Existe consenso en la discusión pública sobre la premura de reformar el sistema de pensiones. Las movilizaciones contra las AFP han ayudado a visibilizar un tema que estuvo postergado por muchos años.

Orígenes y Evolución del Sistema Previsional Chileno

Durante la dictadura, en 1981, Chile modificó su antiguo sistema de reparto, a través de múltiples cajas de previsión, hacia uno basado completamente en el ahorro en cuentas individuales en administradoras de fondos de pensiones. El nuevo diseño fue pionero en incorporar la capitalización individual, pero se ubicó en un polo extremo de los sistemas de pensiones.

Antes de las AFP, Chile se regía por otra estructura muy diferente llamada Sistema de Reparto. Se podría decir que estas cajas de previsión equivaldrían a las actuales AFP. Según explica la Superintendencia de Pensiones en su sitio web, este método consiste en que “cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que las Administradoras realizan con los recursos de los fondos.

En 2008, producto de un amplio consenso, se introdujo el sistema de pensiones solidarias, que incorporó jubilaciones básicas solidarias y complementos en la jubilación de la población perteneciente al 60% de menores ingresos, a partir de los 65 años. Este nuevo modelo beneficia a cerca de 1,5 millones de personas en la actualidad y se integra virtuosamente con el modelo de capitalización individual, a modo de mantener los incentivos para ahorrar a lo largo de la vida. En consecuencia, el actual modelo no es el de 1981.

Desafíos del Sistema de Pensiones Actual

Los desafíos que enfrentan los sistemas de pensiones en el mundo son los mismos: incrementar el monto de las jubilaciones, lo que requiere un mayor ahorro, individual y colectivo, en el marco del envejecimiento de la población y el aumento en las expectativas de vida y tener sustentabilidad fiscal. Adicionalmente, Chile es la nación de América Latina que está envejeciendo de manera más acelerada. Las personas de 60 años y más ascienden a aproximadamente tres millones, un 15,8% de la población total. Hace casi 30 años atrás, en 1990, representaban solo el 9%. Las proyecciones apuntan a que en 2050 representarán el 30% del total.

El país al que nos dirigimos aceleradamente tendrá en 2050 menos de dos personas entre 15 y 59 años por cada ciudadano de 60 años y más. Solo hace 30 años esa relación era de siete individuos (y actualmente es de cuatro). En el caso de Chile, el sentido de urgencia para introducir cambios es fundado. De lo contrario, empeorarán las tasas de reemplazo (el porcentaje de sueldo que se percibe durante la vida laboral con el que un individuo se jubila) y las condiciones de vida en la vejez en las siguientes décadas. Esas son las consecuencias concretas de no lograr acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en los próximos meses.

El mismo documento proyecta que las jubilaciones serán aún más bajas entre 2025 y 2035, cuando jubilen quienes entraron al mercado laboral después de 1981. Por otra parte, se proyecta que las expectativas de vida de la población seguirán aumentando, mientras que las rentabilidades que están alcanzando y las que obtendrían los fondos de pensiones serán muy inferiores a las exhibidas previamente.

Problemas de Diseño de la Reforma de 1981

Varias de las trabas que están en la agenda necesaria de cambios en la actualidad provienen de un mal diseño en la reforma de 1981. El primero, la baja tasa de cotización actual de 10% sobre los ingresos. Al modificarse el sistema de reparto, las cotizaciones bajaron imprudentemente (entre 3 y 10 puntos, dependiendo de la caja previsional), sin fundamento en evidencia sobre las historias laborales efectivas. Un mejor modelo debe basarse en parámetros bien fundamentados en datos.

Un segundo problema de diseño entonces fue mantener edades mínimas para jubilarse, diferenciadas para hombres (65 años) y mujeres (60 años). La dificultad para abordar este problema, posteriormente, ha sido innegable y lamentablemente los gobiernos han evitado una necesaria reforma. El consenso técnico es que las edades deben homologarse para hombres y mujeres y elevarse en el futuro de acuerdo al aumento en las expectativas de vida.

El tercer problema de diseño de 1981 que afecta la discusión actual es el tratamiento especial que consagró para Carabineros y las Fuerzas Armadas. Este grupo actualmente tiene un sistema de reparto deficitario en más de un 90%, con un costo fiscal anual cercano a los US$1.900 millones y que considera beneficios de montos no comparables al esquema regular. Es un deber corregir esta situación, por cuanto el sistema de pensiones debiera ser el mismo para todos los ciudadanos.

Consideraciones Adicionales y Propuestas

Es fundamental que el aumento en la cotización comience a operar lo antes posible, porque su entrada en vigencia, como se indicó, será gradual. La consideración de seguros adicionales, en la línea del seguro de dependencia considerado por el gobierno actual u otras compensaciones solidarias pueden ser una adición importante.

Creo que lo anterior constituye la esencia de lo que debiera ser un acuerdo entre el ejecutivo y el parlamento. Entiendo las restricciones políticas que dificultan otras reformas; sin embargo, estas deben abordarse.

Sugiero que en el proyecto actual se considere un consejo autónomo u otra institucionalidad a la que se delegue el ajuste en los parámetros del sistema de pensiones, a partir de análisis fundados, con acceso a los datos mínimos requeridos y luego de la realización de los respectivos estudios actuariales. Con estos acuerdos y transformaciones, el sistema de pensiones podrá mejorar mucho. No abruptamente, pero con gradualidad, lograremos un mayor equilibrio, con mejores jubilaciones, más solidaridad y buenos incentivos para contribuir.

Contexto Histórico

“Mientras que en el año 1955 por cada 12,2 trabajadores cotizantes había 1 pensionado, en 1980 por cada 2,5 trabajadores cotizantes había 1 pensionado. A trabajadores y empleadores les resultaba más económico hacer imposiciones por el mínimo legal, preocupándose sólo de imponer por valores reales los últimos años de la vida activa del trabajador, cuando las imposiciones eran consideradas para la jubilación.

Año Trabajadores cotizantes por pensionado
1955 12,2
1980 2,5

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