Un paro de empleados municipales ha generado una situación delicada, afectando a los ciudadanos en su vida cotidiana y evidenciando tensiones laborales en el sector público. Una de las consecuencias más dramáticas y riesgosas es la acumulación de basura en varias comunas.
La conducta de presionar de manera indebida que han asumido los funcionarios municipales parece haber sido incentivada por el escenario electoral que enfrenta el país y donde los trabajadores de los municipios cumplen un rol importante. Es obvio que estos apuestan a obtener compromisos del gobierno y de los candidatos de acoger sus demandas por la vía de amenazar la normalidad de las elecciones.
Si bien sus representantes sostienen que no está dentro de sus objetivos sabotear las elecciones, su intransigencia ya ha obligado al Ejecutivo a diseñar un plan B que permita el desarrollo del proceso eleccionario. Además de la amenaza ante las próximas elecciones presidenciales y legislativas, los puntos en discusión recaen en situaciones como las de Valparaíso, en que el paro de recolectores municipales, ha afectado a la comunidad.
Demandas y Justificaciones
Pese a las críticas del presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que la acción no se justificaba, los alcaldes de Lo Prado y Colina expresaron que la acción de los funcionarios es de toda justicia, por lo que apoyan la causa de un bono de gestión equivalente al de los funcionarios públicos.
Las demandas planteadas por los funcionarios municipales de distintas asociaciones nacionales son legítimas y debieron haber sido respondidas hace tiempo atrás. No tiene ninguna justificación que los trabajadores municipales tengan una situación de desmedro tan injusta en relación a otros funcionarios públicos y, particularmente, los del gobierno central. Las organizaciones representativas de los trabajadores municipales han planteado insistentemente sus demandas y no han sido escuchados.
Acciones del Gobierno y Propuestas
Es necesario recordar que ha sido este Gobierno el que cumplió con la histórica aspiración de los funcionarios municipales, de igualar su remuneración base con aquella de los empleados fiscales. Adicionalmente, y producto de un permanente trabajo conjunto con los dirigentes municipales, implementamos convenientes planes de retiro para mejorar sus pensiones y creamos nuevas asignaciones para los trabajadores municipales.
Consideramos justa la nivelación de la asignación de los Programas de Mejoramiento de Gestión entre el sector municipal y fiscal, lo cual significa triplicar las asignaciones de los funcionarios municipales y compromete 50.000 millones de pesos por año. Esto, si bien no será de cargo de éste sino de los próximos Gobiernos, nos exige actuar con responsabilidad y hacerlo de manera gradual.
Sobre esta base, los propios Dirigentes Nacionales de los trabajadores municipales plantearon a sus bases una nueva propuesta.
Responsabilidad Social y Legal
Ante estas actitudes, debemos recordar la responsabilidad social que tienen los Alcaldes con sus propios vecinos y la solución de sus problemas. De igual forma, la obligación legal que los hace responsables de la correcta administración de los recursos financieros de las municipalidades, que pertenecen a todos los chilenos, ante la expresa prohibición legal de pagar remuneraciones por trabajos no realizados.
Situación en la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ)
A través de una carta dirigida al ministro de Justicia, la Federación Nacional del Acceso a la Justicia (Fenadaj) denunció graves deficiencias en la infraestructura, cierre de oficinas por falta de personal y una sobrecarga laboral extrema. Durante los días 26 y 27 de marzo, la Corporación de Asistencia Judicial de diferentes regiones no realizó trabajo alguno en la atención de público.
Para Eduardo Díaz, Presidente Regional Asociación Corporación de Asistencia Judicial de Antofagasta, señala que “hemos visto una postura a nuestro juicio equivocada del gobierno, particularmente del Ministerio de Justicia, que ha cerrado las puertas de una negociación que venía desde un tiempo ya llevándose en miras a la creación del nuevo servicio nacional de acceso a la justicia. En ese mismo ámbito, el dirigente de la región de Los Lagos, Luis Ojeda, detalla las demandas del gremio ante el incumplimiento del acurdo firmado con las autoridades de justicia.
El dirigente de la zona sur Luis Ojeda, finaliza señalando que “en primera etapa de esta movilización tenemos dos días, el 26-27, que se convocó a Paro Nacional, a todas las unidades de la corporación para efectos de hacer saber y sentir y hacer un llamado a la autoridad. Por su parte, Mónica Artal directora regional de la asociación de la CAJ Valparaíso, remarcó que «estamos exigiendo homologación, dignidad para los trabajadores y reemplazos que no tenemos, lo que provoca en cada uno de los trabajadores y trabajadoras un agotamiento tanto físico como mental por la alta carga laboral que hay. Las y los trabajadores organizados en la Federación Nacional de Asistencia Judicial (Fenadaj) determinarán si su paralización se extiende o no la próxima semana.
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