En Chile, la instauración del Salario Mínimo Obrero en 1931 y la promulgación de la Ley 6.020 en 1937, que establecía el Sueldo Vital y Comisiones Mixtas de Sueldos, marcaron un compromiso con los derechos laborales y la promoción de la equidad económica.
El ‘Salario Vital’ se refiere al ingreso básico indispensable para satisfacer los gastos fundamentales como alimentación, vivienda, salud, educación y otros elementos esenciales para llevar una vida digna.
El mercado del trabajo en Chile posee un ingreso mediano mensual de las personas ocupadas en 2022 que se estimó en $502.604. El 50% de las mujeres ocupadas percibieron un ingreso mensual menor o igual a $454.723, mientras que en el caso de los hombres este fue de $572.968, de acuerdo a los datos publicados por la ESI del año 2022. Es posible proyectar que, gracias al aumento del sueldo mínimo, este escenario mejoró.
Aun así, el sueldo mínimo actual cubre solo el 62% de los gastos básicos que se requieren para alcanzar la línea de la pobreza y cuando el salario mínimo sea de $500.000, solo cubrirá el 67% del monto definido para financiar el consumo básico de una familia de cuatro personas.
Asimismo, hay casi un millón de personas que ganan el sueldo mínimo, y la mayoría tienen una edad entre 30 y 65 años, y al menos el 40% son jefes o jefas de hogar. Por tanto, el aumento del salario mínimo es una medida redistributiva que incentiva la participación en el mercado laboral.
Es en este marco, que la discusión a nivel empresarial es importante diferenciarla. Por ello, es necesario saber que las microempresas otorgan el 6% del empleo, las pequeñas empresas el 20%, las medianas empresas el 16% y las grandes empresas generan el 50% del empleo.
En este contexto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso subir el salario mínimo a $630 mil hacia fines del período del gobierno de Gabriel Boric, es decir, marzo de 2026. Este monto implica un alza de 26% en relación a los $500 mil a los que llegará a mediados del presente ejercicio.
Si bien para esta negociación no se hablará propiamente tal del monto, ya que la vigencia de los $500 mil desde julio se extiende hasta abril de 2025, cuando el gobierno deba volver a ingresar un proyecto de ley con montos fijos de alzas, la intención de la multisindical es sembrar ya ese monto en la discusión para poder así lograrlo en la próxima negociación.
Críticas Empresariales y Económicas a la Propuesta de la CUT
Este planteamiento tuvo diversas reacciones en el sector empresarial y entre los economistas que siguen el mercado laboral, quienes en su mayoría rechazan que se eleve en esa magnitud el salario mínimo.
Uno que alzó la voz fue el presidente de Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien criticó la ausencia de parámetros técnicos para hacer esta propuesta. El mejor mecanismo para aumentar los salarios es el crecimiento económico y el aumento de la productividad. Hablar de $630 mil sin tener elementos que apunten a mejorar la productividad de los trabajadores pasa a ser una medida que no tiene sustento técnico. Tendría un impacto muy importante en la micro, pequeña y mediana empresa”.
José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sumó argumentos en contra de esta idea: “Sorprende que se esté tratando de instaurar tan anticipadamente una propuesta como si fuese la única alternativa. Atravesamos un período en que las empresas están enfrentando cambios importantes y no sólo en materia económica, sino también organizacional, con mayores costos y desarrollo de procesos y en que la incertidumbre es la peor enemiga”. El dirigente empresarial, añadió que “creemos que intentar adelantar una discusión de esta forma es irresponsable y sólo genera la sensación de que es cada vez más difícil la tarea de emprender en Chile”. Por ello resalta que “el camino para lograr mejores sueldos debe ir por la reactivación de la economía y el crecimiento económico, junto con el incentivo al emprendimiento formal”.
Rodrigo Mujica, director de Políticas Públicas de Sofofa, también lo ve como algo negativo dado el contexto económico actual: “El gran problema que tenemos es el de una economía estancada en materia de inversión y de empleo. El Banco Central en su último Ipom estima que el crecimiento del PIB tendencial no minero se irá reduciendo a lo largo de los próximos años, para promediar 1,9% en el período 2024-2033. En este escenario, ¿es sostenible pensar en un crecimiento del salario mínimo de 26% nominal en los próximos dos años? Esto en un contexto en que la productividad sigue mostrándose estancada y el reciente incremento de los salarios reales se debe principalmente a la convergencia de la inflación”.
La Mirada de las Pymes
Los reparos también llegaron de parte de los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los emprendedores. Coinciden en que la situación económica no se condice que un aumento de esa magnitud.
Verónica Contreras, vicepresidenta de Conapyme aseveró que “Demuestra un total desconocimiento por parte del presidente de la CUT de la realidad de las mipymes, al parecer desconoce que no logramos levantar cabeza aun y eso que todavía no llegamos a la implementación de los $500.000. Parece que este señor (Acuña) no sabe de otros problemas que enfrentan los trabajadores, su caballito de batalla es el salario mínimo”.
Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, apuntó que es “inexplicable plantear una propuesta tan populitsta con niveles actuales de endeudamiento que tienen las mipymes considerando que los subsidios al salario mínimo son absolutamente insuficientes”.
Otro al que no le pareció bien la propuesta fue Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, quien agregó que “seguir pensando que el progreso viene por decreto, es lisa y llanamente una irresponsabilidad. Pretender seguir cargándole la mano a miles de pymes no solo no es justo, sino que es una pésima señal de desconexión brutal con la realidad. Es de esperar que esta demanda solo quede ahí. De lo contrario sería la lápida para miles de emprendimientos y pymes”.
Desde Unapyme, su presidenta, Gianina Figueroa, mencionó que “el anhelo de una mejor prosperidad es compartida por las pymes. Si bien no tenemos detalles de esa propuesta se debe entender nuestra economía, el rol que juegan las pymes en la redistribución del ingreso y las fallas estructurales que tiene”. Por ello, el terminar “el gobierno con un salario mínimo de $630 mil requiere un debate más profundo donde no se debe eludir la concentración, la distribución de la riqueza, y la participación en los mercados”.
Opiniones de Expertos Económicos
A nivel de economistas, la propuesta tampoco es bien mirada, puesto que consideran que “es un salario desalineado con la productividad laboral”, generando impactos negativos a la economía.
El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Bravo, entrega datos para el análisis: “Un reajuste del salario mínimo a $630 mil de aquí a 2 años más implica un incremento real, es decir, descontada la inflación, en torno al 19%. Dado que la productividad laboral no crecerá 19% en ese período, ello implicaría un reajuste del salario mínimo desalineado con el crecimiento de la productividad laboral”.
En ese sentido, puntualiza que “de no implementar ninguna medida esto se traduciría en impactos negativos sobre la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, particularmente en aquellos segmentos de menor experiencia y menor nivel educativo.
Bravo acota que “si no se implementan medidas paliativas habría un efecto negativo sobre la empleabilidad de aquellos segmentos con menor experiencia y menores niveles educativos”. Ahora bien, añade que “de concretarse dicho monto el aumento del salario mínimo (durante el actual gobierno) estaría en torno al 44% en términos reales, es decir, ya descontada la inflación”.
Por su parte, el director del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, David Bravo, dijo que “la propuesta denota falta de comprensión de cómo funciona la economía. Parece ser una segunda temporada del capítulo del paguen más o del voluntarismo ingenuo que se traduce en políticas erradas”.
David Bravo acotó que esta propuesta está “profundamente equivocada, es imprudente y técnicamente irresponsable cuando quienes ganan el salario mínimo concentran los grupos que aún no recuperan el empleo prepandemia.
El primero es que nos encontramos en franca desaceleración. Sabemos que alzas en el salario mínimo afectan el empleo, particularmente juvenil. Pero, ¿el impacto estimado es o no de la misma magnitud, si nos encontramos en la parte baja del ciclo? Aunque no es mucha la literatura al respecto, tras la crisis de 2008 un análisis para EEUU encontró que alzas en el salario mínimo podrían tener una elasticidad contra empleo juvenil que incluso duplique la de una época normal (Sabia, 2014). Mirando la coyuntura, aunque esta desaceleración no se compara con la norteamericana, pareciera que hay razones para preocuparse: el crecimiento de la actividad se “enfrió” desde el 5% a bajo el 3% en las últimas lecturas; la mayor parte de la creación de empleo en los últimos doce meses ha sido de empleos por cuenta propia para mujeres, de salarios bajos versus un empleo promedio, y el empleo asalariado masculino (que sí tiene remuneraciones sobre la media) está estancado desde mediados de 2013.
Segundo, la desaceleración reciente ha venido acompañada de alta inflación, lo que realza el dilema normativo de cuánto “debiera” ser el ajuste. La inflación ha sido de 4,7% (en 12m), sobre el rango meta del BCCh. En los sectores con reajustes automáticos, este mayor IPC está empujando al alza los salarios, llevando al índice de remuneraciones a acelerarse en lo último.
Tercero, difícilmente el aumento en el IPC apoya la visión de que las empresas estén gozando de mayores márgenes. En un entorno de alta competencia, las alzas en precios a consumidores se dieron como protección frente al mayor costo de bienes importados, consecuencia de una depreciación cercana al 20%.
Todo esto para decir que la decisión es particularmente compleja en esta coyuntura. No me corresponde sugerir una cifra para esta discusión, pero pareciera ser que los costos en empleo serán inevitables en esta coyuntura. Optar por un reajuste alto sobre la inflación probablemente ayudará a que la cifra de desempleo se empine con más rapidez. Optar por un reajuste menor tiene efectos en la distribución del ingreso, y pondrá cuesta arriba llegar a la “meta” de salario mínimo indicada en el programa, de $ 250.000 hacia mediados del mandato.
El Debate sobre la Productividad y el Crecimiento Económico
Sin intentar en esta nota predecir el efecto que tendrá la profundización de la política de SM en los próximos años, se enfatiza la importancia de sostener el crecimiento económico y de potenciar las políticas de innovación, productividad y competencia. De esa forma será más probable que los ajustes al SM se traduzcan en beneficios para los trabajadores.
Existe evidencia que muestra que el sector de servicios, donde trabajan muchas personas que reciben salarios bajos, es el de mayor rentabilidad y menor productividad de la economía chilena.
En ese contexto, la conceptualización del presidente de la CUT es interesante. Hace un par de décadas, organismos no gubernamentales como la Fundación Terram, en primer lugar, y la Fundación Sol con posterioridad, desarrollaron el concepto de “umbral de satisfacción mínimo”, metodología que recogiendo las definiciones internacionales de pobreza y basándose en la canasta básica chilena definía un monto que permitiera cumplir con las necesidades básicas de una persona y su familia mensualmente.
La Capacidad de Definir la Realidad Económica
Debido a que el gran empresariado ha desarrollado una importante acumulación de poder en Chile, lo cual no solo incluye la economía sino también la política y la propiedad directa de medios de comunicación, puede desplegar con relativa facilidad argumentos en contra del aumento salarial. No es que estos argumentos sean desdeñables, sino que se expanden sin mayor resistencia.
Así planteada la discusión sobre el salario mínimo se niega que ésta tenga algo que ver con el clásico conflicto de intereses entre capital y trabajo: no es que unos pretendan mantener un sueldo mínimo bajo, porque defienden intereses egoístas -asociados a la acumulación mezquina del capital-, mientras que los otros, opuestos a aquéllos, pretendan elevar el sueldo mínimo intentando defender los intereses de los trabajadores.
Lo hacen en relación al “límite correcto”, es decir, al límite más allá del cual se generaría desempleo. Sólo de este modo, reza el modo en que se plantean las cosas, se pueden defender verdaderamente los intereses de los más pobres. Quienes, de hecho, crean -llevados por sus buenas intenciones o por ideologías de justicia social- defender esos intereses exigiendo un sueldo mínimo más allá del “límite correcto”, no generarán sino precisamente lo contrario: mayor pobreza para los pobres. A este tipo de argumento Hirschman lo llamó la tesis de la perversidad, y corresponde ―desde la propia reacción a la revolución francesa― a uno de los argumentos predilectos de la retórica conservadora.
Esa retórica proviene ahora, sin embargo, del neoliberalismo económico y su forma de entender el bien común y la solidaridad. No elevar “demasiado” el sueldo mínimo, no extralimitarlo, se transforma así en una verdadera política orientada en interés de los más pobres.
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