La intervención social es de importancia estratégica en materia de formación y de práctica, con nutrida bibliografía y múltiples reuniones de trabajo al respecto.
Sin embargo, pocas definiciones abordan el tema de frente. Los sobreentendidos, inseparables de su tendencia a crear malosentendidos, suelen ser corrientes. El presente artículo aborda algunas claves de la intervención social, sin buscar inventar lo que ésta debiera ser, sino identificar qué es hecho y cómo funciona en el quehacer cotidiano de los trabajadores sociales.
Cuatro Argumentos sobre el Concepto de Intervención Social
En este artículo se presentan cuatro argumentos expresados en el debate sobre la naturaleza y alcance conceptual de la intervención social, entendiéndola indistintamente como actuación, interpretación, distinción sistémica y finalmente como dispositivo discursivo. Este debate es relevante para disciplinas de las ciencias sociales en las que la noción de intervención ocupa un lugar importante en su configuración teórico-metodológica.
La revisión de estas perspectivas establece un contrapunto con las perspectivas tecnológicas que sostienen que la intervención se reduce a la ejecución de acciones. De este modo, se discute la subordinación epistémica y ontológica de las comunidades de las ciencias sociales, en las cuales intervenir constituye su sello de identidad.
Introducción
En la actualidad, en diversos campos de las ciencias sociales se discute sobre los alcances teóricos, epistemológicos y éticos del concepto de intervención social, siendo sus aspectos prácticos los que han sido objeto de mayor atención en las últimas décadas. Así, por ejemplo, la psicología social establece sobre este concepto una vía para emplear sus perspectivas teóricas propias, las cuales aportarán desde este campo disciplinario a la resolución efectiva de problemas sociales.
Por su parte, en el trabajo social discurre una aceptación más bien identitaria en torno a la noción de intervención, que opera como una suerte de sello distintivo de su ejercicio profesional, el cual también es recogido, entre otros documentos, por la definición del concepto de trabajo social realizada por la International Federation of Social Workers (IFSW) en la Conferencia de Montreal del año 2000.
Con todo, siguiendo autores como Ezequiel Ander-Egg, Nidia Aylwin, Natalio Kisnerman, entre otros, en el caso particular del trabajo social es importante destacar que la intervención social se concibe tradicionalmente como una actividad práctica propia de esta profesión. A pesar de lo anterior, en las últimas décadas surgen nuevas perspectivas que expresan puntos de vistas diferentes sobre la intervención, en los que se exhortan otros razonamientos teóricos que admiten posicionamientos novedosos, sobre la base de convicciones emergentes en torno a la naturaleza del concepto.
Estas perspectivas recogen distintas formas en las cuales se define la intervención social, de cuya lectura es posible distinguir sus usos en varios de los campos disciplinarios de las ciencias sociales en los que la noción es referida. Se aprecia que en este debate los encasillamientos de los autores y sus perspectivas se centran en un conjunto más bien definido de hilos comunes que conectan dichas proposiciones y que, a nuestro juicio, se dirigen a constituirse en cuatro núcleos de argumentaciones sobre la intervención social.
Argumentación como Epistemología Aplicada
Apoyarse en la noción de argumentación, en vez de otras acepciones tales como corrientes o enfoques, es relevante para distinguir ópticas diversas sobre el asunto de la intervención social. Esta opción no es neutra, pues implicará asentar una forma de aproximación epistemológica aplicada en los términos expuestos por Santibáñez (2012). La argumentación, en su sentido más generalizado, designa una actividad discursiva en la cual se busca persuadir o convencer.
Para Vicuña (2004), la argumentación supera la tradicional búsqueda de la verdad en la construcción de la argumentación, para situarse en lo que esta autora denomina como el ideal de razonabilidad propuesto por la dialéctica de Van Eemeren y Grootendorst, según la cual quien busca persuadir evita pronunciarse sobre la cuestión de la verdad.
Más bien, la perspectiva dialéctica de la argumentación busca concebir su sustentabilidad en los razonamientos, lógicas y marcos filosóficos que se esbozan para la resolución de una disputa o debate. Concordando con Warley, tras "toda teoría científica se encuentra una cierta filosofía que la orienta y, en última instancia, la define" (2004:328). Con todo, en la lectura de los autores de la intervención social se evidencia que existe una interesante discusión en este campo, la que desde luego abarca a quienes defienden la centralidad disciplinaria de esta noción versus quienes critican el fundamento teórico y ético de su utilización.
Así, por ejemplo, las opiniones de Olga Vélez y Pablo Suárez son críticas al uso del concepto en el marco del trabajo social. Entonces, reconociendo que el uso del término intervención social está legitimado por un conjunto de disciplinas de las ciencias sociales, es importante aclarar que no existe unanimidad sobre su conceptualización. El concepto de intervención es objeto de una controversia significativa sobre su naturaleza y alcance conceptual, por lo cual el examen de las posiciones argumentales resulta ilustrativo de la forma en que es configurada teórica y metodológicamente en la actualidad.
Volviendo a la posición de Santibáñez, quien recoge postulados de la obra de Toulmin de 1958, los argumentos conjugan una dinámica organicista para sostener que, en campos como las ciencias sociales, las estructuraciones de conocimiento "justifican sus pretensiones y respaldan sus juicios" (Santibáñez 2012:32). En este sentido, lo que está detrás de las posiciones sobre la intervención no sólo es la divergencia epistémica, sino que la posibilidad de influir en los encasillamientos teórico-metodológicos de las comunidades disciplinarias que resignifican la intervención social en sus prácticas y marcos teóricos.
Los estudios sobre la argumentación en el campo de las ciencias han generado creativas soluciones para abordar las nuevas perspectivas sobre un determinado problema o interés disciplinario en las ciencias sociales (como sucede con la intervención). Ciapuscio resalta la capacidad heurística de los usos del lenguaje en la construcción conceptual e interpretativa, lo cual contribuye a la formulación de figuras de encuadre de las diversas perspectivas en grupos de argumentaciones.
Este camino, señalado primariamente desde la epistemología aplicada de Toulmin, recorre el camino de la argumentación como una epistemología que involucra conocimientos, acuerdos y cambios conceptuales. Desde esta perspectiva, las argumentaciones en la intervención social apuntan a sostener ciertas premisas que refuerzan las posiciones en el debate teórico. A nuestro juicio las principales líneas argumentativas localizan a la intervención social en: a) el ámbito de la actuación o acción de ciertas profesiones, b) como una forma de interpretación de la complejidad social, c) la que por extensión también aplica a la distinción funcional de los sistemas sociales y que finalmente se expresa en d) los términos de dispositivos de intervención. A continuación, profundizaremos en cada una de estas argumentaciones.
La Intervención Social como Acción Práctica
Para esta argumentación, la intervención constituye una forma de actuar de una categoría de profesiones del mundo social, orientada a la resolución de problemas sociales. Desde este punto de vista, la intervención es conceptualizada como una forma de actividad que integra aspectos políticos, filosóficos y procedimentales, evocando la idea de kinesis. Este hacer está vinculado con saberes teóricos y técnicos, pero especialmente con actitudes, valores y creencias que anteponen eticidad a la acción.
En este sentido, Ander-Egg señala que la intervención social designa "el conjunto de actividades realizadas de manera más o menos sistemática y organizada, para actuar sobre un aspecto de la realidad social con el propósito de producir un impacto determinado" (1995:161). Desde la óptica de este autor, la intervención social es tributaria de las perspectivas psicosociales que en Europa visibilizan el problema de la acción técnica-profesional en la sociedad, tomándose como ejemplo la definición de la intervención elaborada por el Colegio de Psicólogos Sociales de España de 1984, según la cual corresponde a una actividad profesional que surge como respuesta a la necesidad de analizar y actuar sobre los problemas de las interacciones personales en sus diversos contextos sociales.
En general, la argumentación práctica de la intervención se enfoca en el carácter organizado de la acción y su capacidad para resolver problemas sociales. Tributaria de esta argumentación está la opinión de Fernando Fantova, quien señala que la intervención social es una actividad que intenta responder a necesidades sociales, siendo su propósito la integración, autonomía, bienestar y participación de las personas en relación a su entorno.
En este mismo sentido, Ferrán Casas-Aznar considera que la acción de intervenir tiene su inicio en situaciones consideradas como negativas, riesgosas o que constituyen aspiraciones de mejoramiento de una comunidad determinada. Otro autor que transita por esta línea argumental es Javier Corvalán, quien define la intervención social como:
"la acción organizada de un conjunto de individuos frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la dinámica de base de la misma. Esta dinámica de base […] es por un lado, el funcionamiento capitalista en torno al sistema de mercado que determina cualitativa y cuantitativamente la producción de bienes y servicios, y por otra parte, el derecho público y privado que regula tanto la apropiación legítima de tal producción por parte de los individuos como los conflictos de intereses entre los mismos" (1997:4).
En esta definición se aprecia que el autor comparte con Ander-Egg el carácter organizado de la intervención social, no obstante, vincula el ethos de estas prácticas con el funcionamiento de las economías de mercado y las sociedades que articulan su vida en torno a cierta disposición del consumo de bienes y servicios. En nuestra opinión, el concepto de Corvalán discurre por un camino de mayor reconocimiento de las estructuras socioeconómicas evidentes en las últimas décadas, incorporando una perspectiva de los derechos de los sujetos en marcos de conflictos de interés, en los cuales es necesario actuar desde las instituciones para procurar la resolución de los problemas sociales: este sería el escenario de la práctica en el que se despliega la intervención social.
Es así que desde la visión de Corvalán coexisten dos tipos de intervención social: a) la caritativa o asistencial y b) la socio-política, esta última relacionada con la forma de implantación del modelo de desarrollo de corte capitalista. Esta perspectiva sociopolítica de la intervención está asociada al proceso de modernidad en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, la práctica democrática, las consecuencias de la revolución industrial y la creciente secularización de la cultura occidental.
Desde España, Esperanza Molleda (2007) se pregunta por qué no es factible el hacer intervención, atendiendo a las condiciones de trabajo y la urgencia del actuar, que imposibilitan el seguimiento de los protocolos de actuación pre-establecidos en las instituciones que implementan servicios sociales. Molleda introduce un aspecto relevante en esta línea argumental de la acción, localizando el problema de la intervención en la sujeción a la razón instrumental, que padece de un exceso de formalización.
Parafraseando las posturas teóricas de Horkheimer, Molleda pretende criticar la desustancialización de la práctica, para acotarla a la mera razón funcional de medios. La autora propone redefinir la intervención social con un fuerte anclaje teórico y ético identitario, señalando que este tipo de actuación corresponde a las actividades o acciones que se realizan de manera formal u organizada, respondiendo a las necesidades sociales con el propósito tanto de prevenir, paliar o corregir procesos de exclusión social, como promover procesos de inclusión o participación social.
La Intervención Social como Interpretación de la Complejidad Social
Una segunda línea de argumentación sostiene que la intervención es antes que todo una interpretación de la complejidad de lo social. En otras palabras, hay intervención social desde el momento en que se interpreta la complejidad del entramado que manifiesta un ámbito conflictivo o problemático de lo social. En esta perspectiva, la intervención es concebida desde una relación dialógica, en la cual la aproximación tanto hermenéutica como a la vez compleja a los fenómenos sociales es la adecuada para interpretar los ámbitos de expresión de los problemas sociales, teniendo en cuenta que para ello el "fenómeno social se comprende de entrada como complejo, y por consiguiente, no simple y llanamente como un agregado de partes" (Maldonado 2011:149).
La intervención social emerge como acto de atribución de sentido que supone un proceso de aproximación a los contextos, narraciones y testimonios de la situación. También exige descartar la asepsia valorativa del mundo, más bien, esta argumentación acepta que en la intervención existen preconfiguraciones de sentido desde los operadores de las políticas sociales, los cuales complejizan tanto la explicación de los fenómenos sociales como el modo en que se actúa sobre estos problemas.
En relación a la interpretación, es necesario indicar que sus fuentes más confiables están localizadas en el campo de la hermenéutica, que gracias al llamado giro lingüístico de las ciencias sociales transita efectivamente desde el campo de la filología a sus aplicaciones en el estudio de la sociedad. Habermas indica que la hermenéutica está relacionada a la capacidad interpretativa que se adquiere junto al dominio de la lengua materna, y en este sentido, la idea de la interpretación refiere a despejar aquello que aparece como confuso o poco claro, y es en este aclarar-sentido que se asocia al acto del comprender.
No obstante, las posibilidades de la aclaración interpretativa están paradojalmente relacionada con las implicancias de la complejización de la hermenéutica de lo social, incluyendo en el acto de comprender aquello que está interrelacionado con su contexto, y por consiguiente, excluyendo del campo de comprensión los simples objetos aislados de su entorno. La concepción de un pensamiento complejo, en los términos declarados por Edgar Morin, no puede sustraerse de las implicancias en la interpretación.
Intervención socioeducativa y Trabajo Social
La intervención socioeducativa puede ser definida como un proceso que complementa esfuerzos sociales para que los individuos o grupos sociales alcancen una alta capacidad de convivencia y participación en la vida comunitaria (Muñoz y Esteban, 2011: 19). En Chile, Trabajo Social posee una larga tradición profesional socioeducativa, asociada principalmente a los ámbitos de intervención con grupos y comunidades, desde donde se busca amplificar los esfuerzos realizados desde la política social para mejorar las condiciones de vida de la población, considerando sus propias necesidades, intereses y potencialidades como referentes centrales del trabajo educativo (Figueroa, 1976: 87).
Esta importante tradición profesional se encuentra presente en la totalidad de los planes de estudio universitarios de Trabajo Social en Chile, asegurando su proyección futura como desempeño distintivo de la profesión y como campo de desarrollo especializado en niveles avanzados de postítulo y posgrado.
Los procesos socioeducativos en Trabajo Social que se realizan en el contexto grupal y comunitario representan un ámbito de desempeño distintivo desde los orígenes de la formación profesional. A nivel nacional, sus orígenes se establecen en la Escuela de Servicio Social de la Beneficencia Pública, antecesora de la Escuela Dr. Alejandro del Río, la que en 1940 envía a Estados Unidos a la visitadora social Marta Vergara con el fin de que se preparase en las técnicas de Servicio Social de Grupos.
Los nuevos conocimientos fueron integrados oficialmente en la formación profesional a contar del año 1943, “siendo desarrolladas las primeras experiencias por estudiantes de 2° año, quienes tuvieron a su cargo clubes de niñas en que se educaba el carácter social de cada integrante del grupo” (Figueroa, 1976: 46). Estas formulaciones iniciales concibieron el proceso socioeducativo en el marco de una intervención grupal como “formación y enriquecimiento de la personalidad de los miembros del grupo […] ofreciendo oportunidades para pulir o aumentar la capacidad social o para corregir su particular modo de convivencia social” (Umaña, 1956: 6).
Para Maidagán (1960: 152) el método de grupos constituía “una acción organizada con fines educativos, tendientes a desarrollar la personalidad y a promover en el grupo el espíritu de cooperación y el sentido de responsabilidad”.
A contar del año 1950 se incluye el Método de Organización y Desarrollo de la Comunidad en la formación profesional de la Escuela Dr. Alejandro del Río, sentándose así las bases de un nuevo y promisorio ámbito de desempeño profesional que se incorporará progresivamente, a contar de esa fecha, en la totalidad de los planes de estudio de Trabajo Social a nivel nacional (Figueroa, 1976: 75). En la década de 1960, la formación y el ejercicio profesional tradicionales serán resignificados por los procesos de Reconceptualización del Trabajo Social latinoamericano, impactando en la intervención socioeducativa a través del cuestionamiento de la tradicional dimensión asistencial realizada hasta la fecha para dar paso a la dimensión educativa promocional, la cual complementa las estrategias organizativas que se impulsaban en la época.
Importantes fundamentos representaron en este cambio las propuestas del educador brasileño Paulo Freire, cuyos principales planteamientos pedagógicos validados en experiencias de alfabetización campesina y presentados en sus obras clásicas La Educación como práctica de la libertad (1967) y Pedagogía del Oprimido (1968) son sintetizados en los siguientes axiomas: “Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”.
En el ejercicio profesional se incorporan activamente los nuevos planteamientos, impulsados por un marco de fomento a la participación social en las distintas áreas de desarrollo nacional, que incluían salud, educación, vivienda, cooperativas campesinas, sindicatos rurales e industriales y la formalización legal de las juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos y demás organizaciones vecinales a través de la promulgación de la Ley 16.880 del año 1968.
Sin embargo, este proceso de promoción social expresado en una destacada tarea socioeducativa impulsada desde Trabajo Social fue abruptamente detenido a partir del Golpe de Estado de Septiembre de 1973. La represión y censura aplicada a las organizaciones sociales y a las acciones colectivas se tradujo en un abandono total de la intervención grupal y comunitaria y en el retorno a las acciones individuales con carácter asistencial en los espacios gubernamentales.
El retorno a la democracia significó para el trabajo socioeducativo una nueva y propicia etapa que se extendió entre las décadas de 1990 y 2000. La progresiva normalización del Estado de Derecho y las acciones integradas llevadas a cabo por servicios públicos y organismos colaboradores contemplaron los aprendizajes de las décadas anteriores y cautelaron un trabajo grupal y comunitario apoyado en estrategias educativas participativas e integradoras, desde una variada oferta de programas, servicios y recursos públicos que buscaban responder a las dinámicas demandas de la población.
A contar del año 2006, la expresión de la participación social en Chile rebasa las condiciones formales acotadas a los pequeños grupos o las organizaciones comunitarias. Facilitada por las tecnologías de información y comunicación, se configura una nueva expresión colectiva a través de los denominados movimientos sociales que, frente a necesidades sociales no resueltas por el Estado, principalmente concentradas en las áreas de educación, salud, vivienda o medioambiente, buscan concretizar formas de mayor confrontación y urgencia en la expresión de sus demandas.
Los años 2011 y siguientes han visto importantes manifestaciones ciudadanas de malestar social, en donde la instancia grupal se resitúa en este marco como una pieza operativa que pertenece a un engranaje mayor de movilización social. Las reuniones sostenidas por líderes o dirigentes de dichos movimientos corresponden a la expresión organizada -muchas veces autoconvocada- en la que se analiza la información disponible que permita orientar la toma de decisiones y evaluación de los cursos de acción futuros en torno a la demanda social declarada.
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