El debate sobre la reforma de pensiones en Chile se ha centrado en una negociación entre el gobierno, la derecha y los empresarios que perpetúa el sistema de AFP, una maquinaria diseñada para condenar a la mayoría de la clase trabajadora a recibir pensiones miserables. Lejos de ofrecer una solución real al problema, esta reforma legitima un modelo fracasado que beneficia exclusivamente a los sectores privilegiados de la sociedad.
El Sistema de Capitalización Individual: Un Pilar Fallido
El sistema de capitalización individual, pilar angular de las AFP, es incapaz de asegurar una vejez digna para los trabajadores. Solo aquellos con ingresos altos logran acumular ahorros significativos, mientras que la mayoría, precarizada y feminizada, queda con montos irrisorios. Este impacto se profundiza en las mujeres, quienes enfrentan salarios más bajos y trayectorias laborales interrumpidas debido al trabajo de cuidado no remunerado.
El Aumento de las Cotizaciones: ¿Una Solución Real?
Además, el aumento de las cotizaciones, presentado como una solución, solo implica reducir aún más los ingresos inmediatos de los trabajadores para engordar las arcas de las AFP y los grupos empresariales que controlan la economía. Estos fondos son utilizados para capitalizar empresas que, paradójicamente, luego pagan salarios el salario minimo. La consecuencia: pensiones que no superan ni un cuarto del salario promedio, dejando a muchos jubilados por debajo de la línea de la pobreza, especialmente a quienes ganan el sueldo mínimo. Estamos hablando de pensiones autofinanciadas que no superan los 80 o 90mil pesos que se suman al piso de la PGU que apenas llega a los 224mil pesos.
Críticas al Sistema de AFP
Las AFP son empresas privadas, a las cuales el DL 3.500 de 1980, les entregó un mercado cautivo, al obligar (artículo 2) a todo nuevo trabajador a cotizar exclusivamente en una AFP, sin posibilidad de cotizar en alguna de las Cajas de Previsión existentes hasta esa época. En virtud de este precepto de la Constitución de 1980, ninguna ley podría obligar a un trabajador a afiliarse exclusivamente a una AFP como sistema previsional.
Las Comisiones de las AFP: Un Robo Legal
Las cotizaciones que se deben pagar a las AFP son de dos tipos: 10% que va al Fondo de Pensiones de cada trabajador, y la Cotización Adicional que históricamente, -de 1981 a 2009-, fue en promedio un 3%, monto que va directamente a las AFP para que administren el Fondo de 10%. Cualquier lector avezado se da cuenta que es inconcebible que se pague una comisión de 3 pesos, dólares, o euros por administrar un Fondo o depósito de 10 pesos, dólares o euros. ¡Un 30%! Es un verdadero robo, pero es un robo legal, autorizado por el DL 3.500, y los trabajadores no tenían la posibilidad de escoger otro sistema. Por cada $100 de salario, te descuentan $13, de los cuales solo $10 van a tu Fondo de Pensión. Los otros $3 van directamente a las faltriqueras de las AFP. De este monto un tercio cubre los gastos de administración del sistema y el seguro de invalidez y sobrevivencia. El resto es ganancia neta para las AFP, es decir $2, equivalentes al 20% del Fondo. Así ocurre todos los meses y todos los años, desde 1981 a la fecha. Es la más colosal estafa contra los trabajadores que conoce la historia de Chile.
Nunca en la historia chilena y quizás mundial, se ha visto un negocio más extraordinariamente seguro para una empresa privada que las AFP. Cuentan con un mercado cautivo, sin riesgo de pérdida para la empresa por su mala gestión. El resultado para los trabajadores es lamentable, porque el sistema entrega pensiones miserables. Según las propias AFP, las mezquinas pensiones que ofrece este sistema tienen su origen en las crisis financieras internacionales que afectan el valor de los activos en que se invierten los fondos. Según este razonamiento, las exiguas pensiones no son de la responsabilidad de las AFP, sino del sistema financiero internacional. Razonamiento falso, si se tiene en cuenta que quienes se ocultan tras los mercados financieros no cesan de concentrar la riqueza producida en el mundo: el año pasado, 2017, los milmillonarios vieron aumentar sus ingresos en un… 20%.
Otro argumento de las AFP y sus defensores, para explicar las bajas pensiones, tiene que ver con los bajos salarios y las “lagunas” laborales y previsionales. Decenas de miles de profesionales que gozaron de estabilidad en el empleo, que cotizaron 40 años y más, sin “lagunas” previsionales, perciben pensiones que equivalen a un 30% del salario que recibían antes de jubilar. Dizque para mejorar la rentabilidad, y paliar los riesgos del mercado -un verdadero casino- en que se invierten el dinero acumulado, las AFP crearon, en el año 2002, diversos tipos de fondos. Unos de mayor riesgo, pero que podrían generar una rentabilidad mayor. Otros fondos de menor riesgo, generarían una baja rentabilidad. Cada cual debe decidir si se juega todo a la ruleta de una vez, o si prefiere perder plata gradualmente. Estas medidas no han logrado aumentar la rentabilidad de los fondos y por ende las pensiones.
El Caso Provida: Un Ejemplo de la Estafa
El 3 de marzo de 1985 un terremoto sacudió la zona central de Chile. Todavía se sentían las réplicas cuando comenzó una implacable campaña represiva desatada por los servicios de seguridad de la dictadura. Los secuestros, asesinatos y falsos atentados con bombas cobraron una intensidad inusitada incluso para los parámetros del régimen. Quizá este contexto explica el poco ruido que generó una querella presentada el 5 de junio de 1985 ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago. La patrocinaban cuatro abogados democratacristianos y no apuntaba a los agentes y servicios represivos, sino al directorio completo de una AFP. “Fue específicamente contra Provida, que era la más grande”, recuerda hoy a sus 73 años el abogado Ramón Briones. “La querella la redactamos yo y Hernán Bosselin, y la patrocinaron también Adolfo Zaldívar y Ricardo Hormazábal”.
En las 30 carillas del escrito los querellantes buscaron demostrar con datos obtenidos de los estados financieros de Provida (ver artículo La AFP que nunca existió) que ésta se adueñaba mañosamente de una parte de la cotización adicional de los afiliados. “La figura consistía en cobrar diez (es un ejemplo) para pagar el seguro de invalidez y sobrevivencia que las AFP contrataban en compañías de seguro, pero a las que en realidad pagaban cinco o seis”, explica Briones.
“La querella avanzó muy rápido en tribunales, y entonces el gobierno se vio obligado a dictar una norma legal para aclarar esta situación, lo que en la práctica significó validar el cobro excesivo que estaban haciendo las AFP”, recuerda Briones.
El remanente obtenido era contabilizado como ingreso operacional, algo que hasta ese momento prohibía expresamente el decreto ley 3.500 que regula a las AFP. Prácticamente toda la utilidad de los ejercicios de 1983 y 1984 provenía de esta apropiación indebida.
Conocida como “la AFP de don Francisco” por su campaña publicitaria con el rostro del conocido animador, Provida se encontraba bajo administración judicial después de la bancarrota de su matriz, el grupo Cruzat Larraín. El uso irregular de los fondos era un vicio que se arrastraba desde sus inicios y que se multiplicó con motivo de la crisis económica de 1983.
Como un gesto de amonestación menor, el superintendente Ariztía Matte castigó a Carlos Eugenio Lavín y a Hugo Bravo con una multa de 150 y 500 UF respectivamente, y exigió la salida de ambos de Provida.
Los abogados de la DC habían detectado la punta de un iceberg que era la insolvencia del sistema. Según Ramón Briones, “sin la maniobra con la cotización adicional y las pólizas no habrían podido resistir, habrían quebrado las AFP y la querella lo explicaba. La única forma que tuvieron de sostenerse fue con el ingreso de estos dineros ilícitos”.
La estafa de Provida contaba además con otro elemento. La misma compañía de seguros estaba coludida con la AFP y se trataba del Consorcio Nacional de Seguros. Ambas habían formado parte del grupo Cruzat Larraín y los ejecutivos pertenecían al mismo club: Lavín, Bravo y Carlos Alberto Délano, más tarde fundadores y articuladores del grupo Penta.
Reacción y Cambios Legales
La querella de los abogados DC fue un verdadero misil para los planes del gobierno de transformar a las AFP en la palanca para reactivar la economía y el mercado de capitales, y dar el puntapié inicial para la privatización de empresas estatales. El superintendente de pensiones de la época, Juan Ariztía Matte, quien por entonces trabajaba elaborando parámetros para determinar en qué instrumentos financieros podrían invertir las AFP, se encontró con una bomba y actuó en consecuencia. Mientras el proceso avanzaba en el segundo juzgado del crimen, puso a trabajar a sus equipos técnicos para elaborar una nueva normativa que regulara la contratación de las pólizas de seguro. “La querella avanzó muy rápido en tribunales, y entonces el gobierno se vio obligado a dictar una norma legal para aclarar esta situación, lo que en la práctica significó validar el cobro excesivo que estaban haciendo las AFP”, recuerda Briones.
La primera reacción vino por parte de la Superintendencia de AFP en mayo de 1987. Por medio de la circular Nº 429, la agencia gubernamental liderada por Ariztía les ordenó a las AFP realizar licitaciones públicas para la contratación del seguro, entre otras medidas. De esta forma las administradoras quedaban impedidas de contratar la póliza con compañías de seguro relacionadas (controladas, como vimos, por los mismo grupos económicos).
Pero esto no fue todo. La falla sistémica detectada por los abogados DC requirió ir más allá: modificar el sacrosanto Decreto Ley 3.500. Por medio de una sustantiva reforma promulgada en agosto de 1987, se realizaron diversas modificaciones que de alguna forma legalizaban el cobro excesivo y apropiación indebida que realizaban hasta entonces las AFP. Entre otros cambios, la ley 18.646 permitió a las AFP cobrar una comisión adicional justamente por la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. Con todas estas modificiones reglamentarias y legales no sólo se le salvaba el pellejo a Provida, sino que a todo el sistema de AFP y con ello a la viga maestra del modelo económico impuesto en dictadura.
Como un gesto de amonestación menor, Ariztía Matte castigó a Carlos Eugenio Lavín y a Hugo Bravo con una multa de 150 y 500 UF respectivamente, y exigió la salida de ambos de Provida. No lo hizo invocando la acusación de la querella, lo que equivalía a validarla, sino otro pecadillo que el dúo Lavín-Bravo venía practicando desde hace un tiempo: compraban instrumentos financieros a una empresa relacionada del grupo Cruzat Larraín, SOVIN, a precios inflados y generando pérdidas al fondo de pensiones. El Mercurio informó en una escueta nota que la renuncia de Lavín había sido “aceptada” por el directorio de Provida. Acto seguido fue recontratado como asesor.
Retiros de Fondos y Ciberseguridad
En el marco del segundo retiro de fondos de las AFP, el Gobierno se prepara para que este proceso sea lo más rápido posible y ciberseguro. Por eso, la Subsecretaría del Interior ya se encuentra monitoreando la creación de posibles sitios fraudulentos y/o campañas de phishing relacionadas a este tema. Además, junto con la Superintendencia de Pensiones lanzaron importantes consejos para prevenir estafas virtuales. Según informó la Superintendencia de Pensiones (SP), el segundo retiro de fondos comenzará a regir a más tardar desde las 09.00 de este jueves 10 de diciembre y durante las dos primeras semanas el proceso se realizará por vías no presenciales, es decir, a través de las plataformas web y call center.
Durante el primer retiro de fondos de pensiones la Subsecretaría del Interior, a través del Equipo de Respuesta Ante Incidentes de Seguridad Informática, CSIRT, alertó a la ciudadanía sobre distintas campañas de phishing provenientes supuestamente de una entidad bancaria invitando a realizar el trámite a través de un enlace. Si la persona seleccionaba ese link se expondría al robo de sus credenciales.
“Estamos trabajando y poniendo todos nuestros esfuerzos para que quienes necesitan retirar su 10% lo hagan de forma segura y no tengan mayores problemas. Les hemos pedido a la AFP a través de su Asociación gremial que tomen las medidas de resguardo necesarias, y estamos trabajando en conjunto con la Superintendencia de Pensiones para iniciar una campaña con consejos para disminuir la posibilidad de que las personas sean víctimas de alguna estafa. Además, como Ministerio del Interior ya estamos monitoreando la posible creación de sitios fraudulentos u otros sistemas que buscan engañar a las personas.
“El proceso de retiro de fondos no tiene intermediarios, se debe realizar sólo a través del sitio web oficial de cada AFP y no respondiendo a un correo o mensaje de texto en que solicite hacerlo. Las campañas de phishing se caracterizan por tener faltas de ortografía o errores en el diseño. Desconfía de los correos alarmantes. Descarga aplicaciones oficiales. Para obtener información sobre el retiro del 10% de la AFP, utiliza fuentes confiables. Nunca entregues contraseñas ni credenciales de inicio de sesión de redes sociales, cuentas de correos, servicios financieros, bancos o de plataformas en las que estés registrado.
“Invitamos a la ciudadanía a estar atentos a los mensajes o correos electrónicos que puedan recibir y ser críticos con la información. Los ciberdelincuentes se aprovechan de las vulnerabilidades y necesidades de las personas para crear estafas creíbles.
Alternativas al Sistema de AFP
Ante este escenario, la clase trabajadora no puede conformarse con este pacto de élites. Es urgente rechazar la reforma negociada entre el gobierno y las oposiciones y movilizarse contra esta nueva estafa histórica. El camino no es perfeccionar un modelo que nació para el beneficio de los empresarios. La solución pasa por acabar con las AFP y su modelo de capitalización individual. Debemos avanzar hacia un sistema de reparto solidario, administrado por comités compuestos por jubilados, trabajadores y técnicos. Este modelo debe garantizar pensiones dignas, sobre la línea de la pobreza, para quienes han trabajado toda su vida.
La lucha por un sistema de pensiones justo es también una lucha contra la precarización laboral y el abuso empresarial. Solo la movilización y la organización podrán imponer un modelo que ponga a las y los trabajadores en el centro, en lugar de los intereses del gran capital. Es hora de que la clase trabajadora retome la iniciativa y ponga fin a décadas de explotación disfrazada de promesas de estabilidad.
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