La inclusión laboral de personas con discapacidad es más que una obligación ética; es una oportunidad para enriquecer la diversidad, fortalecer la cultura organizacional y alinearse con los valores que demanda el mercado. En esta búsqueda global por encontrar las mejores estrategias para lograr inclusiones laborales exitosas, Fundación ConTrabajo ha realizado una exhaustiva investigación. Identificamos que el Modelo de Empleo con Apoyo, complementado con el Modelo de Calidad de Vida, no solo facilita la inclusión laboral de personas con discapacidad, sino que también mejora el ambiente laboral para todos.
¿Qué es el Modelo de Empleo con Apoyo?
El Modelo de Empleo con Apoyo es una estrategia que se enfoca en ayudar a las personas con discapacidad a encontrar y mantener empleo. ¿Cómo lo hace?
Características Clave del Empleo con Apoyo
- Evaluación Individualizada: Se comienza identificando las habilidades, intereses y necesidades de apoyo de cada persona.
- Intermediación Laboral: Nuestros terapeutas ocupacionales se integran en las empresas para apoyar a los nuevos trabajadores mientras se familiarizan con sus funciones.
- Apoyo para la Empresa: Un equipo multidisciplinario acompaña a las directivas y equipos receptores, proporcionando asesoramiento y estrategias para enfrentar desafíos de manera eficiente.
Beneficios de la Inclusión Laboral
Entendiendo los múltiples beneficios de la inclusión laboral, como la disminución de la rotación de personal, el aumento de la productividad y la mejora del clima laboral, en Fundación ConTrabajo hemos desarrollado programas especializados.
El fracaso en la inclusión resulta ser una experiencia dolorosa para la persona y para la empresa y profundiza los mitos y prejuicios sobre la discapacidad. Por esto, la metodología del Empleo con Apoyo se ha extendido ampliamente en distintas partes del mundo para favorecer inclusiones sostenibles en el tiempo.
Un proceso de inclusión laboral efectivo, duradero y satisfactorio requiere de un diseño de intervención especializado.
El Rol del Facilitador Laboral
El facilitador laboral, frecuentemente terapeuta ocupacional, es el elemento central del empleo con apoyo. Su rol es intermediar el proceso de inclusión laboral en conjunto con el equipo psicosocial, a través de la elaboración de un plan de trabajo individualizado.
Entre sus funciones se encuentran:
- Identificar los ajustes razonables y apoyos naturales en el puesto de trabajo.
Inclusión Laboral en Chile: Contexto y Desafíos
En los últimos años, la inclusión laboral de personas con discapacidad ha ido adquiriendo relevancia en la agenda pública nacional. Este fenómeno se ha asociado a un avance del reconocimiento del derecho al trabajo y la promoción de oportunidades de empleo con base en los planteamientos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de Naciones Unidas, ratificada por el Estado de Chile el año 2008.
En Chile, hemos vivido una cultura de segregación y falta de convivencia que ha generado ignorancia y prejuicios respecto de las personas con discapacidad. La inclusión laboral se trata de un proceso que debe realizarse de manera planificada y controlada, con el objetivo de disminuir sus posibilidades de fracaso y construir bases sólidas para su sostenibilidad.
En nuestro país, la población de adultos con discapacidad (18 años y más), corresponde a un 20% de la población, un total de 2.606.914 personas (Servicio Nacional de Discapacidad [SENADIS], 2015). El 57,2% no participa del mercado laboral, lo que corresponde a 1.488.576 personas. A su vez, los ingresos económicos de las personas con discapacidad son menores a los de las personas que no están bajo esta condición y al total de la población, ingresos que se encuentran por debajo del salario mínimo (SENADIS, 2015).
Con relación al acceso de las personas con discapacidad al mundo del trabajo, el 40% de las personas con discapacidad están económicamente activas. De las personas que trabajan, un 64,7% lo realiza de forma asalariada, mientras que un 35,3% tiene un trabajo independiente. El 5,8% de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando lo hace en el sector público, en contraste con el 51,8% que lo hace en el sector privado (SENADIS, 2015).
Bajo estas orientaciones, se ha manifestado un giro respecto a la importancia del trabajo en el campo de la discapacidad. Una aproximación tradicional no comprendía el desempleo de las personas con discapacidad como un problema debido a que se asumía que no pueden trabajar y deben recibir ayudas por parte del Estado. Esta modalidad centrada en políticas de asistencia y protección social ha transitado hacia un enfoque que comprende la importancia del empleo como vía de integración a la sociedad y acceso a la ciudadanía.
En este sentido, la promoción de oportunidades de empleo decente y productivo para personas con discapacidad ha adquirido importancia en los instrumentos internacionales y las legislaciones nacionales (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2015).
En Chile, el año 2018 entra en vigencia la Ley Nº21.015 “Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral” que exige la reserva del 1% de la cuota de empleos para personas con discapacidad en empresas con 100 o más trabajadores. Esta normativa, se ha planteado como una política específica orientada a superar la baja participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, promoviendo su incorporación a los sistemas de trabajo abiertos.
En su implementación, se estableció una modalidad gradual para el cumplimiento de la normativa, de acuerdo con el número de trabajadores de las empresas. A su vez, en el ámbito privado, se instauraron medidas de cumplimiento alternativo al proceso de contratación directa, por medio de contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o a través de donaciones a fundaciones relacionadas con el ámbito de la inclusión laboral de personas con discapacidad.
En este contexto, la presente investigación analiza los alcances de la Ley Nº21.015 para superar las barreras de entrada y permanencia de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Para ello, se realiza una reconstrucción conceptual de la relación trabajo y discapacidad, así como una aproximación al panorama del trabajo en el Chile neoliberal.
Las altas tasas de desempleo y la baja inserción laboral de las personas con discapacidad constituyen un fenómeno constante a nivel mundial. La CDPD establece los principios de no discriminación, participación plena, igualdad de oportunidades y accesibilidad en los contextos de trabajo, enfatizando la importancia de los factores relacionales y contextuales en el ámbito de la discapacidad.
Esta perspectiva, se inscribe en el modelo social de la discapacidad, que define la discapacidad como una construcción social (Palacios, 2008). En términos históricos, el modelo social de la discapacidad nace del Movimiento de Vida Independiente y el activismo político de las propias personas con discapacidad, quienes desde la década de los 60' comenzaron a replantearse ciertas estrategias de lucha frente a la situación de opresión social en la que se encontraban inmersas con el fin último de ejercer control sobre sus propias vidas (Barton, 2008).
En específico, los cambios culturales impulsados por el movimiento de personas con discapacidad y las reformas institucionales promovidas por la CDPD, han contribuido a un examen crítico de la relación trabajo y discapacidad en la actualidad. Como se ha señalado, las personas con discapacidad son un colectivo potencialmente excluido de los espacios de participación social, entre ellos, los entornos laborales.
Desde el modelo social de la discapacidad se ha querido dar énfasis a los mecanismos de exclusión que afectan la empleabilidad o la inserción laboral de esta población, así como las barreras actitudinales, los prejuicios y el estigma en torno a la discapacidad. En este escenario, se ha enfatizado que las personas con discapacidad han sido marginadas de los procesos productivos por sus características individuales, ya que no cumplen con los parámetros y estándares del sistema laboral, según criterios de aptitud laboral que establecen jerarquías entre los sujetos (Barton, 2008).
Para abordar esta problemática, se han desarrollado planes y programas orientados a favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad. En el marco de los programas de rehabilitación, predominan los trabajos sin retribución o actividades laborales de menor valoración social. En este ámbito han predominado iniciativas de carácter asistencialista en que las personas desarrollan habilidades laborales en entornos cerrados por los cuales reciben un incentivo económico muy bajo con relación al trabajo realizado.
Estas modalidades de desarrollo ocupacional, denominadas empleos protegidos, han sido cuestionados ya que no garantizan el derecho al trabajo y sostienen círculos de exclusión del mercado laboral (Chuaqui, 2015). Al respecto, en los últimos años han adquirido relevancia la adopción y aplicación de políticas dirigidas a aumentar la empleabilidad de las personas con discapacidad: centros de formación laboral, programas de capacitación laboral, entrenamiento en búsqueda de empleo, estrategias de orientación vocacional, trabajo en prácticas, intermediación laboral, empleos de transición, entre otros.
Este conjunto de iniciativas se orienta a superar los problemas de acceso y mantenimiento del empleo en entornos laborales abiertos. En este sentido, el empleo con apoyo se ha planteado como una estrategia efectiva y ampliamente validada para cumplir con dicho objetivo (Vidal, Cornejo & Arroyo, 2013).
Con base en estas diversas modalidades de inserción sociolaboral, se ha planteado que el acceso al trabajo asalariado y la obtención de una retribución legalmente regulada para las personas con discapacidad contribuyen a su autonomía económica y a desempeñar un rol activo en la sociedad. Sin embargo, lo anterior ha favorecido la disminución del gasto público y los costos de seguridad social generados por esta comunidad en un contexto neoliberal (Soldatic & Meekosha, 2012).
De esta manera, el análisis de los esfuerzos para superar las barreras de acceso al mercado laboral y garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, debe considerar los aspectos materiales y simbólicos que determinan su conceptualización en el escenario contemporáneo. Todos estos ámbitos de indagación escapan ampliamente a las políticas de integración laboral que se han implementado en el último tiempo en nuestro país.
Por una parte, en el ámbito empresarial, se han reforzado estrategias de sensibilización para considerar postulantes con discapacidad en los procesos de reclutamiento y selección indicando los siguientes beneficios: aumento de la productividad, menores índices de rotación y ausentismo, mejoramiento del clima laboral, mayor reputación para la organización y aumento del valor para los accionistas (Organización Internacional del Trabajo, 2013; Fundación Descúbreme, 2019).
Por otra parte, las vías alternativas de cumplimiento de la Ley Nº 21.015 reúnen a un conjunto de fundaciones con programas de inserción laboral que contemplan una heterogeneidad de enfoques y perspectivas. Al respecto, se encuentran organizaciones que desarrollan programas de capacitación y prácticas laborales en entornos protectores, en los que predominan indicadores de productividad y mecanismos de evaluación de desempeño para la asignación de incentivos muy bajos con relación al trabajo realizado.
A su vez, otras organizaciones promueven el ajuste de la persona con discapacidad en entornos laborales competitivos y con retribución de mercado, sin embargo, reproducen modelos de normalización y adaptación social en los puestos de trabajo. Finalmente, a nivel local se han impulsado programas de ayuda para el autoempleo de personas con discapacidad bajo un modelo cooperativo. Estos programas de apoyo estatal se han orientado a financiar microemprendimientos con el fin de estimular la participación laboral de personas con discapacidad para la conformación de “cooperativas inclusivas” (Westermeier, Salas, Jaramillo & Torres, 2018).
En definitiva, el conjunto de iniciativas orientadas a promover la participación laboral de personas con discapacidad ha desestimado el desarrollo de perspectivas críticas y alternativas en torno a la relación trabajo y discapacidad, enfatizando una dependencia y subordinación a las dinámicas del mercado capitalista.
En el contexto europeo, las leyes que reservan cuotas laborales para personas con discapacidad entran en su apogeo en el contexto de un capitalismo financiero y globalizado (Harvey, 2007). Lo anterior, se ha asociado a una extensión de las lógicas del mercado en la sociedad y al desmantelamiento del Estado social como agente integrador. Al respecto, se ha planteado que la inseguridad social es una de las consecuencias masivas de ese deterioro de las protecciones colectivas (Castel, 2006; 2010).
Desde una aproximación histórica, Chile se erigió durante Dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet como laboratorio del neoliberalismo con base en el desmantelamiento de las estructuras de derechos sociales como la educación, la salud y la seguridad social. En particular, el Plan Laboral de 1979 se ha constituido como la piedra angular de las transformaciones neoliberales en el mundo del trabajo (Ruiz-Bruzzone, 2016).
En Chile, investigaciones recientes en el ámbito del trabajo dan cuenta que el mercado laboral se define por un aumento de los mecanismos de precariedad y flexibilización del empleo (Blanco & Julián, 2019; Julián, 2014; Julián & Galliorio, 2018). El panorama del trabajo se caracteriza por extensas jornadas laborales, bajos salarios y altas tasas de endeudamiento (Stecher & Sisto, 2019). A su vez, en un escenario de ausencia de derechos laborales colectivos, los marcos normativos limitan la organización de los trabajadores y la acción sindical (Julián & Galliorio, 2018; Ratto, 2019).
Junto con ello, los mecanismos de desregulación del mercado de trabajo han sostenido cambios profundos en las relaciones de dependencia salarial. Estas transformaciones, ubican a amplios sectores de la población en condiciones de desprotección social e inestabilidad laboral.
Con relación al modelo productivo y la estructura ocupacional en Chile, el panorama del trabajo se caracteriza por una predominancia de los servicios y el comercio, estableciéndose el sector terciario de la economía como principal ámbito de empleabilidad (Ruiz & Boccardo, 2014). Junto con ello, las particularidades del modelo empresarial chileno han determinado un desarrollo creciente de la externalización de servicios y el aumento de la subcontratación (Julián & Galliorio, 2018).
En este sentido, en los modelos de integración al mercado productivo las formas de trabajo adquieren un carácter inestable, con un alto nivel de rotación laboral y extensas condiciones de flexibilidad contractual (Stecher & Sisto, 2019). En este marco, encontramos que las tasas de desempleo y las cifras de empleo de menor estabilidad tienen relación con el aumento de las condiciones de precariedad en el conjunto de la clase trabajadora.
En un escenario en que el trabajo formal se hace más escaso y el combate al desempleo parece encontrarse con una barrera estructural, la implementación de la Ley Nº 21.015 se erige como una pieza clave de análisis del mercado laboral chileno.
La normativa pretende eliminar brechas de acceso y garantizar una cuota efectiva de participación en el mercado laboral para un sector de la población como son las personas con discapacidad, con el propósito que transiten desde una situación de no trabajo (desocupados) a una situación de trabajo dependiente (asalariados). Junto con ello, la Ley Nº 21.015 se inscribe en la agenda de desarrollo sostenible al contribuir a la inclusión y promover una mayor participación laboral de las personas con discapacidad, superando las barreras que sustentan la exclusión de este colectivo de la economía formal y oficial (Montes, 2020).
Por lo tanto, la normativa pretende superar las desigualdades que sitúan a las personas con discapacidad en el sector informal del trabajo por cuenta propia, así como subvertir el vínculo entre discapacidad y pobreza, así como otras condiciones de vulnerabilidad y desafiliación que alejan a este colectivo de la prosperidad económica.
En este sentido, se ha planteado el lugar central del trabajo para superar imaginarios negativos en torno a la discapacidad, los que se han construido según nociones de carencia e impedimento, como es la ausencia de ingresos económicos o la falta de empleo.
Por otra parte, la Ley Nº 21.015 tiene por finalidad modernizar la legislación laboral, buscando establecer jornadas de trabajo adaptables que fomenten la conciliación trabajo y familia y mejoren la calidad de vida, así como garantizar un mercado laboral que dignifique a las personas (Montes, 2020).
De esta manera, la creación de legislaciones y sus respectivas reglamentaciones que no contemplan un cuestionamiento a las estructuras de poder que configuran el sistema capitalista se muestran insuficientes para garantizar la igualdad de oportunidades de empleo y el derecho al trabajo en el campo de la discapacidad.
Bajo esta aproximación crítica, cabe problematizar el acceso y permanencia en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad con base en políticas de integración laboral que se desarrollan bajo el neoliberalismo.
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