La crisis de las pensiones es el gran tema de hoy en Chile. Dos han sido las marchas multitudinarias que la agrupación “No + AFP” ha realizado en menos de un mes. Un millón de chilenas y chilenos marchó el 24 de julio en todo el país, convocado por la consigna “No + AFP”. Tras la exitosa marcha pacífica y familiar “No + AFP” del 24 de julio comenzaron a sonar los timbres de alarma.
El discurso por cadena nacional de la Presidenta Michelle Bachelet el 9 de agosto, en la víspera del caceroleo, fue en rigor un rechazo a la demanda de “No + AFP” desde el momento en que descartó el retorno a un sistema de reparto para las pensiones. En cualquier caso, un pilar solidario relativo, que representaría un tercio del ahorro previsional, aumentado del actual 10% a 15% del sueldo. Adicionalmente, se discute sobre la creación de la AFP estatal, reiterada por Bachelet el 9 de agosto. También se opina en las cúpulas políticas y empresariales acerca del impacto del control sobre las comisiones ocultas de las administradoras privadas.
Se discute en consejos de ministros, desde donde trascienden las diferencias entre la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que aboga por un fondo solidario para recaudar y redistribuir el 5%, y sus colegas de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, proclives a la capitalización individual. La Presidenta Bachelet conversa sobre las reformas al sistema de pensiones con la Confederación de la Producción y el Comercio. Los ministros, a su vez, se reúnen con los ejecutivos de las AFP y desde el Gobierno, el Congreso y los partidos comienzan a tirar líneas sobre la implementación de las reformas en el marco del “gran pacto nacional” planteado por la Mandataria. Porque resulta sintomática la virtual exclusión entre los interlocutores del Gobierno de las voces disonantes. Tampoco la gran prensa ha dado un trato equitativo a los planteamientos díscolos dentro de la coalición gubernamental, como los del ex senador democratacristiano Ricardo Hormazábal, quien dijo que los anuncios presidenciales sobre las pensiones fueron “mucha paja y poco trigo”. Se llegó a decir que la resolución de la crisis de las pensiones quedaba como tarea para el próximo gobierno.
La reaparición pública de José Piñera Echeñique, el “padre” del criticado sistema de las AFP, aplaudiendo la propuesta constitucional en lo referido a la seguridad social, es probablemente uno de los mejores argumentos de la opción “En contra” para el plebiscito del 17 de diciembre. A través de un artículo en su revista Economía y Sociedad, el hermano del expresidente Sebastián Piñera aseguró que “los principios esenciales del sistema de capitalización individual creado en 1980 ingresan ahora a la Constitución, al protegerse explícitamente la propiedad de los fondos y las cotizaciones de los trabajadores, así como la libertad de elección”.
Críticas al sistema de AFP
Las AFP comenzaron a existir en 1981. La reforma previsional de la dictadura fue parte de las “modernizaciones” que el régimen de Augusto Pinochet impuso como parte de un proyecto de refundación del Estado chileno. José Piñera fue un adalid de estas modernizaciones, que incluyeron, además de la reforma previsional, el Código Minero, que reabrió la gran minería del cobre a los privados; el Código Laboral, que en nombre de una peculiar libertad de trabajo arrasó los derechos sindicales; y la reforma de la salud con la creación de las Isapres.
En la superficie, el argumento para reformar las pensiones fue que los sistemas de reparto, administrados por cajas previsionales y con apoyo estatal, no sólo eran impositivos, sino que impedían multiplicar adecuadamente los recursos, considerando que éstos se tornarían insuficientes con el envejecimiento de una población en la que los jubilados crecerían a mayor ritmo que la fuerza laboral activa. Lo que no se dijo y que hasta hoy los sostenedores de las AFP se niegan a reconocer es que en los hechos se produjo una expropiación de los ahorros previsionales en beneficio de los grupos económicos que contarían desde entonces con cuantiosos recursos de inversión. Sin duda se ha creado mucha riqueza, de lo cual dan cuenta las utilidades del sistema, pero con una tendencia regresiva en cuanto a su distribución.
“Las AFP recaudaron en abril 500 mil millones de pesos, sólo en cotizaciones obligatorias, y pagaron un millón de pensiones a 200 mil pesos cada una, lo que son 200 mil millones de pesos. La contradicción es tener, entonces, un sistema que da pensiones escuálidas y al mismo tiempo es un pilar irrenunciable del modelo neoliberal. Numerosas investigaciones periodísticas dan cuenta del entramado de las AFP, que no es sólo económico-financiero, sino también político.
La seguridad social, expresada fundamentalmente en las pensiones, es uno de los puntos críticos del texto que votarán los chilenos este 17 de diciembre, debido a que el modelo de capitalización individual consagrado en la Constitución de 1980 no ha sido capaz en 40 años de entregar jubilaciones dignas, una de las demandas más sonadas de la ciudadanía. Desde el “En contra” aseguran que el texto profundiza el sistema actual y que pone en riesgo la aplicación de normas como la ley “Papito corazón”, que obliga a los padres ausentes a cumplir con las pensiones de alimentos.
Pensiones dignas fue una de las consignas del estallido social de octubre del 2019 que dio inicio al proceso constituyente. A 40 años de la instalación del sistema de AFP, los datos de la Superintendencia de Salud muestran que el fracaso es absoluto, porque, por ejemplo, los 14.774 nuevos pensionados en agosto de este año lo hicieron con un promedio de jubilación autofinanciada de 5,14 UF: casi $190 mil. Y la mediana es de 2,71 UF (poco menos de $100 mil).
Tras varios años de trámite, finalmente el concepto quedó expresado de la siguiente forma en el Artículo 19, numeral 18 como el “Derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
La Propuesta Constitucional que se votará el 17 de diciembre define así el derecho a la seguridad social en su Artículo 16, numeral 28: “a) El Estado garantizará el acceso a prestaciones básicas uniformes, establecidas por la ley, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, paternidad, cesantía, accidente y enfermedades laborales, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias o circunstancias fijadas en la ley. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. b) Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. c) El Estado regulará y supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, de conformidad con la ley.
Las fuerzas del “En contra” opinan que la propuesta atenta contra el diseño de un Estado Social de Derecho y consolida el modelo implantado en dictadura. Alejandra Krauss Valle, quien integró la Comisión Experta por un cupo DC, reacciona ante la alegría de José Piñera: “Debe estar muy feliz con esta norma, porque efectivamente en esta materia, como en otras, se lograría lo que Jaime Guzmán no logró: proteger en la Constitución el sistema de capitalización individual, el modelo de AFP y darle rigidez a un modelo y garantías de que esa es la respuesta.
Krauss explica que la Constitución de 1980 era más general y que la novedad que ahora incorporaron los comisionados, y que respetaron los consejeros, fue la definición de los riesgos y contingencias (la letra a) para una mejor definición del concepto de seguridad social. Pero, añade, la adición de la letra b “incorpora otros instrumentos que, a mi juicio, generan incertezas, ponen en riesgo determinadas leyes y políticas públicas vigentes y constitucionalizan el modelo de capitalización individual que son las AFP.
Krauss dice que durante el trabajo de los expertos se tuvo en cuenta el debate público que se ha dado en torno al modelo de pensiones y el fuerte apoyo ciudadano a la propiedad de los fondos. También que tenían a su disposición los datos actualizados e históricos que dan cuenta de que los resultados del sistema de AFP no fueron los prometidos y esperados.
El abogado y académico de la Universidad de los Andes Jaime Arancibia integró la Comisión Experta con cupo RN y también compartió trabajo con Alejandra Krauss en la misma subcomisión. Arancibia comenta que la propuesta tal como salió del Consejo Constitucional no es más que una extensión de las bases institucionales que firmaron los partidos que dieron inicio al segundo proceso constitucional: “Las bases del proceso, suscritas desde el Partido Comunista hasta la UDI, garantizan que las prestaciones sociales estén a cargo de instituciones públicas y privadas. Eso se repite tal cual en la propuesta constitucional de seguridad social sin mencionar a las AFP.
Que en más de 40 años el modelo no haya sido capaz de entregar pensiones suficientes a la población, según Arancibia, no es culpa de las AFP: “El problema de la baja de las pensiones se debe a un marco regulatorio legal insuficiente. No es responsabilidad de la Constitución ni de las instituciones aseguradoras que cumplen la ley, sino del legislador, que no ha sido capaz de reformar el sistema para obtener pensiones más dignas.
Argumentos contra los retiros de fondos previsionales
1.Socava los ahorros de los trabajadores para financiar sus pensiones.
2. Quienes pueden acceder son quienes más recursos tienen.
3. Obliga a liquidaciones repentinas y masivas de activos.
4. Alza en la inflación.
5. Fuerte aumento de las tasas de interés de largo plazo.
6. Tiene un alto costo fiscal.
7. Daña el programa de reformas y no afecta a las AFP.
En medio de la discusión actual del sistema de pensiones, la votación general del proyecto de reforma previsional en la Sala del Senado se realizó el lunes a las 15:00 horas hasta total despacho. El acuerdo alcanzado en el Senado implica un aumento paulatino de la cotización de un 8.5% (a cargo del empleador), sin embargo, más de la mitad de esos recursos irán directamente a las cuentas individuales administradas por las AFP.
Chile: entre el modelo de capitalización individual y las demandas de cambio
En Chile, el sistema de pensiones basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de intenso debate y movilización social. La controversia se centra en la percepción de que este modelo, implementado durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, ha fracasado en garantizar pensiones dignas para la mayoría de la población, generando desigualdad, descontento social y pensiones de miseria.
El sistema de AFP reemplazó el modelo de reparto solidario existente hasta 1980 por uno de capitalización individual, donde cada trabajador aporta a una cuenta personal administrada por empresas privadas. La “promesa” era que este mecanismo garantizaría pensiones superiores a las obtenidas con el sistema solidario. Sin embargo, décadas después, las pensiones resultantes han sido significativamente más bajas de lo esperado, con montos que en muchos casos no llegan a ¾ del salario mínimo, una completa estafa del sistema capitalista chileno hacia las y los trabajadores.
El gobierno de Gabriel Boric del Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático, alcanzó un acuerdo con la derecha tradicional para avanzar en una reforma previsional que mantiene elementos del sistema de capitalización individual que incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 214,000 a 250,000 pesos y propone que los empleadores contribuyan con un 8.5% al sistema de pensiones. Además, se introduce un beneficio por tiempo cotizado y se mantiene la existencia de las AFP y seguirán siendo las únicas encargadas de administrar los fondos de pensiones de todas y todos los trabajadores: es decir, estas últimas se fortalecen.
Las AFP han desempeñado un papel activo en el debate previsional, buscando mantener su participación en la administración de los fondos de pensiones. Han ejercido presión para evitar cambios que puedan afectar su modelo de negocio, como la eliminación de las comisiones o la creación de entidades públicas que compitan en la gestión de fondos. El mercado financiero chileno, que incluye bancos y entidades de inversión, tiene un interés directo en las reformas previsionales debido al impacto que los fondos de pensiones tienen en las inversiones y en la economía nacional. Estos actores han abogado por reformas que fomenten el ahorro y la inversión privada.
La influencia del movimiento social iniciado en el estallido social (2019-2020) sigue presente. Las demandas de un sistema público y solidario continúan siendo un eje del debate, pese a la resistencia de sectores empresariales y políticos. Quienes nos proponemos terminar con este sistema de AFP, vemos que no se debe retroceder en esta demanda y que la miseria que hoy ofrece la PGU es parchar un sistema que ha demostrado que no sirve. Por otro lado, confiar en una ley corta desde el ejecutivo es no ver que este ya tomó postura a favor de este sistema de AFP, vendiendo la ilusión de regular a través de una supuesta mayor competencia.
¿Qué otros sistemas de pensiones existen en el mundo?
EE. UU: sostenibilidad en el centro del debate
Estados Unidos se encuentra en medio del debate ahora que Donald Trump acaba de asumir la presidencia de la mano de los multimillonarios más grandes del mundo como Jeff Bezos, Elon Musk y Mark Zuckerberg. En Estados Unidos, el sistema previsional, basado en un modelo mixto que combina seguridad social pública y planes privados, enfrenta un debate sobre su sostenibilidad. La necesidad de reformar el Seguro Social ha sido planteada, pero no se han implementado cambios significativos en los últimos años.
El sistema de pensiones de jubilación de Estados Unidos está construido sobre tres pilares: un seguro social público y de reparto, de carácter obligatorio y gestionado por la Social Security Administration o SSA, los diferentes planes voluntarios de ahorro individual para la jubilación, disponibles para cualquier trabajador, y los planes de pensiones de empleo que ofrecen las empresas. Administrado por el Gobierno Federal de EE. UU., el seguro social funciona mediante cotizaciones abonadas a un fondo fiduciario desde el que se generan prestaciones no solo para la jubilación, sino también de viudedad o por discapacidad. Mientras un trabajador está activo, la empresa y el trabajador cotizan a partes iguales a la Seguridad Social.
Argentina: vetos presidenciales y protestas sociales
El régimen de capitalización consiste en que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes invierten ese dinero para generar intereses. A su retiro, el trabajador contará con el resultado de ese ahorro más los intereses generados. En la Argentina este sistema funcionó entre 1993 y 2008, con las AFJP. Y actualmente está vigente en países como Chile y Colombia.
En tanto, el régimen de reparto consiste en que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional. Este es el actual sistema que funciona en el país desde 2008, cuando se eliminó el sistema de capitalización y los fondos de las AFJP pasaron a formar parte del FGS.
En 2024, el presidente Javier Milei vetó una ley que buscaba aumentar las pensiones en un 8%, argumentando riesgos para la sostenibilidad fiscal. Este veto provocó protestas masivas de sindicatos y jubilados, denunciando la precariedad del sistema y la insuficiencia de los haberes mínimos.
Francia: movilizaciones contra la reforma de Macron
El sistema de pensiones se compone de un plan de pensiones básico estatal, obligatorio para todos los trabajadores por cuenta ajena, así como de planes complementarios ofrecidos por las empresas. Los trabajadores también pueden optar por un plan de pensiones privado, financiado exclusivamente por el individuo, es decir, de capitalización individual como en Chile.
El aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años propuesto por Emmanuel Macron desató multitudinarias protestas en 2023. Estas movilizaciones, que llegaron a reunir a más de un millón de personas, reflejan el rechazo a las medidas que priorizan la sostenibilidad fiscal sobre los derechos laborales.
El argumento técnico y la financiarización de la economía
Las AFP plantean que las bajas pensiones son resultado de los bajos salarios. El autor sugiere, sin embargo, que las AFP son las causantes de esos ingresos precarios pues han promovido la financiarización de la economía.
En ese contexto de despliegue de políticas de corte monetarista a nivel mundial, la creación de las AFP no puede entenderse como una medida aislada. Lejos de ello, el sistema de capitalización individual se erigió como un pilar de la economía nacional y, de paso, aportó a la consolidación de la primacía del mercado financiero por sobre el mercado productivo.
Como muestra Alberto Garzón, el proceso de ajuste de la economía a los requerimientos del mercado financiero se tradujo en “dramáticos incrementos del desempleo y bajos niveles de crecimiento económico y tuvieron un impacto durísimo en las deudas externas contraídas por los países subdesarrollados”[16]. En el caso chileno, el plan laboral elaborado por José Piñera derivó en un aumento de la precariedad del empleo, pues inició un proceso de flexibilización unilateral del trabajo que debilitó la actividad sindical - actualmente la tasa de sindicalización es del 20%[17], lo que impide una negociación colectiva beneficiosa para los trabajadores - y fortaleció el poder del empleador en la relación laboral.
Considerando lo anterior, la afirmación “el modelo funciona” contiene una cantidad tal de supuestos idealizados que, en el contexto económico antes descrito, simplemente no puede considerarse aceptable.
Al repasar el argumento político-económico, notamos que los reparos filosóficos acerca de las consecuencias del carácter normativo del mercado sobre el sistema de pensiones son evidentes, esto es, no exigen un develamiento; se manifiestan con claridad: el problema consiste en que pensar un mecanismo previsional robusto exige superar las reglas de inteligibilidad impuestas por el mercado.
Hemos intentado mostrar que gran parte de la fortaleza de la defensa técnica descansa sobre la base de un ocultamiento y la intención de este artículo ha sido revelar aquello que permanece velado. Al quitar el velo, evidenciamos que en la utilización de supuestos altamente idealizados y en la omisión de la relación financiarización-AFP-trabajo se exhibe aquello que la ciencia económica pretende ocultar bajo la discursividad técnica.
TAG:
