chile, el que durante 44 años se sustentó con la función de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las entidades privadas a cargo de manejar los fondos. La reforma, que se implementará de manera gradual a partir del segundo semestre de 2025, instaurará un sistema mixto que no pondrá fin a las AFP, pero que entregará elementos de solidaridad para elevar los montos de la jubilación de los actuales pensionados.
Los primeros beneficios de la reforma se verán con el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) -el aporte estatal que complementa el pago de las pensiones más bajas-; la garantía por año cotizado; y la compensación para las mujeres. A esto se sumará la cotización adicional con cargo al empleador, que se aplicará de manera escalonada.
El Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric ha estimado que con la puesta en marcha de la reforma previsional los jubilados verán un aumento en la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos (270 dólares), en un incremento que será gradual una vez que la ley sea publicada en el Diario Oficial. El primer grupo que tendrá un incremento en su pensión serán los mayores de 82 años, que recibirán su PGU aumentada seis meses después de la publicación del decreto, es decir en septiembre de este año. De acuerdo a este plan, los mayores de 75 años serán beneficiados 18 meses después de la publicación; y los mayores de 65 años obtendrán su monto extra 30 meses después.
Es una garantía que consiste en el pago de 0,1 Unidad de Fomento (UF), equivalentes a 3.885 pesos (unos cuatro dólares) por cada año en el que el trabajador registre cotizaciones, con un tope de 25 años, es decir 2,5 UF, equivalentes a 97.147 pesos (104 dólares). Los requisitos para acceder a este beneficio es contar con al menos 10 años de cotizaciones, en el caso de las mujeres; y 20 años de cotizaciones, para los hombres. Esta garantía se entregará a partir del primer día hábil del décimo mes de publicada la ley en el Diario Oficial, es decir el 1 de enero de 2026. El objetivo de esta medida es mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de quienes se van a pensionar dentro de los próximos 30 años.
La reforma promulgada por el Ejecutivo chileno contempla la entrega de una compensación a las mujeres por expectativa de vida. El beneficio permite que mujeres y hombres que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión, aplacando una brecha de género que perjudicaba principalmente a las mujeres. Las beneficiadas recibirán una bonificación por un valor mínimo de 0,25 UF mensuales, equivalentes a 9.714 pesos (10 dólares).
La nueva ley dispone otras modificaciones al sistema previsional. Una de las más importantes es la nueva cotización del 7% con cargo al empleador, la que se suma al 1,5% actual de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Ese total adicional, que alcanza el 8,5% de la renta imponible, se distribuye entre las cuentas individuales administradas por las AFP (4,5%) y el seguro social administrado por el Fondo Autónomo de Protección Previsional (4%). Otro cambio contemplado es la licitación del stock el 10% de los afiliados cada dos años, los que serán seleccionados de forma aleatoria.
Tanto Alemania como Chile son países en donde el porcentaje de natalidad cae año tras año. Alemania está a punto de hacer un cambio único e histórico en su modelo de pensiones, siguiendo el ejemplo del sistema chileno de capitalización individual. Las vueltas de la vida, nosotros que anhelábamos por años parecernos a Alemania y a su modelo de Estado de bienestar, pareciera que ese país ya viene de vuelta y quiere adoptar el neoliberalismo chileno en materia de pensiones.
Hasta ahora, el sistema público de pensiones en Alemania se organiza mediante el llamado “Contrato entre Generaciones”, lo que significa que los empleados aportan a un fondo de pensiones que paga la pensión de los jubilados. Los empleados de hoy confían en que la próxima generación generará los fondos suficientes para su pensión cuando se jubilen. De esta forma, la próxima generación y su trabajo y sudor deberían financiar a la generación que le antecede y así sucesivamente. Aquello funcionó durante bastante tiempo, pero ahora hay un número enorme y creciente de jubilados frente a un número cada vez menor de personas que pueden sostener estas pensiones, por lo que la relación entre trabajadores y jubilados se ha finalmente invertido y la piscina de ahorros común se está agotando (por ejemplo, más personas que exigen sacar pensiones del sistema, que aquellos trabajadores que meten fondos en este).
Este cambio único e histórico en el modelo de pensiones alemán deja en claro que ningún país desarrollado o en vías de desarrollo puede prescindir de los instrumentos del mercado para prestar ayuda en materia de pensiones, por mucho que los países desarrollados tengan la estructura financiera para surtir de pensiones a través de su buena recaudación. Esto es debido a que se llegará a un punto en que ese sistema de reparto común entrará en colapso, debido a que ningún Estado, por eficiente que sea su política distributiva, puede soportar, a largo plazo, una población cada vez más envejecida y una menor tasa de jóvenes menores de 15 años que puedan reemplazar y sostener a la nueva población no productiva.
Chile debería ver el ejemplo de Alemania como una señal importante de que el país tiene el deber de encaminar políticas públicas que no desdeñen los instrumentos de mercado, como también políticas enfocadas en revertir la baja tasa de natalidad que nuestro país ha estado experimentando en las últimas décadas: sin una tasa de natalidad estable, ni el mercado ni el Estado podrán responder de manera eficiente y tempestiva a los nuevos desafíos en materia previsional.
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