En los últimos años, el presupuesto destinado a la contratación de “asesorías legislativas externas” ha experimentado un incremento significativo. Fue así que ante el escándalo por la falta total de control sobre los recursos que se entregaban a los parlamentarios, el Senado y la Cámara anunciaron que endurecerían los controles.
Para que la Cámara apruebe el pago a un asesor, el diputado que lo contrató debe entregar el informe del trabajo realizado. CIPER revisó en detalle los archivos de la Cámara que registraron el pago de 1.613 contratos de asesorías externas solicitadas por los diputados entre 2012 y 2013.
En 2012 los diputados gastaron un total de $2.914.119.591. En 2013, la cifra se estiró a $3.112.105.794. Además de los $25 millones anuales dispuestos para cada uno de los 120 diputados, también se entrega a cada bancada un monto de $257 mil mensuales por parlamentario.
Le siguen la DC, con más de $1.046 millones (17,4% del gasto total y 19 diputados); el PPD, con $927 millones (15,4% y 18 diputados); RN, con $766 millones (12,7% y 17 diputados); el PS con $605 millones (10% y 11 diputados); el PRSD, con $276 millones (4,6% y 5 diputados); el PC, con $146 millones (2,4% y 3 diputados), y el PRI, con $104 millones (1,7% y 2 diputados). A ellos se suman los diputados independientes (Sergio Aguiló, Roberto Delmastro, Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Osvaldo Vargas y Pedro Velásquez), que en conjunto gastaron $ 241 millones (4% del total).
Principales Entidades Receptoras de Fondos
La entidad que cobró más dinero por asesorías externas en 2012 y 2013 fue la Fundación Jaime Guzmán, con un total que superó los $451 millones. Esa suma se debe al mayor número de los diputados de la UDI y a la férrea disciplina gremialista, lo que permite concentrar las asesorías en la fundación y no en distintas entidades, como ocurre con otros partidos (ver ficha). De los 39 diputados UDI, 36 contrataron a la Fundación Jaime Guzmán por montos variables que van desde los $600.000 a los $25,3 millones anuales.
La única diputada UDI que le entregó todo su monto correspondiente a asesorías externas a la Fundación Jaime Guzmán, fue María José Hoffmann, quien en 2013 recibió de esa entidad los informes “Resumen a la sala”, un estudio mensual de políticas públicas y un reporte de actividad legislativa en materia de educación. En 2013, además, la bancada UDI también contrató a la Fundación Jaime Guzmán por $123.762.600 para que uno de sus profesionales asistiera como asesor a las sesiones de cada una de las comisiones.
Visión Legislativa y Parlamentaria y Compañía Limitada ocupa el segundo lugar en el ranking total de las asesorías externas de la Cámara en 2012-2013. Figura con $275,8 millones y también asesora a parlamentarios UDI. La sociedad está formada por Carlos Felipe Fairlie Oria y su esposa Claudia Fernanda Toro Jiménez (ver ficha). Él es abogado querellante en el caso Tsunami y fue jefe de gabinete del diputado Pedro Pablo Alvarez-Salamanca (UDI). Claudia Toro también tiene una sociedad individual de asesorías, por la que recibió otros $81,7 millones por servicios a diputados UDI.
En el tercer lugar se ubica la sociedad comercial Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap), con $215 millones (ver ficha). Celap fue constituida por los socios Andrés Silva Gálvez, ex director del Serviu en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y Marko Tapia, ex abogado del Ministerio del Trabajo. La sociedad fue contratada por diputados PS (aunque también por la diputada PPD Adriana Muñoz) y recibió mucho más dinero que el Instituto Igualdad, la entidad académica sin fines de lucro vinculada al socialismo.
Juan Diego Santa Cruz, de Tinto producciones, asesoró al diputado Pedro Brown. Tinto Producciones, alcanza la suma de $191,19 millones, pagados por parlamentarios de RN, y ocupa el cuarto lugar (ver ficha). La cifra es superior a lo que percibió el Instituto Libertad, el think tank de RN, que obtuvo $117,4 millones. La sociedad fue constituida por el fotógrafo Juan Diego Santa Cruz Eyzaguirre y su esposa Verónica García Huidobro Herman. Santa Cruz se fue incorporando a la política tras colaborar con el diputado Pedro Browne -de quien es amigo desde la infancia- en la campaña electoral 2009. Finalmente se convirtió en secretario ejecutivo de Amplitud, el movimiento que los parlamentarios Browne, Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Lily Pérez fundaron luego de abandonar RN.
El quinto escalón del ranking lo ocupa la Sociedad Legal Limitada, que facturó $191,11 millones. Esta sociedad asesora a diputados UDI y pertenece al abogado Luis Eduardo Cantellano Ampuero y María Alejandra Rivera Román. Cantellano fue seremi de Energía de la macrozona de Atacama y Coquimbo entre julio de 2010 y agosto de 2013, labor por la que cobraba $3 millones.
Evolución de las Asesorías: Entidades sin Fines de Lucro vs. Sociedades Comerciales
Hasta 2011, antes de que el monto de la asignación se disparara, la mayoría de las asesorías eran encargadas a entidades sin fines de lucro asociadas a los distintos sectores políticos, como la Fundación Jaime Guzmán (UDI) o el Centro de Estudios del Desarrollo (CED, ligada a la DC). Pero la investigación de CIPER constató que a contar de 2012 aumentó la participación de las sociedades comerciales y surgió un nuevo actor en el sistema de asesorías: las personas naturales.
Asesores Individuales: Ranking y Funciones
En la cúspide del ranking de las personas naturales que han recibido más dinero por asesorías externas, se ubica el abogado Marco Zepeda Risso, quien ha cobrado un total de $62,3 millones en los últimos dos años. -Él es mi socio intelectual y laboral, tanto así que en el seguimiento de los proyectos a veces lo mando a comisiones a las que yo no puedo asistir, porque me interesa saber lo que allí dicen. También redacta indicaciones.
En el segundo lugar se encuentra Carlos Rubio Estay, quien asesoró a los diputados Enrique Jaramillo (PPD) y Denise Pascal (PS), con un monto superior a $58 millones. Rubio figura en la web de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano como parte del equipo docente de su Escuela de Derecho. También aparece en los registros del Diario Oficial firmando resoluciones en calidad de Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía entre 1999 y 2002.
En el tercer escalón está Antonio Veas Saavedra, abogado contratado por la bancada DC y por los diputados del mismo partido Gabriel Silber y Gabriel Ascencio, quien ha cobrado una suma global de $53,2 millones. En la web oficial de la DC destaca como miembro de su Tribunal Supremo. En las actas del Concejo Municipal de Lo Espejo figuró como secretario municipal al menos hasta mediados de 2013.
La cuarta ubicación es para Roberto Aguin Arriagada, asesor del diputado Manuel Monsalve (PS), con una suma de $49,9 millones. En el Diario Oficial figura en 1995 constituyendo la sociedad comercial Ballcom S.A., en cuya escritura quedó registrado como “técnico en computación e informática”. El diputado Monsalve le ha encargado asesorías que abarcan amplias actividades: “Recolección y sistematización de información de apoyo a las tareas legislativas; recabar, construir, generar y sistematizar estudios, investigaciones, informes y asesorías en diversas materias y en todos los ámbitos necesarios para asistir a la labor parlamentaria; preparación de minutas de comisión; construcción de bases para proyectos de acuerdo”.
Cerrando el “top 5” de las asesorías prestadas por personas naturales, se ubica José Barría Bustamante, contratado por el diputado Miodrag Marinovic (Independiente), quien ha cobrado $49,9 millones. Barría fue miembro del Consejo Regional de Magallanes en representación de la UDI, partido al que renunció en 2008. La web de la Empresa Portuaria Austral indica que es miembro de su directorio. La misma página lo identifica como ingeniero comercial de la Universidad de Magallanes y MBA de la Universidad del Desarrollo.
Conflictos de Interés y Falta de Control
Entre los asesores contratados como personas naturales por los diputados, CIPER detectó casos que al mismo tiempo desempeñaron otras funciones pagadas por la Cámara, lo que está prohibido. No obstante esa limitación, el miembro del Tribunal Supremo de la DC, Antonio Saavedra Veas, contratado como asesor por los diputados Silber y Ascencio, también está registrado en la nómina del “personal de apoyo” pagado por la Cámara para prestar servicios al diputado Ascencio.
En una condición similar está Esteban Zavala González, quien cobró $4 millones entre junio y julio de 2012 como asesor externo de la diputada Marta Isasi. Ese año también figuró como “personal de apoyo” pagado por la Cámara en el puesto de jefe de gabinete de la misma parlamentaria, salvo en esos dos meses en que se le pagó como asesor externo. Marta Isasi (independiente y ex UDI) protagonizó el último escándalo por irregularidades en las asignaciones. En mayo de 2013 fue denunciada por su ex colaborador Georgio Carrillo, quien afirmó que la diputada pagaba asesorías a personas de confianza -entre ellos, la esposa de Carrillo- que después le entregaban el dinero a Isasi. En diciembre pasado Isasi fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara por el manejo irregular de sus asignaciones, por lo que debió devolver $3,5 millones de su dieta.
La investigación de CIPER reveló que los controles de la Cámara no sólo son débiles para detectar inconsistencias en las declaraciones juradas de los asesores. Más grave aún es que el sistema de fiscalización no acredita que las asesorías efectivamente se realizaron. Y esto porque muchos de los informes de asesoría que reciben los funcionarios de la Cámara que autorizan los pagos, son sólo reportes genéricos de actividades. La veracidad de estos documentos tiene como único sustento la palabra del asesor y del diputado que lo contrató. De hecho, se han acreditado asesorías sin más documentación que un simple correo electrónico de un par de líneas, firmado por otro asesor del parlamentario.
De acuerdo con los registros oficiales de la Cámara, el 25 septiembre de 2012, por encargo del diputado Espinoza se cursó el pago de $ 6.168.000 a Consuelo Ramírez Acuña Asesorías Jurídicas EIRL, por trabajos consistentes en: “Estudio y redacción de proyectos de ley; estudio y redacción de proyectos de acuerdo; estudio y redacción de indicaciones a proyectos de ley en tramitación; redacción de intervenciones en sala o comisión; redacción de oficios de fiscalización; atención de casos de distrito; redacción de escritos pertinentes; redacción de columnas de opinión”. Consuelo Ramírez sumó un total de $145,9 millones, asesorando a la bancada del PRSD y al diputado Pedro Velásquez (independiente y ex DC).
Un caso similar es el de la asesoría prestada al diputado Sergio Aguiló (independiente y ex PS) por el actual ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio Reyes. El reporte de todas estas actividades entregado por Osorio cada mes fue consignado sólo en una página. El actual ministro Víctor Osorio firmó este escueto reporte en su calidad de periodista. Del mismo tono y extensión son los otros reportes mensuales que entregó a la largo de toda su asesoría, la que terminó en febrero de 2014.
Mecanismos de Control y Auditoría
El Comité de Auditoría Parlamentaria es la instancia del Parlamento que debe controlar los gastos en asesorías. En la práctica, es un buzón que recibe documentos. Allí nadie analiza de manera crítica los informes. La entidad que recibe los «informes» y «reportes» de las asesorías, y que autoriza los pagos, es la Oficina de Asesorías Externas de la Cámara.
-No, ellos no revisan aspectos de fondo, se basan en un sistema de tutorías: piden documentos a una institución o persona natural (la que realizó la asesoría), verifican si se cumplió el plazo del “entregable” (informe o reporte del trabajo) y si ese documento llegó. -La gran ventaja es que ya no hay ninguna interacción directa del parlamentario en el manejo de los recursos. Esto lo hace la corporación en forma institucional.
Asesorías de Calidad y Entidades sin Fines de Lucro
Respecto del sustantivo aumento de las asesorías entregadas a sociedades comerciales y personales naturales, en desmedro de entidades académicas sin fines de lucro, Vallespín considera que éstas últimas garantizan un trabajo de calidad. -Si queremos garantizar una asesoría de calidad, lo óptimo es que la hagan instituciones que tienen mayor diversidad de profesionales.
El CED es la entidad sin fines de lucro que más dinero recibió de la bancada DC por pago de asesorías en 2012 y 2013: $119 millones en total. Su directorio es presidido por el ex diputado Eduardo Saffirio (DC) y lo integran reconocidos militantes de ese partido, como Sergio Micco y Juan Villarzú. El Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), con $85 millones, es la segunda entidad más beneficiada por los parlamentarios DC y es una corporación vinculada al sector del partido que lidera el ex diputado Gutenberg Martínez. En todo caso, la entidad que recibió más dinero de los diputados DC no fue una institución sin fines de lucro, sino una sociedad comercial: Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A., que obtuvo $130,7 millones.
Esta empresa fue constituida por María Oriana Yalena Chávez Escobar, constructora civil y funcionaria del Servicio Nacional de Menores (Sename), y Magdalena Sofía Salazar Sánchez, relacionadora pública. Esta última es hija de Miguel Salazar, dirigente DC, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en los últimos años ha trabajado como “personal de apoyo” del diputado Roberto León.
Transparencia y Fiscalización Reforzada
Las recientes denuncias periodísticas sobre irregularidades cometidas por los parlamentarios forzaron la adopción de medidas para reforzar la fiscalización. Con la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, los congresistas ya no podrán participar en el proceso de asignación de los recursos. Será este consejo el que determinará el monto de las asignaciones, así como los criterios de utilización y las fórmulas para su rendición.
Sus integrantes serán propuestos por las comisiones de Régimen Interno y elegidos por 3/5 de los parlamentarios de ambas cámaras. Lo integrarán un ex senador y un ex diputado que haya ejercido al menos dos períodos y dos ex decanos de facultades de economía y administración de universidades del Consejo de Rectores. Será presidido por un ex miembro del Tribunal Constitucional. El Congreso tendrá también un Comité de Auditoría Parlamentaria, el que vigilará los gastos de los parlamentarios y los comités. Se obligará por ley a la existencia de una Comisión de Ética o Conductas Parlamentarias y Transparencia. También se dotará de personalidad jurídica a los comités parlamentarios, que podrán contratar personal, bienes y servicios.
Diversidad de Opiniones sobre el Aumento de Asignaciones
“Estoy feliz con el aumento porque era poca plata para asignaciones”; “hay convencionales que buscan asimilarse al Congreso”; “el monto de asignaciones estaban claro desde que nos presentamos como candidatos. Yo no me salgo de ese presupuesto, el resto no lo ocuparé”. Estas son algunas de las frases que más se repiten por convencionales al consultarles qué les parece que se haya aumentado el monto para la contratación de asesores. Convencionales como Rocío Cantuarias y Martín Arrau (Chile Vamos) son taxativos y dicen que no se saldrán de las 30 UTM que estaban establecidas desde que se presentaron como candidatos, pese a que ahora existe un presupuesto mayor para destinarlo en contrataciones.
En tanto, hay otros convencionales (y que prefieren mantener sus nombres en reserva) admiten que están contentos que se hayan aumentado los recursos, pues recalcan que “hay muchos que no contamos con los mismos recursos de otros convencionales”. Agregan: “no solo necesitamos personas con un perfil legislativo o comunicacional, sino que también que puedan apoyar en los territorios con las comunidades”.
Casos Específicos de Asesores y sus Contratos
En su mayoría, los contratos comienzan en septiembre de 2021 y expiran el 31 de diciembre del presente. Éste último es el caso de los asesores Leonardo Escárate (abogado) y Rogelio Urbina (administrador de empresas), ambos candidatos a constituyentes que no resultaron electos. El primero fue por el Distrito 2 y hoy asesora a la convencional independiente Alejandra Flores por $564.972; y el segundo por el distrito 14, junto a la convencional Paulina Valenzuela (Independiente No Neutrales) por $1.180.000.
La convencional Giovanna Roa (Frente Amplio) y su asesora Antonia Atria (estudiante de Sociología) han estado en la palestra debido a que Antonia es hija del convencional Fernando Atria. Con un sueldo de $1.000.000, ambos convencionales recibieron críticas. No cuatro, pero tres asesores es el caso del convencional del PC Hugo Gutiérrez. Un abogado, un periodista y un profesor de Educación Física conforman su equipo, obteniendo más de $1.5 en total.
La presidenta Elisa Loncón, en su nómina registra tres asesores por más de 2 millones de pesos en total. Entre ellos, Felipe Ñanco Melillán, de Derecho de la UC de Temuco y Byron Rojas Marihuan, estudiante de Administración Pública y vocero de la coordinadora de organizaciones mapuche de estudiantes de Santiago. No aparece César Calquín en la lista, periodista encargado de su prensa.
Por su parte, el vicepresidente, Jaime Bassa, en total tiene tres asesores, los cuales bordean $2.000.000. Entre ellos destaca Isaac Fuentealba Egnem. Presidente de ONG Conciencia Social. Profesor de educación diferencial. Activista». En tanto, en Chile Vamos hay convencionales que han preferido optimizar el uso de recursos y asesorarse por la misma persona.
Tales son los casos de los UDI, Constanza Hube y Ricardo Neumann, que cuentan con la asesoría en prensa de Clara Bengolea por honorarios de $1.500.000. Asimismo, el abogado Diego Sepúlveda colabora en temas legislativos junto a los convencionales Martín Arrau y Margarita Letelier, por un monto que asciende a los $2.296.800. El profesional confiesa “estoy 100% abocado a mi trabajo en la Convención”.
Otro caso es el de David Aguilar Reyes, el abogado trabaja junto a las convencionales de Evópoli, Geoconda Navarrete y Bárbara Rebolledo por $1.129.944. Por el lado de RN, el convencional Ruggero Cozzi declara en su equipo a dos concejales de las comunas del distrito que él representa: Mario Villanueva (San Felipe) y Mónica Neira (Quilpué). Él recibe un sueldo de $452.000, ella $339.000.
Hay un común denominador que se repite: la juventud. Según información recopilada por El Líbero la mayoría están dando sus primeros pasos profesionales. Así lo dice en tono jocoso un asesor legislativo de Chile Vamos.
Gastos de los Diputados y Asignaciones
Los diputados reciben una cifra global de $ 13.049.597 y de ese monto administran sin control la suma de $ 8.482.075. Es lo que constató CIPER tras una exhaustiva revisión de la información que publica la propia Cámara y de entrevistas con diputados, funcionarios y asesores legislativos. Los diputados sólo deben rendir cuentas por un monto de $ 4.567.522, desglosados en la asignación destinada a remunerar a sus secretarios y asesores ($ 3.181.756); la asignación para arriendos de sedes y telefonía ($ 690.327); y el monto mensual para pagar un bono en compensación por la extensión de jornada a su personal contratado ($ 695.439).
Es un hecho que la Cámara no fiscaliza si las asesorías se hacen realmente o si su calidad corresponde a lo que se paga por ellas. Tampoco si los inmuebles arrendados como sedes cumplen con ese rol y si su propiedad está relacionada con el parlamentario. La misma carencia se constata en el pago de los planes telefónicos, ya que no se verifica si tienen como usuarios al diputado y sus asistentes y no a su familia, por ejemplo. El sistema de fiscalización que se aplica se basa en que ese dinero debe ser administrado por el diputado y que es responsabilidad suya que se gaste de manera correcta. La Cámara, en este contexto, es sólo una caja pagadora que no hace preguntas ni asume responsabilidades. El buen uso del dinero público queda, de esta forma, sujeto a un acto de fe.
¿Cuánto gasta en total la Cámara en servicios para apoyar la labor de los parlamentarios? Las asignaciones mensuales por cada diputado suman $ 8.503.596. Si se multiplica esa cifra por los 120 escaños y los 12 meses del año, la suma anual del gasto en asignaciones se eleva a $ 12.245.178.240. Pero no es esa la cifra final. Falta lo que la Cámara gasta en secretarios y asistentes de los siete comités parlamentarios (UDI, RN, PDC, PS, PPD, PRSD e Independientes). Al año, el gasto global en comités es de $ 184.241.904. De esta forma, la cifra del gasto público para mejorar la calidad de la labor parlamentaria asciende anualmente a $ 12.429.420.144.
Al finalizar el año, habrá que sumar también lo que gasta la Cámara en asesorías legislativas externas, que son pagadas directamente por la corporación pero encargadas por los diputados. Un dato curioso es que uno de los socios de Agora Limitada, René Canales, es al mismo tiempo jefe de gabinete con contrato indefinido del Comité PPD. Algo similar ocurre con el socio de Celap Limitada, Enrique Aldunate, que en paralelo es asesor del Comité PS. Ambos explican que no hay normas que hagan incompatible trabajar para los comités en materias relacionadas con asesoría legislativa y al mismo tiempo vender asesorías - a través de sus empresas- a los miembros de esos comités.
Tabla Resumen de Gastos y Asignaciones
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Gasto total en asesorías en 2012 | $2.914.119.591 |
| Gasto total en asesorías en 2013 | $3.112.105.794 |
| Asignación anual por diputado | $25.000.000 |
| Asignación mensual por parlamentario a cada bancada | $257.000 |
| Gasto anual en asignaciones por diputado | $ 8.503.596 |
| Gasto anual total en asignaciones | $ 12.245.178.240 |
| Gasto anual total en comités parlamentarios | $ 184.241.904 |
| Cifra total del gasto público anual | $ 12.429.420.144 |
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