La carrera militar se distingue de muchas otras por cuanto exige el sublime compromiso de dar la vida por la Patria. A ese compromiso están asociadas una vocación de servicio muy profunda, una relación afectiva con los símbolos navales, pautas de comportamiento propias de la vida a bordo y, en definitiva, muchas amistades con quienes se han compartido inolvidables momentos, travesías y aventuras de un servicio abnegado que da pena dejar y se perpetúa después en nostálgicas remembranzas.
Pero la vida no se acaba con el inevitable término de esa etapa, cuando muchas veces los hijos todavía no han salido del colegio. El horizonte laboral se proyecta 20 o 30 años después del último día en que dejamos de vestir el uniforme, momento en el cual ocurre un abrupto final de las compensaciones que permiten un digno nivel de vida a quienes se encuentran en servicio.
En otras palabras, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se ven forzadas a compensar sueldos comparativamente bajos, en relación a profesionales y técnicos equivalentes del mundo civil, con asignaciones que no forman parte del sueldo imponible pero que incrementan significativamente el total haberes mensuales, amén de las mencionadas retribuciones.
Ante el panorama previsional que se enfrenta un servidor de las fuerzas armadas al momento de pasar a retiro, se propone la adopción de un sistema de capitalización individual, dejando atrás el actual mecanismo, que otorga pensiones que no se condicen con el esfuerzo y dedicación en el servicio. Para ello, las remuneraciones deberían equipararse a las que perciben oficiales de instituciones castrenses de países OCDE.
El Sistema de Pensiones Actual
Cuando el servidor pasa a retiro la institución envía el expediente y cese de sueldo a la Subsecretaría para las FF.AA., que calcula y concede beneficios. Una vez revisado por la Contraloría General de la República (CGR), Capredena otorga al retirado una pensión fiscal de por vida, con un monto fijo, que se calcula respecto de los años de servicio en un porcentaje que varía entre 20/30 y 100% del último sueldo imponible.
Esto es factible porque el monto de la pensión en un sistema de reparto, como el que todavía rige para las FF.AA., no dice relación con las cotizaciones acumuladas durante la vida laboral que exige sistema de capitalización individual. En este último la cotización previsional, efectiva y continua, del 10%, del sueldo de cualquier trabajador condiciona el monto de la pensión, anticipada o de vejez diferenciada para hombres y mujeres.
En cambio, las cotizaciones de los servidores de las fuerzas armadas alcanzan al 6,5%, un 6% corresponde a la cotización previsional y un 0,5% al fondo revalorizador de pensiones. Cabe mencionar que los militares en servicio aportan un 5% al fondo de desahucio, mientras que en las ocupaciones civiles lo asume el respectivo empleador.
La cuestión de fondo es que la mantención de un sistema de reparto no se sustenta financieramente, aun cuando sea una legítima retribución para la abnegada carrera militar, y que se arguye mantener, porque la idoneidad militar no sería aplicable en las actividades civiles o porque los militares estarían impedidos de ofrecerla a otros países.
Tomando como referencia los datos expuestos por el vicepresidente ejecutivo de Capredena en la Cámara de Diputados el monto total de las pensiones que pagó ese organismo el año 2015 fue de MM$911.270 (0,54% del PIB), un 66% fueron pensiones de retiro e inutilidad y un 34% pensiones de montepío. Estas pensiones son financiadas en un 89,33% con aportes del Estado y sólo un porcentaje muy menor con las cotizaciones de quienes se encuentran en servicio activo.
El aporte fiscal creció también como promedio un 6% anual entre los años 2011 al 2015. Aunque esta cifra impresiona por su magnitud es más preocupante que, aun así, más del 16% de los militares en retiro recibe mensualmente una cantidad inferior al sueldo mínimo.
El gasto fiscal que trae consigo mantener este sistema de reparto, debe considerar que la suma de las pensiones de Capredena y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), ya en el año 2011, alcanzaron el 1% del PIB. En el caso de las pensiones de las FF.AA.
Modernización de la Carrera Militar
El 14 de enero del presente año se realizó una ceremonia en el palacio de gobierno para dar a conocer un proyecto de ley destinado a modernizar la carrera militar, en el contexto de un conjunto de iniciativas relacionadas con las FF.AA., como el financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional.
Según lo expresara el presidente de la República, “…no sacamos nada con tener los mejores equipos técnicos, el mejor equipamiento bélico, la mejor tecnología si no contamos también con los mejores equipos humanos para poder hacer buen uso de ese equipamiento y de esas tecnologías”, agregando a continuación que dicha ley “…busca adecuar la carrera militar a esta nueva realidad que vivimos los chilenos, que tenemos una de las expectativas de vida más altas del mundo…”
En síntesis, la iniciativa legal eleva el límite máximo de años de servicio de los oficiales de 38 a 41 años y de los suboficiales de 35 a 40 años. También posterga el derecho a recibir pensión completa de 30 a 35 años de servicio.
Por otro lado, dicho proyecto contempla un cambio radical ya que no solo alarga la carrera en los grados superiores de la carrera, sino que también establece el mérito y no exclusivamente la antigüedad como mecanismo de promoción.
Desde la perspectiva del personal que tiene la determinación, las condiciones y las posibilidades de completar su carrera, podrán jubilar de las FF.AA. con pensión completa, en el caso de los oficiales a contar de los 63 años de edad y para la gente de mar desde los 55 años de edad. Como efectivamente las expectativas de vida han aumentado, en ambos casos esas edades no son indicativas de un retiro de la vida laboral, especialmente por la continuidad de trabajo remunerado de militares en retiro a una edad tardía, más en los emprendimientos privados que en empleos formales.
El tema de la carrera militar había venido estudiándose entre los años 2003-2007 por el comité de directores del personal de las FF.AA., cuyos integrantes arribaron a nueve proposiciones para cambiar la normativa vigente con el fin de: crear carreras temporales o específicas, alargue de la carrera, ascenso por méritos, escalafón de complemento, nuevo sistema de remuneraciones, retiro por edad cumplida, desahucio a los 25 años, eliminación de beneficios y medidas de transición.
Siendo todas las propuestas interesantes, el actual proyecto de ley las recoge sólo en forma parcial. Al respecto, un reciente artículo precisa las principales finalidades del proyecto sobre modernización de la carrera profesional, el cual aún se encuentra en la Cámara de Diputados siguiendo el primer trámite constitucional, y que esencialmente son: la “…necesidad de retener por más tiempo en servicio al personal de las FF.AA.” y la “…conveniencia de contener el gasto previsional de Capredena”.
Asimismo, el proyecto de ley contempla la creación del escalafón de servicios generales y el aumento de la permanencia en la base de selección para el ascenso, ambas en el sentido retener a oficiales y a suboficiales calificados dentro de la institución.
El Debate sobre el Sistema Previsional
El sistema de pensiones es uno de los temas que se ha posicionado en la agenda pública de nuestro país. Ha sido denostado con mucha fuerza por grupos vociferantes como los que instalaron el eslogan “No más AFP” y defendido por los que representan a una industria exitosa en el manejo de los fondos de pensiones desde hace ya 39 años.
Frente a este debate, que a fines de mayo del presente año alcanzaba a 5.762.869 cotizantes de la fuerza laboral de país, es preciso reconocer los méritos de quienes, desde los cargos políticos y técnicos del gobierno militar, así como desde directivas gremiales y grupos financieros, hicieron realidad durante la década de los 80 del siglo XX, la modernización de la seguridad social en Chile.
Las bondades del régimen de reparto habían sido seriamente cuestionadas en 1960, cuando, por encargo del presidente Jorge Alessandri, se constituyó la Comisión de Estudios de la Seguridad Social, bajo la dirección de Jorge Prat Echaurren. El diagnóstico de los diferentes regímenes e instituciones obtenido el año 1964 fue muy concluyente al señalar que el sistema previsional a esas alturas estaba “condenado a desplomarse por injusto, por oligárquico, por discriminatorio y por ser ineficazmente oneroso, tanto para los ganadores de sueldos o salarios como para la producción nacional”.
No obstante, 40 años después de la mencionada modernización de la seguridad social existe evidencia que las pensiones del sistema de capitalización individual no lograron satisfacer todas las expectativas de muchos actuales pensionados de las AFP. Una primera explicación tiene que ver con la precariedad del empleo, la rotación laboral y el trabajo por cuenta propia, fenómenos que tendrían como efecto que algunas personas no ingresan a una AFP o si lo hacen, sus ahorros presentan lagunas de varios años sin cotizar; también porque una fracción de ellos no impone el 10% que corresponde a sus verdaderos ingresos, con el fin obtener un mayor sueldo líquido.
...el costo que tenía para los afiliados, financiar las pensiones medidas por las tasas de cotización que se registran en el período 1968-1970, era en promedio de 22,5 % en el SSS y un 25,8 % en la Caja EMPART. Una tercera explicación es el aumento de la esperanza de vida al nacer en Chile, la cual según datos de la OMS del año 2016 alcanza a los 76,5 años para los hombres y 82,4 para las mujeres. Esto trae consigo que los pensionados, al tener una mayor longevidad, ven que el fondo acumulado en una AFP debe repartirse entre más años y por ende disminuye el monto mensual del retiro programado o renta vitalicia de esos haberes.
Sin profundizar en la discusión técnica sobre las ventajas y desventajas del actual sistema previsional, está claro que el proyecto de ley para el mejoramiento de las pensiones que se discute hoy en el parlamento procura hacerse cargo de sus deficiencias con un importante consenso de no volver al sistema de reparto. El acuerdo político coincide hasta hoy en aumentar la tasa de cotización en un 4% con cargo al empleador.
...sufriría importantes cambios con los proyectos de reforma previsional y de seguro de sala cuna universal que está impulsando el Gobierno en el Congreso. En lo referido a la nueva cotización previsional del 17% (14,2% previsional, 1,25 % comisiones AFP y 1,53% seguro de invalidez y sobrevivencia) nos acercarían al promedio de 19% de los países OCDE.
Uno de los grandes aportes económicos de la capitalización individual en los diversos fondos de pensiones es el haber incrementado el ahorro interno y la inversión para la productividad de nuestro país.
...un total de USD$ 219 mil millones son los ahorros que tienen los trabajadores chilenos para financiar sus pensiones. Al cierre de enero, este número ya representa el 83,4% del Producto Interno Bruto (PIB), nivel histórico desde que se tienen registros. Hace seis años, en tanto, su peso era de 62,3% respecto del PIB y el fuerte avance que ha registrado se explica, de manera importante, por la rentabilidad que han tenido los fondos en el último tiempo. Resulta interesante contrastar que este activo del país es 83,4 veces el pasivo que representa para el erario nacional el gasto anual en el pago de pensiones de las FF.AA. por parte de Capredena.
Desde el punto de vista productivo dicha billonaria capitalización ha permitido una inversión directa de MMUS$1.067 y una indirecta de MMUS$155 en proyectos de infraestructura, con sólo el aporte de 0,73% de esos fondos. ¿Cuánto más se podría hacer para el desarrollo nacional si se incrementaran los 17 aportes a concesiones viales en proyectos productivos de otras áreas económicas nacionales?
...Chile es uno de los países de la OCDE en el que menor peso tiene, en términos de riqueza, el gasto social público y representa apenas la tercera parte del que dedica Francia, que aparece como número uno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explicó en un informe publicado este miércoles que el gasto social del Estado representó el pasado año un 10,9% en Chile, frente al 20,1% de media en los 36 estados miembros. Solo México registró un menor gasto con un 7,5% del producto interior bruto (PIB).
Remuneraciones en las Fuerzas Armadas
Si bien es cierto que, desde la perspectiva histórica, fue una decisión correcta el haber optado por la capitalización individual para el sistema previsional de nuestro país, no es menos cierto que para las jóvenes generaciones el valor esperado de la pensión está estrechamente ligada a un adecuado monto de las actuales remune. La carrera de oficial de Ejército es impartida por la Escuela Militar, que recientemente cerró su proceso de inscripción para el periodo de admisión 2025.
Cada uno de los diez grados que componen la trayectoria de oficial posee un determinado sueldo base que apenas supera o se acerca al millón de pesos en algunos estamentos. Cuando los estudiantes finalizan su paso por la Escuela Militar, el grado de alférez les sirve para "ejercer el mando con liderazgo sobre una sección de fusileros, en el contexto de las operaciones militares.
Por Ley de Transparencia, se accedió a la escala de remuneraciones de los oficiales del Ejército.
En este sentido, muchas personas consideran como una posibilidad entrar al Ejército. Es común y hasta popular en Hispanoamérica la idea de que los problemas del subdesarrollo son culpa de la herencia española. Pero nada más alejado de la realidad; entre 1800 y 1820, los niveles de vida de los trabajadores en la América española eran superiores, midiendo por la capacidad de compra de los salarios en productos como grano, carne y azúcar.
En el virreinato de la Nueva Granada en 1795, el sueldo anual del virrey era de 320.0000 reales. Biológicamente, las estaturas en Nueva España y Venezuela, eran similares a las europeas. Al igual que en los EEUU o Gran Bretaña existían diferencias sociales en las estaturas.
“El agricultor indio es pobre pero libre. Su situación es mucho mejor que la de los campesinos del norte de Europa, en especial rusos y alemanes. “¡Esto debe saberse en Europa! «El jornalero de la época virreinal, con 250 días de trabajo podía comprar 37,71 hectolitros de maíz, y en 1908 solamente 23,51 hectolitros. En 1792 podía comprar 23 medidas de 100 kgs de harina y en 1908 ya nada más que 5,25.
Dicho monto equivale, bajo el cambio actual, a unos $3.130.000 pesos chilenos.
Ante la propuesta, optó por alistarse e irse de su país. Como el gobierno colombiano ha estado monitoreando las salidas de veteranos -desde que al menos 20 de ellos estuvieran implicados en el asesinato del presidente de Haití en 2021- y se opone al reclutamiento de combatientes para Ucrania, Pinilla declaró que quería salir del país por motivos de turismo.
“Simplemente les dijimos a las autoridades que íbamos como turistas a Polonia”. Así, salió en un vuelo desde Bogotá hacia Madrid. Llevaba consigo una carta oficial ucraniana que confirmaba su alistamiento. Tras llegar a España, voló a Varsovia. Y, desde la capital polaca, tomó un tren hasta llegar a la frontera con Ucrania. Entró caminando.
“Revisaron mi pasaporte y luego me fui a la guerra”, contó Pinilla.
Las autoridades militares ucranianas pusieron al veterano colombiano al mando de una unidad de reconocimiento, que estaba conformada por una treintena de soldados. También le asignaron un traductor. Aún así, agregó Pinilla, gran parte de la comunicación se hace a través de aplicaciones de traducción que tienen en sus teléfonos celulares.
La Ley de Recompensas Militares de 1881
Durante la Guerra del Pacífico, los heridos discapacitados en los campos de batalla recibieron beneficios económicos del Estado. La Ley de Recompensas Militares de 1881 tipificó el grado de inhabilidad según criterios médicos, concediendo pensiones vitalicias ponderadas desde el sistema salarial vigente para las Fuerzas Armadas.
La Ley de Recompensas Militares determinó la constitución de una oficina gubernamental dedicada a la aplicación de sus artículos. Los interesados seguían el proceso oficial de acuerdo con su escalafón militar. Los oficiales presentaban una petición escrita, constancia de herida en campaña, informe de invalidez (elaborado por una comisión de tres cirujanos) e informe del jefe de la OT.
Si la unidad del solicitante se encontraba disuelta, la repartición militar era la encargaba de acreditar la identidad del interesado y certificar las razones por las que había sido baja durante la guerra. A su vez, si el batallón o regimiento aún se encontraba en territorio peruano, la responsabilidad del sumario recaía en algún oficial de la unidad en campaña.
Al ordenarse la instrucción del sumario, se llamaba a declarar a tres testigos que hubiesen conocido al solicitante durante o después de recibir la herida. Dictada la resolución del fiscal, el expediente era remitido a Santiago, y si era aceptado, el sujeto debía presentarse ante la comisión de cirujanos para el examen y certificación médica.
En la práctica, la tramitación de numerosos expedientes (de soldados) tropezó con dificultades de toda índole. Las “crudas acciones de guerra”, conjugadas con “un servicio médico lijeramente organizado”, influyeron para que el traslado de muchos heridos a “las distintas provincias del Sur” fuese realizado “casi inmediatamente despues de una accion de guerra”. No obstante, la OT también debió descartar las solicitudes que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley.
Este largo proceso de tramitación estuvo condicionado por las causales de retraso mencionadas más atrás y por el excesivo centralismo del Estado. Mientras los interesados debían presentarse en la capital en numerosas ocasiones “para ser reconsiderados de su invalidez o bien para que se les suministre el correspondiente aparato ortopédico”35, muchos expedientes quedaban sin dictamen final al ser “abandonados por los peticionarios”.
Algunos periódicos de la capital llamaban a descentralizar el proceso de acreditación de invalidez para que los interesados de provincia pudiesen acceder a los beneficios37. De esta manera, en mayo de 1882, el Comandante General de Armas de Coquimbo delegó a un par de oficiales, bajo la propuesta de que fuesen incorporados como auxiliares de la OT, para que levantasen “los sumarios a los individuos que por consecuencia de las heridas recibidas en funcion de guerra han quedado inválidos, de los diferentes cuerpos de la Guardia Nacional puestos en receso, asi como de los del Ejército que se hallan en igual caso”.
Una vez concedida la pensión, el Estado procuraba mantener el control del lisiado a través de su integración en el Cuerpo de Inválidos del Ejército. En esta repartición, el retirado cobraba su pensión y, al mismo tiempo, continuaba supeditándose a la conducta, doctrina y disciplina militar.
Antes de cualquier diligencia administrativa, el soldado debía ser examinado por la comisión de cirujanos, la que determinaba el tipo de invalidez y si se requería de “los aparatos ortopédicos necesarios para suplir artificialmente los miembros mutilados”40. En Chile, las prótesis para mutilados de guerra fueron un avance inusitado en el tratamiento médico. Antes del segundo conflicto con Perú y Bolivia, ninguna legislación había determinado la entrega de miembros artificiales a soldados inutilizados durante el servicio militar...
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