En las últimas décadas, las Administraciones Públicas han realizado importantes esfuerzos para impulsar la transformación digital en pos de ofrecer al conjunto de la ciudadanía servicios más eficientes y de mayor calidad (España, 2020). El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, y su influencia en las interacciones sociales vienen siendo tematizadas desde las ciencias sociales, llegando a denominar a los entramados actuales como Sociedades 4.0 (Scribano y Lisdero, 2019).
Los cambios tecnológicos, la creación de plataformas y de sistemas que producen y almacenan información, modifican no solo nuestra forma de interaccionar, sino que organizan modos de percibir, comportarnos, apreciar y organizar la cotidianeidad de forma naturalizada (Scribano, 2022). Como puede verse en múltiples informes de organismos internacionales, grandes consultoras y gobiernos a nivel global (Deloitte, 2020; Kantar, 2021), estas tecnologías vienen modificando radicalmente las formas de producción y consumo: la industria, las empresas e incluso los estados deben montarse a la escalada digital, a la vez que “los datos”, su producción, almacenamiento y utilización son el insumo que moviliza la economía y las formas de estar con otros (Meneses Rocha, 2018).
Los estados y niveles de gobierno deben “estar en el aire” digitalizando sus procesos e implementación de políticas públicas, logrando que sus portales trasciendan el carácter informativo y permitan la interacción con la ciudadanía (Concha Roldán, 2006), las empresas deben incorporar diferentes formas de inteligencia de negocios, así como también mantenerse próximos y “sensibles” a los valores que los consumidores persiguen y respetan (Deloitte, 2020). Diferentes cuestiones motivan discusiones y reflexiones en torno a las intervenciones estatales.
Una de ellas, muy presente en el siglo XXI y fomentada a propósito del aislamiento a causa de la pandemia por covid-19 -aunque precede dicho contextoes la digitalización o los distintos procesos de digitalización que incumben al Estado y a las políticas sociales. El Estado se modifica con cada incorporación tecnológica que realiza, transforma sus intervenciones e impacta necesariamente en la sociedad. Los diferentes procesos de digitalización vinculados al ámbito público han sido denominados como E-state, gobernanza algorítmica, Estado ampliado (Criado, 2022; Esteinou Madrid, 2001), dando cuenta de las implicancias de dichos procesos en la actuación estatal, en los usuarios de los servicios y en las intervenciones mismas.
La sociedad de la información o cuarta revolución (Pacheco-Mangas et al., 2020) supone un proceso de transformación sin precedentes en las actividades sociales, económicas y culturales que ha incluido a las políticas públicas en general y a las políticas sociales en particular. Aún más, para Pérez Salazar (2020, p. 2) la digitalidad implica “la conversión última de todo signo en un código numérico, sobre el que es posible (con relativa facilidad) realizar operaciones de almacenamiento, transmisión y modificación”. La disponibilidad y almacenamiento de datos que permite “lo digital”, también ha posibilitado la aplicación de algoritmos en las diferentes intervenciones, que, de acuerdo con Camejo et al. (2022, p. 5) “establecen las diferencias, reconocen y operan divisiones en la población y se han constituido en mecanismos de discernimiento para determinar los beneficiarios legítimos de las políticas y excluir a quienes no lo serán, especialmente en el área de la asistencia social, cuyo auxilio se concentra en la selección de beneficiarios.
La situación de pandemia sanitaria por covid-19 ha acelerado estos procesos de digitalización (Jiménez, 2021; Kerikmae y Ramito Troitiño, 2022), pero también ilustra las grandes desigualdades que conlleva la exclusión en el uso de las tecnologías. La adaptación de las estructuras del sistema de protección social a los retos derivados de las nuevas tecnologías tiene especial impacto en el ámbito de la gestión (Goerlich Peset, 2018) así como, algunos autores, aluden a que permitirían el alcance de una sociedad más sostenible y justa (Kerikmae y Ramito Troitiño, 2022). Para Kerikmae y Ramito Troitiño (2022), las modificaciones implementadas, especialmente en el espacio público del sistema de servicios sociales, reducen el tiempo de espera de resolución, evitan duplicidades administrativas y dotan de una postura activa y protagonista a las personas beneficiarias.
En los últimos años, hemos sufrido según Chadwick (2009) un proceso de “exuberancia informativa” en el que la ciudadanía, cada vez más, tiende a producir, reproducir y compartir conceptos en los cuales, las redes sociales han sido protagonistas. Según Castells (2008), nos encontramos ante un fenómeno denominado “autocomunicación de masas”, caracterizado por la participación activa de la ciudadanía en la creación y difusión de contenidos digitales, que son comentados instantáneamente de manera bidireccional. Esto también ha dado en llamarse cultura de la colaboración, aludiendo a la participación abierta en el proceso de creación de información (Sánchez Martínez, 2015).
Como venimos recuperando, las políticas sociales en el mundo digital/virtual se han desplegado en múltiples espacios digitales con arquitecturas, fines y modalidades distintas. Diferentes estudios realizados en Argentina1 han venido observando cómo las políticas sociales poseen diversos ámbitos de despliegue o en relación a 3 ejes: el uso de internet en los mecanismos de la implementación (entrega de documentación, inscripción en sitios web, verificación del cumplimiento de condicionalidades, uso de apps en la implementación, uso de cuentas y billeteras virtuales para el pago); las relaciones entre sus receptores a través de redes sociales: utilización de blogs y redes sociales para comunicarse y compartir información y, por último, la exposición en las redes de los funcionarios directamente vinculados con las intervenciones así como de los propios organismos ejecutores (Annunziata et al., 2017; Weinmann y Dettano, 2020).
Esto da cuenta, tal como señalan Cena y Dettano (2022), Cena (2022) y De Sena et al. El presente trabajo nace con la aspiración de comparar -a modo exploratorioalgunas políticas de lucha contra la pobreza emergentes en el contexto de pandemia por covid-19 en el estado argentino y español. El objetivo general del escrito es identificar dudas, expresiones en torno al proceso de inscripción y miradas sobre tres políticas de transferencias de ingresos o garantía de ingresos, emergentes en el contexto mencionado. Si bien no son estrictamente iguales, guardan algunos elementos semejantes que impulsan la comparación o -al menosalgunas reflexiones entre ellas, sus distancias y proximidades.
Para analizar el caso argentino, se utiliza en primera instancia, información oficial disponible sobre las dos políticas observadas (Decretos, leyes e informes del organismo implementador), así como bibliografía académica ocupada en su indagación y análisis que nos permita reconstruir y caracterizar las dos políticas estudiadas. Ello ha consistido en una observación y registro de las publicaciones y comentarios que tuvieron lugar en ambos grupos en los momentos de inscripción a las prestaciones. Para el caso del IFE, se grillaron un total de 450 comentarios en el mes de agosto de 2020 y para el Refuerzo Alimentario se construyó una matriz de 242 comentarios recogidos entre finales de octubre y noviembre de 2022.
La etnografía virtual (De Sena y Lisdero, 2015; Dettano y Cena, 2020; Gómez Cruz y Ardevol, 2013) consiste en la presencia continuada del investigador en los entornos virtuales donde las interacciones de interés se despliegan. En tanto estrategia, la misma consiste en ir variando los grados de estructuración y participación que permiten el acercamiento al objeto de estudio. Por ello, se comenzó observando los grupos de interacción de los receptores creados a propósito de dichas prestaciones -incluso llevan en su nombre el nombre del programa-, formando parte de los mismos -como miembros o seguidorespara luego comenzar a hacer un registro de comentarios y posteos seleccionados al talle de los objetivos del estudio.
La estrategia de muestreo seleccionada fue de máxima variación (Scribano, 2008). Para analizar el caso español, inicialmente, se ha realizado una revisión exhaustiva de la literatura disponible en el marco de la prestación del Ingreso Mínimo Vital. En segundo lugar, se realiza un análisis cuantitativo de fuentes secundarias estadísticas para abordar los cambios en la legislación y en la evolución de las personas perceptoras en la prestación de manera comparada. A este respecto, se ahonda en los principales ejes de análisis del conjunto de los informes disponibles de Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio Español de Derechos Sociales y Agenda 2030, desde el año 2016 hasta el 2021.
Asimismo, se han analizado los datos oficiales disponibles de altas acumuladas, a fecha agosto de 2023, de la prestación estatal de IMV. En este sentido, se registran las publicaciones y comentarios que van surgiendo en cada uno de los grupos, mostrando especial atención a (en semejanza al caso argentino): Dudas, expresiones en torno al proceso de proceso de solicitud de la prestación del IMV y miradas sobre la prestación. Para ambos países, esta estrategia metodológica tiene por finalidad comprender los cambios en las dinámicas de acceso a las prestaciones.
En Argentina, el escenario previo a la pandemia ya exhibía algunos rasgos que posicionaban a las políticas sociales como intervenciones estatales con una importante centralidad. Ya se había caracterizado su aplicación en términos de masividad (De Sena, 2011), dando cuenta de la multiplicidad de intervenciones que conviven desde hace décadas, donde se superponen implementaciones de nivel nacional, provincial y municipal. También se ha aludido a procesos de digitalización creciente en las mismas, así como también su bancarización y monetarización (Cena y Dettano, 2020; Dettano et al., 2019). En este marco, las diferentes y variadas medidas que se fueron aplicando en el contexto pandémico en el país, tuvieron como objetivo explícito paliar las consecuencias que tendría lo que se denominó como Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Los diferentes documentos, boletines y reflexiones acerca del problema y su abordaje mencionan las diferentes medidas que, pese al limitado espacio fiscal, buscaron atenuar el impacto recesivo y regresivo y cuyo beneficio recaería en los segmentos más golpeados y en los grupos adjetivados como los más vulnerables (Jefatura de Gabinete de Ministros, 2020). Las políticas que se analizarán sobre el período 2020-2022 son: el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el denominado Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos (RA). Ambas han sido implementadas en dos momentos diferentes -al inicio del aislamiento y finalizando el año 2022-, por lo que sus objetivos fueron distintos, así como también su población objetivo.
Ahora bien, la primera política analizada se crea por medio del Decreto 310/2020 y se denomina Ingreso Familiar de Emergencia, el cual, en un principio se pagaría desde mediados de abril, por única vez y se liquidaría a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La población destinataria fue definida como personas trabajadoras informales y/o monotributistas de las primeras categorías. La inclusión al programa se delimitó por una serie de atributos: la situación laboral y económica del grupo familiar al cual pertenece la potencial persona receptora2, ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años; y tener entre 18 y 65 años de edad3.
El IFE fue compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE)4, el Progresar, el empleo como personal de casas particulares, el cobro de asignaciones familiares correspondiente al subsistema contributivo para personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y con las asignaciones familiares para los trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial de Contrato de Trabajo. De acuerdo con la información publicada por ANSES luego de la aplicación del primer IFE, la cantidad de personas receptoras seleccionadas a nivel nacional fue de casi 8,9 millones de personas, representando el 19,5 por ciento de la población total. Entre ellas, la proporción de mujeres fue mayor (4,9 millones -55,7 por ciento) a la de los hombres (3,9 millones -44,3 por ciento-).
En cuanto a la distribución por edades el 33% tiene entre 25 y 34 años, el 28,2 por ciento tiene entre 18 y 24 años, mientras que el rango etario que menor presencia posee es el que va de los 55 a los 65 años con un 7,1 por ciento. Sobre la modalidad de pago, para el cobro del primer IFE, se habilitaron cinco modalidades: 1) Acreditación en Clave Bancaria Uniforme (CBU) propia; 2) Cajero Automático de Red Link-BNA; 3) Acreditación en una cuenta creada a partir del número de documento de identidad; 4) Cajero Automático de Red Banelco y 5) Cobro en efectivo en Correo Argentino.
Luego de la primera implementación, se estableció como condición de posibilidad del cobro tener una cuenta bancaria e informar el CBU a ANSES. Incluso los bancos habilitaron la creación de cuentas bancarias gratuitas utilizando dispositivos móviles como celulares sin necesidad de recurrir de manera presencial (envío de fotografía de DNI y reconocimiento facial). Tal como señala ANSES, en la primera liquidación del IFE se crearon alrededor de 500 mil cuentas DNI, por lo que la intervención bajo estudio habilitó un nuevo proceso de bancarización, que se adiciona ...
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