El año pasado, cuatro grandes empresas mineras que operan en el Cesar, Colombia, presentaron al Ministerio de Ambiente solicitudes para ampliar la explotación de sus tajos de carbón o para reactivar minas que mantenían cerradas.
La empresa Operación Integrada Carbones de La Jagua tenía planes de ampliar su proyecto en el municipio de La Jagua de Ibirico. C.I. Prodeco ajustaba sus cuentas de exportación con la mina de Calenturitas ampliada. Vale Coal quería elevar la producción del proyecto El Hatillo, Cerro Largo Sur y Las Cuevas.
Pero la locomotora minera del Cesar se estrelló en los últimos tres meses con un obstáculo: el aire de la zona sobrepasa los límites permitidos de contaminación y arrojar un gramo más de material particulado es ir en contravía de todas las recomendaciones ambientales.
Por esta razón, en marzo de este año a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente, no le quedó otra opción que meter el freno a la locomotora y negar las modificaciones presentadas por cuatro mineras: Operación Integrada Carbones de La Jagua, Vale Coal, C.I.
En Plan Bonito, por ejemplo, la red de estaciones para el monitoreo de la calidad del aire, operadas por Corpocesar en colaboración con la Universidad Industrial de Santander, detectó en su último reporte niveles de partículas suspendidas totales (PST) de 151,22 µg/m³, cuando el máximo nivel permitido es de 100 µg/m³ al año. En la vía a La Jagua esos niveles fueron de 137,60 µg/m³.
Además de los niveles críticos de contaminación del aire tienen otra tarea pendiente: reasentar tres poblaciones cuyos habitantes respiran diariamente ese aire polucionado. Pero no acaba ahí el problema para las empresas mineras.
Según lo acordado entre las comunidades, las empresas y el Gobierno, el primer reasentamiento debió cumplirse en septiembre del año pasado, justo la época en que las empresas solicitaron los nuevos permisos.
Luz Helena Sarmiento, directora de ANLA, reconoce que las empresas han hecho algunos esfuerzos por reducir las emisiones, pero no han sido suficientes, y la zona seguirá declarada como área fuente de contaminación hasta que cambien los resultados de la medición, que es anual.
Respecto a los reasentamientos dice que el consorcio debió comenzar a hacer desde hace cinco años lo que apenas en febrero de este año comenzó a hacer.
Hace unos meses las empresas mineras unieron esfuerzos y contrataron a una consultora internacional experta en el reasentamiento de poblaciones.
Según la funcionaria, la idea no es interponerse en una expansión minera que beneficia al país, pero eso no puede hacerse a costa del medio ambiente y la salud de las personas.
Por lo pronto se tiene prevista una evaluación de la calidad del aire en agosto de este año, para revisar los permisos.
Con el nuevo puerto, Drummond quedará con una capacidad para cargar 60 millones de toneladas al año. El ejecutivo se abstuvo de comprometerse con una fecha específica para la inauguración del puerto y la reanudación de las exportaciones.
"No quiero comprometerme con una fecha exacta pero va a ser antes de finales de este mes", afirmó Linares. La empresa, que no logró concluir las obras antes del 31 de diciembre del año pasado, atribuyó el retraso a la huelga.
Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón, su segunda fuente de divisas después del petróleo.
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