En medio de la pandemia causada por el Covid-19, el consenso global es que la única solución para frenar la expansión del coronavirus exige aislar a los enfermos y distanciar físicamente a la población. El objetivo es “aplanar” la curva de contagios, para ganar tiempo y disminuir la congestión del sistema de salud. Aplanar la curva de contagios no se puede lograr sin aplanar la actividad económica, lo que dañará la situación de muchos trabajadores. Esta estrategia implica, en la práctica, suspender parcialmente el funcionamiento de la economía.
Países como Dinamarca, Inglaterra, Irlanda y Nueva Zelanda han adoptado políticas donde el estado colabora con el financiamiento de los salarios de los trabajadores de las empresas afectadas por la crisis. Estas medidas buscan (i) proteger a los trabajadores, (ii) que no se destruyan vínculos laborales valiosos, y (iii) evitar la quiebra de empresas que en tiempos normales son solventes, y que generan buenos empleos.
Una de las políticas que se ha propuesto para conservar las relaciones laborales actuales, es que el estado colabore con el financiamiento de los salarios de los trabajadores de las empresas afectadas. El Ejecutivo ha anunciado que las políticas de protección al empleo y los ingresos serán implementadas utilizando los mecanismos y los requisitos (con cierta flexibilidad) del Seguro de Cesantía, que es la institucionalidad que provee protección económica en caso de desempleo.
El Seguro de Cesantía y sus Limitaciones
Cuando una persona pierde su empleo, accede a los beneficios del Seguro de Cesantía y recibe ingresos mensuales mientras busca un nuevo trabajo. Para acceder a los beneficios del Seguro, las condiciones son estar desempleado y haber cotizado un número de veces en los meses previos. Los pagos provienen de los fondos que ha acumulado en su cuenta individual. Luego, una vez agotados esos recursos, y si cumple con requisitos adicionales, se accede a recursos del Fondo Solidario.
La persona recibe un monto proporcional a sus ingresos previos al desempleo (esto se conoce como la tasa de reemplazo) de acuerdo con la siguiente estructura. El primer mes se recibe un 70% del último salario, el segundo un 55%, y el monto disminuye progresivamente hasta un 30% en el sexto mes, y dura por la cantidad de meses hasta que que se acaben los fondos. Luego, si es que el afiliado cumple con ciertos requisitos adicionales, comienza a operar el Fondo Solidario, por un tiempo máximo de 3 meses para empleados con contrato de plazo fijo y de 5 meses para trabajadores con contrato indefinido.
Por el periodo que dure la emergencia, se permitirá la suspensión temporal de las funciones de los trabajadores que no puedan realizar su trabajo, porque la emergencia sanitaria lo impida y que no puedan trabajar a distancia. Durante ese lapso, los trabajadores podrán hacer uso de los beneficios del Seguro de Cesantía, y la empresa será responsable de las cotizaciones previsionales y de salud. Se permitirá que las empresas que vean afectadas significativamente sus ventas puedan reducir temporalmente la jornada de sus empleados, y remunerarles proporcionalmente (en vez de reducir el número de trabajadores). El Seguro de Cesantía, por su parte, subsidiará un 50% de los salarios que dejan de percibir los empleados. Por ejemplo, si un trabajador ve disminuida su jornada en un 50%, recibiría un sueldo de un 50% pagado por el empleador y un 25% adicional cubierto por el Seguro. La compensación será financiada en un 90% por la cuenta individual del trabajador y un 10% por el Fondo Solidario.
La propuesta del Gobierno es una buena noticia en tanto avanza la idea de permitir a los negocios hibernar mientras dura la crisis, y a los trabajadores, mantener una buena parte de sus ingresos. En esta columna evalúo las propuestas laborales del Gobierno. Concluyo que ellas avanzan en la dirección correcta, aunque son insuficientes porque dejan desprotegida a una parte importante los trabajadores.
Sectores Desprotegidos
Existen varios grupos de trabajadores que quedan desprotegidos por las medidas actuales:
- Los trabajadores informales: Por definición, este es un grupo que no recibe cotizaciones y por lo tanto no puede acceder a los beneficios del Seguro de Cesantía. La propuesta del Ejecutivo para este sector, que corresponde a un 30% del total de los ocupados del país, es un bono por una sola vez.
- Los trabajadores por cuenta propia e independientes de bajos ingresos: Ellos no tienen acceso al seguro de cesantía y la política laboral no les ofrece ninguna protección para la crisis sanitaria.
- Los desempleados: Si es que la búsqueda de empleo era cuesta arriba antes de la pandemia del Covid-19, será una tarea titánica en unos meses más cuando la economía global enfrente una recesión profunda y se visualicen los efectos de la cuarentena local e internacional.
- A quienes buscan empleo por primera vez: Este sector no califica dentro en los criterios de elegibilidad del Seguro, pues para ello hay que haber estado empleado alguna vez.
- Los desempleados que dejará la crisis: Probablemente muchas empresas deberán cerrar, y el desempleo será sin ninguna duda una cifra de dos dígitos. La propuesta del gobierno deja a esos futuros desempleados (que hoy sí tienen un empleo), en una situación muy precaria. Las políticas de adaptabilidad propuestas obligan a los trabajadores que quedan suspendidos o ven su jornada reducida a usar los fondos en sus cuentas individuales durante la crisis sanitaria.
Propuestas Alternativas para Proteger los Ingresos
A continuación, discuto propuestas que son factibles de implementar y permitirían a los trabajadores mantener el 75% de sus ingresos previos a la crisis sanitaria. Estas políticas no solo son necesarias para evitar el sobreendeudamiento y la precariedad de los trabajadores, sino que también para evitar la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo, y para que, dentro de lo posible, se pueda amortiguar la recesión global que vivirá la economía mundial en los próximos meses. Es importante recalcar que ésta es una situación única de crisis, y que, por lo tanto, muchas de las objeciones que son relevantes en tiempos normales, hoy no tienen justificación.
- Propuesta 1: Aumentar a un 75% la tasa de reemplazo para los trabajadores que quedan suspendidos temporalmente, en línea con lo que recibirían quienes se acojan a la reducción de la jornada laboral y con lo que han hecho otras economías.
- Propuesta 2: Entregar un bono a todos los trabajadores informales por el periodo que dure la emergencia.
- Propuesta 3: Permitir que trabajadores a cuenta propia e independientes de bajos ingresos accedan a beneficios equivalentes a los del seguro de cesantía, al menos por el periodo que duren las medidas de mitigación. Ellos deberían tener una tasa de reemplazo similar a los trabajadores dependientes, de acuerdo con el promedio de sus ingresos del año anterior. Esta información está inmediatamente disponible en sus declaraciones anuales de impuestos. Esto se podría instrumentalizar a través del Fondo Solidario, el que debería recibir una compensación exacta por este monto con cargo a impuestos generales.
- Propuesta 4: Modificar los requisitos de elegibilidad, tasas de reemplazo y duración del Seguro de Cesantía para desempleados y quienes buscan trabajo por primera vez, y permitir que varíen de acuerdo con las condiciones del mercado del trabajo. Para ellos será más difícil que antes encontrar trabajo y las condiciones del seguro se mantienen más o menos constantes.
- Propuesta 5: Financiar los programas de subsidio al empleo con carga al Fondo Solidario. Esto evitará precarizar el Seguro de Desempleo (tanto las tasas de reemplazo como la duración del seguro) de quienes estén desempleados en el futuro. Consideremos, por ejemplo, a un trabajador con contrato a plazo fijo y que cumpliese con los requisitos para girar contra el Fondo Solidario. El beneficio de suspensión temporal del empleo debe estar sujeto a mantener a todos los empleados durante el periodo de la emergencia.
Todas estas políticas son posibles de implementar de manera rápida y efectiva bajo la institucionalidad vigente. Asimismo, son posibles de costear de manera precisa usando la información administrativa que posee el estado. Estos son gastos que se efectúan una sola vez, por lo que no se requiere aumentar la recaudación fiscal de forma permanente. Además, éste es un gasto con un efecto boomerang en el mediano plazo. La mayor demanda agregada que generará el subsidio a los ingresos de los trabajadores permitirá una mayor recaudación de impuestos en el futuro (relativo a la recaudación en ausencia de ellas). El financiamiento puede efectuarse vía deuda, usando activos del Tesoro Público, o a través de un impuesto transitorio a la riqueza.
