El desempleo es un problema social complejo que va más allá de la mera falta de trabajo. Sus efectos se extienden a múltiples áreas de la vida individual y colectiva, generando consecuencias económicas, psicosociales y políticas.
Consecuencias Psicosociales
El efecto que provoca en las personas ser víctimas de violencia presenta implicaciones en los aspectos psicosociales, comunitarios, jurídicos y en lo político. En lo que se conoce de nuestra historia humana, la violencia siempre ha estado presente, de una o de otra manera, con mayor o menor intensidad, amparada y validada por diversas instituciones. Sin embargo, actualmente pareciera ser que la tolerancia a su presencia se ha ido restringiendo.
Consecuencias Económicas
Un alza en la inflación, que comenzó a fines de 2021 y que en 2022 alcanzó niveles que no habíamos visto en los últimos 30 años, ha marcado la economía mundial. A esta situación, compleja, se sumó la guerra en Ucrania -que ya cumplió más de un año desde que se reanudó el conflicto iniciado en 2014-, y que restringió la oferta global de alimentos y energía. Los bancos centrales de América Latina, que comenzaron el ciclo de aumento de tasas y normalización de su política monetaria con anticipación, deben enfrentarse ahora a un desafío adicional: la apreciación del dólar a nivel global. ¿Cómo afecta todo ello a Chile? Nuestro país es una economía pequeña y abierta.
Es decir, gran parte de su actividad económica depende de lo que ocurra en el resto del mundo, a través de los precios internacionales y las tasas de interés. La relación negativa entre la corrupción y el crecimiento económico y desarrollo, ha sido destacada por el G-20 a partir de 2010. Por lo demás, la literatura económica reconoce ampliamente que la violencia obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo [PANIAGUA 2022]; principalmente, a través de dos vías: 1) la violencia afecta a los activos de las personas y conlleva una depreciación adicional del capital físico, humano y social, y, 2) implica costos directos e indirectos que potencialmente podrían haber sido destinados a otros usos productivos [BUONOMO y YANES 2013; HOFSTETTER 1998].
Al atacar sobre todo la propiedad privada, los negocios y el capital de las personas, el terrorismo y la violencia hacen que los derechos de propiedad respecto a las actividades económicas y los ingresos futuros de estas sean altamente impredecibles y mucho más volátiles. Esta volatilidad e impredecibilidad hace que las personas decidan finalmente dejar de emprender y no hacer nuevos negocios que requieran grandes inversiones de capital.
Por otro lado, el terrorismo hace que haya una reorientación ineficiente de la inversión y de los recursos escasos, para dirigirlos hacia actividades de seguridad que nos protejan de la violencia, en vez de usar dichos recursos escasos en actividades productivas que generen mayor valor para la sociedad. A nivel empírico, existen además estudios cuantitativos que señalan cómo las economías pueden ser profundamente afectadas por el terrorismo. Cuatro estudios [ECKSTEIN y TSIDDON 2004; ABADIE y GARDEAZABAL 2008; SANDLER y ENDERS 2010; RUIZ, PARK y KHAN 2018] han cuantificado el impacto negativo del terrorismo en el crecimiento económico, evidenciando una causalidad entre terrorismo y menores tasas de crecimiento.
La criminalidad y la violencia actúan como un freno a la acumulación de capital, mermando el potencial productivo de los países. Chile ya venía arrastrando serios problemas de productividad y de acumulación de capital, ampliamente documentados. El alza del terrorismo y la violencia que el citado estudio certifica, sumado a lo que, a nuestro juicio, es su normalización en el debate político y la dinámica social, agrava aún más esos problemas. Con todo, un elemento clave que debieran tener en cuenta quienes buscan impulsar el crecimiento económico es justamente combatir los niveles de violencia, terrorismo y criminalidad que han aumentado durante los últimos años, así como su normalización cultural y política.
No es trivial que la Araucanía, una de las zonas más azotadas por violencia, sea también la región con el menor PIB per cápita de Chile (US$11.933 vs. US$3.752 nacional, calculado en base a estadísticas 2017 y PPP) y aquella con mayor incidencia de pobreza (17,4% vs. 10,8% nacional). Para el caso de Chile, un estudio del Banco Interamericano del Desarrollo de 2014 estimó que ya para aquel año los costos del crimen en nuestro país ascendían a 2,77% del PIB, considerando tanto los costos sociales como aquellos incurridos por el sector privado y el gobierno (aunque dejando fuera los costos asociados al valor de los bienes robados y, por tanto, realizando un estimación conservadora).
Un estudio más reciente de Horizontal estimó que el país podría ahorrar anualmente unos US$2.065 millones (o 0,9% del PIB) si lograra estabilizar los casos policiales por robos con violencia e intimidación en el valor registrado durante el primer trimestre de 2022.
Consecuencias Políticas
El terrorismo y la violencia también tienen una relación importante con la política y los discursos públicos que la avalan y la incitan, así como también con los procesos judiciales relacionados. Siguiendo la teoría económica del crimen [BECKER 1974], hay al menos dos elementos que merecen particular atención en determinar los niveles de violencia y crimen en un país: la severidad y la certeza de la pena que enfrenta la actividad delictiva.
Como ya lo advertía el filósofo inglés, Jeremy Bentham: «El beneficio del crimen es la fuerza que empuja al hombre a la delincuencia: el dolor del castigo es la fuerza empleada para refrenarlo de ella. Si la primera de estas fuerzas [el beneficio] fuere mayor, se cometerá el delito; si es la segunda [el dolor del castigo], no se cometerá el delito». De esta manera, si los procesos judiciales y policiales son incapaces de generar certeza jurídica en la persecución de delitos, en el enjuiciamiento efectivo de criminales y en la aplicación efectiva y severa de penas frente a las actividades delictuales, lo que está ocurriendo es que estamos bajando drásticamente los costos esperados de la violencia y el crimen, incluyendo además la baja en la probabilidad de que quienes los cometen sean atrapados y sancionados.
Por consecuencia, ante un aumento de los beneficios esperados y una gran disminución en los costos esperados, no es de sorprenderse que la violencia, el terrorismo y la delincuencia aumenten. Pues bien, esto es exactamente lo que está ocurriendo con el sistema Judicial y Penal en Chile, que ha demostrado serias falencias en la persecución y sanción efectiva de la violencia y el crimen [UGARTE 2015; SOTO 2018]; sumado a las señales dadas por el Ejecutivo al indultar a criminales por fines de «paz social».
