En un contexto continental tenso, con protestas y revueltas populares en varios países, Bolivia también experimentó momentos de alta conflictividad. Se evidenció una intentona de las derechas y oligarquías por derrumbar al Gobierno encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera.
Contexto Histórico Previo
En todos los países del continente la construcción de los estados fue desde inicios de las repúblicas nacionales un proceso altamente oligárquico y excluyente. En el caso boliviano, con una de las mayores proporciones de población indígena, esto ocurre con una abundante historia de revueltas populares y la resilencia de significativas capacidades comunitarias y de construcción de formas de autonomía de pueblos originarios, pero, de todas formas, bajo un Estado constituido y controlado por una minoría oligárquica y ajena a la mayoría social y cultural indígena.
En ese marco, poniendo fin al Estado Oligárquico caracterizado por su carácter fallido y por grandes extensiones de pérdidas territoriales (el Litoral con Chile, el Acre con Brasil, el Chaco con Paraguay), en 1952 estalla la llamada “Revolución Nacional”. Esta alianza de fuerzas impulsa entre otras medidas una Reforma Agraria, la nacionalización minera, y la ampliación del sufragio, instaurando lo que se llamó el “Estado del ’52”, en un controlado o “desde arriba” proceso reformista-revolucionario, que a pesar de ciertos rasgos autoritarios, impulsó la sindicalización obrera, minera y rural, inició un incipiente nacional-desarrollismo, y abrió espacios a actores entonces excluidos de la escena política e institucional, como los sectores sociales expresados en la referencial Central Obrera Boliviana, COB, fundada precisamente en la coyuntura de la Revolución Nacional sobre la base de la preexistente y nutrida tradición sindicalista boliviana, creada sobretodo a partir de los núcleos mineros y los centros de trabajo industrial más avanzados en la escena del país.
Pero los cambios promovidos por el “nacionalismo revolucionario” fueron obstaculizados de manera creciente por las elites reaccionarias y también por las propias dirigencias del proceso, lo cual, junto a la radicalización no totalmente procesada por el nuevo orden instaurado, decantó en una fuerte reacción de los sectores más retardatarios y conservadores, quienes encabezaron sucesivos golpes y regímenes militares (el primero, en 1964, fue juntó a Brasil los primeros golpes de estado de nuevo tipo en Sudamérica), dinámica que puso a varios presidentes venidos de las filas militares, entre ellos la referencial dictadura de Hugo Bánzer (entre 1971 y 1978).
La maduración y alianza entre actores sociales expresados en las organizaciones CSUTCB y la COB y otras expresiones organizativas que fueron surgiendo desde fuera de la institucionalidad constituida y/o en tensión con ella, fueron marcando el desarrollo de actores y fuerzas sociales que serían centrales en las décadas posteriores.
Las políticas de instalación neoliberal y privatización tuvieron en el sector minero una de sus expresiones más evidentes, y con ello el otrora referencial movimiento sindical que tenía su expresión más consolidada entre los trabajadores mineros, fue perdiendo fuerza y poder de presión. Junto a ello, se inauguraría una época de creciente organización campesina, y la progresiva irrupción de la cuestión indígena originaria.
Por la maduración previa y la caída y crisis de las referencias tradicionales de las izquierdas y los diversos nacional-desarrollismos, los sectores populares y sus organizaciones de avanzada fueron progresivamente profundizando las raíces y lazos con lo identitario y cultural, y de manera creciente, su identificación como pueblos y sujetos colectivos demandantes ya no de “tierra” y “reforma agraria si no que de “territorio” y propiedad colectiva de la tierra, con todas sus determinaciones económicas, culturales y socioambientales, y el reconocimiento de formas de interculturalidad, autonomía y autogobierno.
La primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada entre 1993 y 1997 marcará la intensificación neoliberal y el ya completo desdibujamiento del otrora nacional-desarrollista MNR, reconvertido al neoliberalismo y la dinámica parlamentarizada y elitizada que dominó la escena de esos años.
En el mundo popular, por su parte, el otrora fuerte movimiento obrero encabezado por la COB, perdió su fuerza en torno a los procesos de intensificación neoliberal.
Por otra parte, en 1995 la CSUTCB organiza su Congreso “Tierra, Territorio e Instrumento político”, y con el impulso central del campesinado cocalero de la región de Cochabamba (en buena medida provocado por la migración desde los centros mineros, y propiciado por el ataque de las políticas prohibicionistas frente al cultivo de coca), se da lugar a la “Asamblea por la Soberanía de los Pueblos” y después “Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos”, que luego ocupará los nombres de “Izquierda Unida” primero, y “Movimiento Al Socialismo, MAS”, después.
Movilizaciones Sociales y Demandas Constitucionales
Como hito de dicha trayectoria, las movilizaciones sociales ocurridas entre los meses de abril y septiembre del 2000 pusieron ya de manera insoslayable, junto con el rechazo a la privatización del agua en manos de una empresa transnacional, la demanda social por un nuevo orden constitucional, apareciendo progresivamente la idea de convocatoria de una asamblea constituyente.
Estas movilizaciones llamadas como “Guerra del Agua” tuvieron su detonante en la decisión privatizadora del Gobierno de Sánchez de Losada sobre los recursos hídricos, y estuvieron primeramente centradas en el Departamento de Cochabamba, donde se constituyó la “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”, con una posterior generalización a otras partes del país y demandas sociales.
A la movilización en Cochabamba, le siguieron movilizaciones de indígenas amazónicos, de trabajadores de la educación y apoderados en torno a la demanda educativa. Siguiendo el ejemplo de la Coordinadora de Cochabamba, surge entre estas organizaciones la “Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional”, a la que se le suman las organizaciones sociales históricas de la COB y la CSUTCB.
La “Guerra del Agua”, mostró ya centralmente la modificación de los términos del debate político en el país, poniendo fin a la hegemonía ideológica neoliberal que había caracterizado a la política boliviana desde mediados de los 80s. Además, visibilizaron la pérdida de presencia e influencia de las organizaciones tradicionales, por lo pronto los propios partidos políticos, pero también otras instancias de mediación social e institucional, visibilizándose un nuevo entramado socio-político que luego traspasaría su acrecentada incidencia al terreno institucional y electoral.
Luego, las elecciones generales de junio del 2002 mostraron ya nítidamente este nuevo escenario y sus transformadas correlaciones de fuerza social y política, quedando Evo Morales muy cerca de la primera mayoría, y con un notorio crecimiento del MAS y el MIP en lo parlamentario.
Ese cambio de escenario permite la promulgación en agosto de 2002 de la “Ley de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado”, que quedaría como antecedente de la Reforma Constitucional de febrero del 2004 que incorporó nuevos mecanismos institucionales dentro de la Constitución, como la posibilidad de convocatoria de una Asamblea Constituyente, el Referéndum Constitucional, la inciativa legislativa popular, y la llamada “desmonopolización” de la política por parte de los partidos.
En febrero del 2003, intensas movilizaciones populares son fuertemente reprimidas en especial en La Paz, en el conocido “Febrero Negro”. Y en octubre, una gigantesca movilización en rechazo al anuncio de exportación del gas, bajo la fórmula de salida por un gasoducto por Chile, motivando el estallido de la llamada “Guerra del Gas” que culmina en la destitución popular del Presidente Sánchez de Losada y su huida del país.
Con ello emerge lo que se llamó como “Agenda de Octubre”, es decir, la agenda impulsada por los movimientos sociales, populares e indígenas, y por sus expresiones político-electorales, en especial los mencionados MAS y MIP.
Por su parte, los actores tradicionales y opositores al proceso constituyente refundacional, se fueron articulando en torno a la cuestión de las descentralización y las autonomías departamentales, tomando uno de los principios que había levantado el movimiento popular indígena, la autonomía, pero dirigiéndolo a un mayor poder y facultades para los gobiernos departamentales.
Esta cuestión estaba directamente relacionada con el extendido poder y mayoría electoral que tradicionalmente habían tenido los sectores políticos tradicionales en los cuatro departamentos del oriente del país, las “tierras bajas”, franja de departamentos conocido como “Media Luna”: Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija.
Referencial rol en la movilización y presión puesta en torno a esto cumplió el Comité Cívico de Santa Cruz, zona especialmente rica y que cuenta con extensos recursos en sus territorios, tal como todo el resto de dichos departamentos donde, por lo demás, se encuentran las reservas petroleras y de hidrocarburos que eran objeto central de la disputa política.
Así, las autonomías departamentales fueron parte de una exhaltación regionalista de tipo conservadora, y también una estrategia de control sobre los recursos del subsuelo de esos territorios.
Por su parte, en otro de los puntos centrales de la llamada Agenda de Octubre instalada por los movimientos populares e indígenas, la cuestión de los hidrocarburos, se dio paso a una convocatoria a Referéndum sobre la propiedad y destino de éstos que marca la escena de la primera mitad del 2004, realizándose en junio.
El entrampamiento en el Congreso de la conversión en Ley de lo decidido en el referéndum hizo renunciar al Presidente Carlos Mesa en marzo del 2005, pero el Congreso no le acepta la renuncia. Bajo presión intra y extra institucional, el Congreso aprueba una nueva Ley de Hidrocarburos en mayo de 2005 que dejaría la cuestión pendiente, siendo una solución intermedia que no dejó satisfecho a ninguno de los polos de la coyuntura constituyente.
La tensión extra e intra institucional motiva una nueva renuncia del Presidente Carlos Mesa a inicios de junio del 2005.
Ascenso de Evo Morales al Poder
En tal escenario de alta movilización y politización social, el 18 de diciembre se realizan las elecciones presidenciales y parlamentarias, dándole a Evo Morales y el MAS una amplia mayoría (53,7 por ciento en lo presidencial y en lo parlamentario), obteniendo 72 de los 130 escaños de la Cámara de Diputados, y 12 de los 27 del Senado.
Evo Morales asume en enero del 2006, y el 6 de marzo de promulgan las leyes de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, y al Referéndum para las Autonomías Departamentales. El 2 de julio se realizan las elecciones para la composición de la Asamblea Constituyente.
En éstas, con un sistema electoral que tendía a sobrerrepresentar a la segunda mayoría (es decir a la oposición), el MAS obtiene 137 escaños de los 255 (y algunos más con sus aliados más directos, llegando a 142), no obteniendo los dos tercios requeridos para no tener que negociar con la oposición el proyecto de nueva Constitución, acorde al quórum fijado en la Ley de Convocatoria a la asamblea.
La AC comienza a funcionar el 6 de agosto, y desde un comienzo se tensiona fuertemente por las diferencias en torno al Reglamento de Debates, en particular sobre el sistema de votación para la aprobación del texto constitucional, y sobre el carácter de la asamblea, si bien era “originaria” o “derivada”.
Tras varias semanas de entrampamiento, el 29 de septiembre se aprueba el primer artículo del Reglamento de Debates declarando originaria a la asamblea, cuestión que suscitaría un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, que no prosperará.
En los meses siguientes se vivió un tenso entrampamiento en torno al sistema de votación del proyecto de Constitución por parte de la asamblea, el Pacto de Unidad y el MAS defendiendo la mayoría absoluta, y el opositor Podemos los dos tercios.
Esta última cuestión se resolvió en febrero del 2007 con una solución intermedia que de todas formas no cerraría el conflicto posterior por el quórum: se decidió que los informes de Comisión y la primera votación “en grande” (en general) serían por mayoría absoluta, mientras que los artículos “en detalle” (en particular) se votarían en la última votación por dos tercios. La asamblea se encontraba desarrollando sus sesiones en Sucre, en particular en el Teatro Mariscal de Sucre, y desde febrero el trabajo de comisiones en el Colegio Junín.
Esta ciudad, capital histórica y constitucional del país, tenía una antigua tensión con La Paz por la capitalía del Estado, cuestión que se arrastraba desde la Guerra Civil de 1898-1899, y que volvería a manifestarse con particular relevancia como expresión de las tensiones y antagonismos del momento constituyente, con alta conflictividad y violencia callejera implicada.
Se realizaron también “Encuentros Territoriales”, en los que las comisiones se trasladaron a distintos lugares del país en sesiones abiertas.
Tras no poco retraso en la entrega de los informes de las comisiones por diferencias entre fuerzas de gobierno y de oposición, el 13 de julio éste se hace efectivo, donde en 6 de las 21 comisiones se planteó el tema de la Capitalía plena.
Por las demoras y tensiones en el funcionamiento de la AC, en el mes de julio se decide ampliar el plazo de trabajo de ésta, cuestión avalada por el Congreso Nacional con una “Ley de Ampliación” o “Ley Ampliatoria” como se le conoció, que modificaba la Ley de Convocatoria a la AC prorrogándola hasta el 14 de diciembre de 2007.
De ese modo, se fueron verificando las limitaciones del marco de funcionamiento de la asamblea, en especial motivadas por la controversia en torno ...
Junto a este debate que se alzaba fuertemente a nivel latinoamericano, se visualizaba la sedimentación del proyecto político de la Revolución Nacionalista de 1952 y su impacto en las subjetividades del sindicalismo, tradición desde la cual surge el liderazgo de Morales.
A su vez, el conflicto era indicador de las disputas por espacios de hegemonía de los agentes emergentes y los debates que las organizaciones indígenas veían desarrollando más profundamente desde la década de 1980.
Este y otros conflictos fueron minando la legitimidad de Morales y la alianza hecha con la izquierda intelectual y de clase media encabezada por García.
La deriva autoritaria no fue más que uno de los elementos que incidió en ello.
En este escenario, jalonado por oposiciones más a la derecha y más a la izquierda, la administración masista dejó un vacío de poder. Junto a la renuncia del presidente y vicepresidente, otros les siguieron, de modo que asumió de facto una derecha ultraconservadora en lo ético-moral y ultraliberal en lo económico.
Circula una idea un tanto romántica sobre las repuestas que Bolivia ha generado para enfrentar al neoliberalismo.
No obstante, a poca profundidad, se hace visible que el ciclo de protestas que abrió el siglo XXI, hundía sus raíces en demandas de mucho mayor alcance temporal. ¿Qué trayectorias componían esa trama?
Trabajos de especialistas con consistente evidencia dan cuenta de que, a largo de todo el siglo XX, discursos y prácticas de organizaciones indígenas se han orientado, de distintos modos, a modificar las relaciones interétnicas violentas y asimétricas existentes.
Durante décadas, especialmente desde 1970, el movimiento produjo reflexiones y herramientas para forzar una transformación institucional y política de Bolivia.
A los primeros partidos indígenas de esos años, se sumó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB (1979); la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- Bartolina Sisa, CNMC-BS (1980) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB (1982), esta última concentrando a los pueblos del oriente boliviano.
En 1983, este impulso tuvo su correlato en la producción de conocimiento a través del Taller de Historia Oral Andina y el ecosistema político intelectual del que era parte.
Categorías como colonialismo interno, memoria corta y memoria larga, gravitantes en el pensamiento de Silvia Rivera Cusicanqui y su célebre Oprimidos pero no Vencidos, son producciones altamente nutritivas, herederas de este estado de ánimo.
El Bolivia actualmente se reconocen 36 pueblos originarios, y generalmente se visibilizan los mayoritarios, es decir, el pueblo aymara y quechua, ubicados geográficamente en lo que se conoce como tierras altas.
Sin embargo, los pueblos de oriente, ubicados principalmente en la Amazonia y el Chaco, es decir, tierras bajas, son muy relevantes para comprender las dinámicas de gestión del poder en el país [7].
En la década de los 90, las grandes marchas protagonizadas por guaraníes, chiquitanos, ayoreos, mojeños y otros pueblos de tierras bajas comenzaron a demandar la realización de una Asamblea Constituyente, instaurando una agenda que prontamente fue recogida por las organizaciones de tierras altas.
El MAS se sumó a estos desplazamientos, asumiendo como consignas aquellas desarrolladas por el movimiento indígena: participación política, territorio y autonomías, plurinacionalidad.
Estos elementos permiten poner en perspectiva cómo se recibió el siglo XXI.
Durante la Guerra del Agua, la población de Cochabamba logró expulsar del país al consorcio multinacional Aguas del Tunari, consolidando modos de acción colectiva eficaces y subjetividades en torno a la resistencia al neoliberalismo.
Un proceso de acumulación de energías sociales fue el que precedió a la crisis que en 2003 terminó con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y la masacre de Octubre Negro en que fueron asesinados 63 habitantes de la ciudad aymara de El Alto.
Carlos Mesa, quien era vicepresidente en ese momento, asumió el mandato y convocó a las elecciones que en 2005 llevaron al poder a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera.
El año 2006 se convocó e instaló la Asamblea Constituyente, lo que generó una nueva constitución y el nacimiento del Estado Plurinacional en 2009.
Ello no fue, sin embargo, un despliegue del MAS. Era la cristalización del trabajo político de décadas del movimiento indígena, en sus diversas manifestaciones y las alianzas gubernamentales.
El movimiento indígena originario en Bolivia, con toda su exuberancia, complejidad y heterogeneidad dio un salto al proponer e instalar una innovación tan densa como la plurinacionalidad.
Mas allá de las considerables debilidades existentes, develadas especialmente por la crítica feminista y ambientalista, ha sido una contribución significativa para pensar desde otro lugar las relaciones interétnicas e interculturales en Bolivia y el continente.
Hay muchas preguntas que hacer respecto del rol de las fuerzas armadas y de orden en el continente, sobre su relación con la toma de decisiones y los grupos de poder nacionales e internacionales, sobre las configuraciones geopolíticas que inciden en la distribución de agentes y agendas en un escenario fuertemente disputado.
A su vez, sobre los modos de acción colectiva de los actores emergentes, entre ellos los feminismos, los movimientos indígenas y las juventudes -nombrados todos en plural-.
En esta línea, ¿hasta qué punto quienes estamos vinculados al mundo académico desarrollamos ceguera en torno al presente?
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