El sistema de jubilación en EE.UU. cumple las tres funciones (o pilares) clásicas, al igual que el chileno.
El programa llamado ‘‘seguridad social’’ en EE.UU. cumple las primeras dos funciones usando una única fórmula de beneficio. La tasa de reemplazo media es un respetable 40% del salario promedio de los últimos 35 años, actualizado por el índice de sueldos y salarios (no por inflación).
Intenta cumplir el rol de subsidiar a los ancianos pobres con una fórmula que paga la suma de un componente fijo más una tasa de reemplazo marginal de 32%. Así, los ancianos más pobres parecen lograr tasas de reemplazo cercanas a 50%, mientras que los ancianos de ingreso medio-alto parecen recibir un reemplazo de 35%. Esto parece redistribuir en forma progresiva.
Sin embargo esto es ilusorio, como en el antiguo sistema chileno: la ‘‘seguridad social’’ expropia todos los aportes a quiénes cotizan menos de 10 años, sin darles ninguna pensión ni devolverle la cotización.
Peor aún, el trabajo de Gustman y Steinmeir (2001) encuentra que tres cuartos de la redistribución aparente (que es poca) va desde el marido (menos pobre) a la esposa (más pobre) dentro de la misma familia. La literatura demuestra que sólo el 2,5% de los fondos de la ‘‘seguridad social’’ se redistribuyen entre familias de distintos niveles de ingreso. El 97,5% restante es ahorro y seguro forzoso para la clase media, y por tanto cumple el rol del sistema de AFP.
Al revés de EE.UU., Chile sí cuenta con un piso mínimo para las pensiones de los ancianos. Está formado por la pensión asistencial, creada en 1975 y el subsidio de pensión mínima, creado en 1952.
Las pensiones que proveen las grandes empresas de EE.UU. (más de 500 empleados) no cambian el panorama. Sean de beneficio definido o de contribución definida 401(k), el empleador ofrece aportes contingentes a la permanencia del empleado a cambio de que éste acepte diferir parte de su remuneración en la forma de pensión.
Esto es muy distinto de las cuentas chilenas de AFP, primero porque son voluntarias y no forzosas: la empresa decide si ofrecer un plan de pensiones o no (la mayoría de las empresas con menos de 500 empleados no ofrecen), y porque un empleado puede elegir una empresa sin plan. Segundo, las pensiones de empresas son adicionales a las que paga la ‘‘seguridad social’’. Tercero, el aporte del empleador es contingente a la permanencia del empleado, y por tanto no es portable hacia otras empresas. Estos planes son ofrecidos por las empresas porque permiten retener empleados capacitados, lo cual exige baja ortabilidad.
Estas diferencias explican por qué Bush, que desea mejorar el servicio de ahorro y seguro forzoso para la clase media, se inspira en el sistema de AFP chileno. Propone permitir a los afiliados desviar 4 puntos porcentuales de cotización a la seguridad social, hacia nuevas cuentas individuales al estilo de las AFP chilenas, invertidas en títulos financieros y administradas privadamente.
Sin embargo, su propuesta tiene tres falencias: Primero, ha equivocado la solución para la insolvencia que ha causado la inercia política frente a la generación inusualmente numerosa que jubila a partir de 2020. Su propuesta es reducir la tasa de reemplazo, por la vía de actualizar los salarios por inflación (y no por el índice de sueldos y salarios). Segundo, no ha ofrecido un método confiable para financiar la transición, pues sólo ha propuesto emitir deuda pública. Debido al fuerte déficit fiscal y el gran tamaño actual de la deuda pública de EE.UU., esa senda de transición amenaza la estabilidad fiscal y cambiaria. Tercero, hasta ahora no incluye la creación de una pensión mínima, ni una propuesta para mejorar la pensión asistencial.
En suma, aunque la propuesta de Bush es mala, no es por las razones que propone Fischer. No se puede reducir una redistribución que casi no existe.
Target Date Funds (TDF)
Los llamados Target Date Funds operan en Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Australia, Nueva Zelanda y México, y se estima que administran alrededor de US$ 20 trillones de dólares en el mundo.
EEUU: amplia cobertura en managers mundiales
Hoy los TDF abarcan el 99% de los planes de ahorro para el retiro que se ofrecen en ese país. Al igual que en México operan con una estrategia de inversión automática que ajusta el perfil de riesgo y porcentajes de inversión por tipos de activo, conforme se acerca la fecha de jubilación del trabajador, teniendo más exposición a renta variable durante los primeros años y aumentando la renta fija hacia el final de la vida de dicho fondo.
Hoy existen más de 50 proveedores de TDF en EEUU, siendo los tres principales Vanguard, Fidelity Investments y T.
Controversias y Preocupaciones sobre Reformas de Pensiones
Los controladores estadounidenses de las AFP no están nada contentos con la reforma de pensiones que se aprobó en el Senado, y que este miércoles será vista por la sala de la Cámara de Diputados. Si bien la Asociación de AFP no ha emitido ninguna declaración pública desde que hace dos semanas el gobierno ingresó las indicaciones que cambiaron el proyecto casi por completo, este lunes el gremio que agrupa a las aseguradoras de EEUU decidieron alzar la voz.
En concreto, el presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, envió una carta al gobierno mostrando su preocupación por la reforma de pensiones, porque a juicio de la asociación estadounidense que agrupa a tres compañías que son dueñas de AFP en Chile, estas son, Metlife (propietaria de AFP Provida), Principal Financial Group (AFP Cuprum), y Prudential Financial (controla AFP Habitat en conjunto con ILC); el proyecto “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio”.
La misiva fue enviada este lunes “en representación de inversores de EEUU en el sector de pensiones chileno” al Presidente Gabriel Boric; el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra del Trabajo, Jeanette Jara; el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren; el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde; el secretario general del Senado, Raúl Guzmán; y el presidente del Senado, José García Ruminot.
Acusaciones de Expropiación
“Escribimos para compartir nuestras preocupaciones sobre la reforma de pensiones que ahora está frente a la legislatura chilena, y su impacto en los trabajadores chilenos, en la economía chilena y en la forma en que las disposiciones clave de la reforma violarán los derechos de inversión de los inversores estadounidenses en el sector de pensiones”, comienza diciendo la carta firmada por Chavern.
“Chile ha construido una reputación bien merecida como un socio confiable comprometido a honrar los tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile. Sin embargo, la reforma de pensiones propuesta no solo socava esos compromisos, sino que también crea ventajas injustas para los nuevos participantes del mercado a expensas de los inversores estadounidenses, amenazando la posición de Chile como un destino confiable y estable para la inversión extranjera. A medida que la Administración del Presidente Trump comienza su amplia revisión de los acuerdos comerciales, es importante que estas acciones y sus implicaciones sean plenamente comprendidas por los líderes estadounidenses”, afirma la carta.
En ese sentido, el escrito del CEO de ACLI continúa señalando que “la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados de pensiones constituiría una expropiación de inversiones significativas de EEUU en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional. Además, la propuesta de permitir que el Instituto de Previsión Social, de propiedad estatal, proporcione funciones auxiliares a los nuevos administradores de pensiones constituye un trato injusto para los incumbentes que han realizado inversiones significativas en las últimas décadas en su operación e infraestructura”.
Al respecto, agrega que “la medida otorgaría a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión. Además, el reciente anuncio de la Ministra del Trabajo de incluir a un inversor público, financiado por el Estado, afectaría aún más a los administradores de pensiones incumbentes al crear condiciones de mercado injustas”.
Es más, la carta asegura que “tales violaciones de los derechos de los inversores de larga data perjudicarían la posición global del país y disuadirían la inversión extranjera futura, que ha sido un motor vital de crecimiento y estabilidad económica. Las empresas que han realizado, y continúan realizando, inversiones significativas en Chile, confían en contar con un marco regulatorio de normas y derechos, muchos de los cuales están codificados en los diversos tratados que Chile se ha comprometido soberanamente a honrar. La violación de Chile de tales obligaciones internacionales afectaría negativamente la confianza de los inversores en Chile. El abuso de los derechos fundamentales de los inversores llevará incluso a los inversores de buena fe a buscar reparación legal”.
Valoración y Preocupaciones Adicionales
Según el gremio de aseguradoras de EEUU, “Chile ha sido reconocido durante mucho tiempo como un líder global en innovación del sistema de pensiones y estabilidad financiera. La experiencia global de las empresas miembros de ACLI en finanzas de jubilación indica que, para preservar esta posición mientras se mejoran las pensiones, las reformas deben aumentar los ahorros individuales y su inversión a través de cuentas individuales”.
En este sentido, valoraron “muchas de las reformas propuestas debido a que fortalecerán los ahorros individuales, buscarán mecanismos que reduzcan la brecha de género en los ahorros de pensiones, aumentarán la pensión garantizada universal (PGU) y fortalecerán la educación financiera de las personas; todo lo cual resultará en mejores pensiones. Muchos de estos cambios emplearían las mejores prácticas globales en política de pensiones para mejorar la seguridad financiera de más chilenos”.
Sin embargo, señalaron: “Nos preocupa que ciertas disposiciones de la reforma propuesta puedan perjudicar la seguridad financiera a largo plazo de los trabajadores y socavar los mercados de capitales de Chile. Propuestas como la licitación bienal de carteras de afiliados, como han destacado consistentemente los estudios técnicos, obligarían a los gestores de inversiones a tomar decisiones subóptimas, incluida la liquidación frecuente de activos, a un costo significativo, lo que reduciría los rendimientos de las inversiones para los trabajadores chilenos”.
Sobre ello, añadieron que “los rendimientos más bajos impactarían directamente en el crecimiento de los ahorros de pensiones y el monto de las futuras pensiones para los trabajadores chilenos. El mecanismo de licitación y las restricciones asociadas también desalentarían la inversión en instrumentos financieros de largo plazo, muchos de los cuales contribuyen a bienes públicos en Chile a través del mantenimiento constante de un mercado de capitales doméstico profundo”.
Es por eso que señalaron que “desalentar o hacer imprácticas tales inversiones de largo plazo debilitaría el rendimiento general de los fondos de pensiones y reduciría la capacidad de lograr un crecimiento sostenible a largo plazo en los ahorros de los trabajadores. Cualquier medida que dificulte la asignación eficiente de recursos en el sistema financiero también reduciría el mercado de capitales doméstico de Chile. Con el tiempo, esto podría limitar el acceso a financiamiento para empresas y proyectos de infraestructura que impulsan el crecimiento económico, disminuyendo aún más las oportunidades para los trabajadores”.
Por último, la misiva afirma: “Seguimos comprometidos con el progreso y la prosperidad de Chile. Nuestro objetivo es contribuir constructivamente al diálogo en torno a la reforma de pensiones y apoyar políticas que promuevan la seguridad financiera mientras fomentan la estabilidad y el crecimiento económico.
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