La indemnización por años de servicio ha vuelto a tomarse el debate en los círculos económicos y el Congreso.
Y hay posiciones opuestas: mientras algunos buscan reemplazar ese beneficio otros quieren que se profundice.
En la actualidad, se paga un mes de remuneración por cada año de servicio, o fracción superior a seis meses, en caso de despido. Esto significa que si una persona trabajó 3 años y 8 meses, se le indemnizará por 4 años.
La ley establece un tope máximo de 11 años de servicio para el cálculo de esta indemnización. Esto quiere decir que, aunque un trabajador haya prestado servicios por más de 11 años, la indemnización se calculará solo hasta ese límite.
El Costo para las Empresas y la Propuesta de Reforma
La discusión actual apunta al costo que este beneficio significaría para las empresas. Es que Chile cuenta con una de las barreras más altas de la OCDE para despidos. Si en el país prescindir de un trabajador de 10 años equivale a 10 meses de sueldo, el promedio del bloque alcanza solo 3,2 meses.
La semana pasada un grupo transversal de economistas liderados por Rolf Lüders presentó una serie de propuestas para que el país vuelva a crecer a tasas de 4%. Entre una de sus proposiciones se encuentra, justamente, el fin de la indemnización por años de servicio.
El grupo propone reemplazarla por una cotización adicional de 1,8% a la cuenta del Seguro de Cesantía en el caso de los contratos indefinidos, con el objetivo -además- de reducir la informalidad.
Cecilia Cifuentes y Tomás Rau explicaron esta posición en una columna en El Mercurio. "El actual sistema de indemnización por años de servicio, concebido para proteger al trabajador, ha terminado generando efectos contrarios a sus objetivos: fomenta relaciones laborales de corta duración debido a su elevado costo, afectando negativamente la productividad", comenzaron explicando.
"Alrededor del 40% de los ocupados tiene una relación laboral inferior a un año -precisaron-. De los contratos terminados, el 21% duró menos de 12 meses, sin alcanzar a generar derecho a indemnización por años de servicio, mientras que casi un 60% tuvo una duración entre 13 y 60 meses. Además, un 48% de las desvinculaciones laborales finalizan por 'necesidades de la empresa'", continuaron explicando.
"Queda claro -complementaron- que una proporción relativamente pequeña de trabajadores recibe efectivamente la indemnización completa, y muchos tienen solo parcialmente este derecho, en buena parte debido a la duración de los contratos. Esto hace del sistema uno costoso, con baja cobertura y con escasa capacidad de cumplir con su objetivo original".
La alternativa de una cotización de 1,8% al Seguro de Cesantía, sostuvieron, "reduce el costo esperado del despido para las empresas y asegura una protección efectiva y más universal para los trabajadores, pues no se limita a causales específicas ni a las 'necesidades de la empresa'. Se logra así una fórmula más predecible y con mejores incentivos".
"La experiencia internacional respalda esta propuesta. Austria tenía, hasta 2003, un sistema de indemnización por años de servicio similar al chileno, basado en antigüedad. Ese año implementó una reforma con una cotización mensual del 1,53% del salario bruto, financiada por el empleador y depositada en cuentas individuales del trabajador. Esta reforma fue políticamente viable y generó resultados muy positivos", concluyeron.
Entre los candidatos a La Moneda uno de los que presentó una medida similar fue José Antonio Kast. El abanderado republicano, a fines de abril, propuso una indemnización "a todo evento" con un fondo individual que se acumule desde el primer día de trabajo.
La Otra Cara de la Moneda: Críticas y Propuestas Alternativas
Pero no todos están de acuerdo con la idea de acabar con la indemnización por años de servicio. Desde el Frente Amplio, de hecho, se propone lo opuesto: eliminar el límite de 11 años en las indemnizaciones. Es decir, que si un trabajador lleva 15 años, al despedirlo se le aseguren 15 meses de remuneración.
Para ello, un grupo de parlamentarios de la colecticidad -Diego Ibáñez, María Francisca Bello, Andrés Giordano, Carolina Bello y Emilia Schneider- presentaron en mayo un proyecto de ley que busca avanzar en esa línea.
"La indemnización por años de servicio se convierte en una herramienta clave para enfrentar el desempleo prolongado y garantizar un tránsito digno hacia una nueva etapa de su vida, siendo un respaldo esencial en momentos de vulnerabilidad económica", dice la iniciativa de los parlamentarios.
La indemnización por años de servicio (“IAS”) se encuentra establecida en los artículos 163 y siguientes del Código del Trabajo. Hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 18.018, del 14 de agosto de 1981, el tiempo de servicios que se consideraba para calcular el monto de la indemnización era el del período real sin límites.
Esta limitación que se introdujo al pago de la indemnización legal por años de servicio, obedece -establece el proyecto- a una razón política que buscó “abaratar” los “costos” empresariales al momento de contratar.
Esta decisión política, desde luego, perjudicó a todos los trabajadores que mantienen una relación laboral que supere los once años de servicio; trabajadores que han entregado su esfuerzo y dedicación al progreso de la empresa en la que desempeñan sus funciones, sin que esto tenga una justa retribución.
Si a lo anterior sumamos que el deficiente sistema de pensiones, basado en la capitalización individual, entregará pensiones que no cumplen con el principio de suficiencia, los trabajadores enfrentarán el término de su relación laboral con una pensión baja y una indemnización por años de servicios que solo reconocerá un tiempo máximo de once años de trabajo.
Efectos Prácticos de Eliminar el Tope
Ahora bien, ¿qué efectos prácticos tendrá la eliminación del tope”? Incremento del costo de contratación a plazo indefinido. Las indemnizaciones pactadas individual o colectivamente sin límite de años, que antes eran un beneficio muy utilizado y apreciado -sobre todo en cargos de alto nivel- serán el piso de nuevas negociaciones.
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa que elimina el tope de 11 años para indemnizaciones por años de servicio, sorprendiendo al avanzar sin respaldo oficial del Ejecutivo y sin urgencia legislativa. El proyecto, promovido por legisladores oficialistas, generó rechazo de la oposición y marca un hito en la agenda laboral del oficialismo.
El diputado Diego Ibáñez lideró la propuesta, destacando el principio de "año trabajado, año pagado". Diputados oficialistas como María Candelaria Acevedo y Luis Cuello celebraron el avance, destacando su impacto positivo para los trabajadores.
Dentro de las estructuras normativas derogadas por la dictadura, se encontraba la que no ponía tope a la indemnización por despido.
“Originalmente, el plazo era menor, eran solo cinco años. En consecuencia, cuando se produce la reforma legislativa del año 1990, se aumenta el plazo de la indemnización desde los cinco años hasta los once años.
“Uno no entiende por qué son 11 años, ¿por qué fueron 5? En esa misma línea, Giordano problematizó: “¿Por qué si una persona trabaja 15 años, la indemnización vale 11? ¿Y los de alguien que trabajó ocho valen ocho? Diputado Andrés Giordano.
Asimismo, Campos señaló que desde la CUT ven con “simpatía” esta iniciativa.
Para el experto en materia laboral y autor del libro “Acoso Laboral en Chile”, Gabriel Halpern, esta iniciativa “no beneficiará a los trabajadores nuevos, que son la mayoría del país. De la misma manera, manifestó que en lo inmediato este proyecto “crea un desincentivo a que las relaciones laborales se profundicen, se alarguen y también es importante que las relaciones laborales vigentes, que tienen estas personas actualmente de 12 años o más, entraron a la relación laboral con reglas del juego a nivel de indemnizaciones para los empleados.
Por su parte, Lizama subrayó que es importante que “haya un tope para los costos laborales asociados a la antigüedad de la empresa, porque de otra manera se generan algunos incentivos que son bien negativos, como para un empleador indudablemente tener que indemnizar a un trabajador sin límite de tiempo es un costo laboral enorme.
“Lo mismo dijeron con salario mínimo, lo mismo dijeron con 40 horas, y lo que yo les diría a esos expertos es que analicen dos cosas en Chile: los bajos salarios.
La comisión de trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó recientemente, en general, un proyecto de ley que propone eliminar el tope de once años en la indemnización por años de servicio.
El proyecto ha generado reacciones diversas entre parlamentarios, empleadores y especialistas. Actualmente, la legislación contempla distintas causales de término del contrato de trabajo, pero solo algunas otorgan derecho a indemnización legal. Específicamente, son dos las causales que permiten este derecho: necesidades de la empresa y el desahucio por parte del empleador.
Arredondo explicó que “este régimen de indemnización aplica solo a una causal específica y que, además, existe un universo acotado de trabajadores que efectivamente supera los once años en una misma empresa”.
Además, el académico subrayó que el sistema chileno ya contempla excepciones a este tope. Por ejemplo, quienes comenzaron a trabajar antes del 14 de agosto de 1981 no están sujetos al límite de los once años, ni tampoco al tope de las 90 UF.
Desde la perspectiva técnica, Arredondo plantea que la lógica del tope carece de una fundamentación clara. “Es difícil encontrar una razón de por qué once años y no nueve o quince. Más bien responde a criterios de control de costos empresariales”, señaló.
El académico también cuestionó el uso masificado de la causal de necesidades de la empresa, que originalmente fue diseñada para situaciones de reorganización, baja productividad o razones económicas. “En Chile no existe una causal específica para bajo desempeño laboral.
Desde su perspectiva, lo ideal sería abordar este tipo de reformas de forma integral, considerando los cambios que ha experimentado el mercado laboral en términos de movilidad, rotación y condiciones contractuales. Asimismo, comparó este régimen con el que se aplica a las trabajadoras de casa particular, quienes acceden a una indemnización denominada a todo evento, cotizada mensualmente por el empleador, sin importar la causal de despido.
En su análisis final, el académico insistió en que la iniciativa, aunque legítima en sus intenciones, tiene un impacto acotado y no aborda las raíces del problema: la falta de un marco laboral actualizado que se haga cargo de las nuevas dinámicas del empleo en Chile. “Si el universo al que apunta el proyecto es pequeño, cabe preguntarse si tiene sentido legislar de esta manera.
Durante la jornada de ayer la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca eliminar el tope de 11 años de indemnización por años de servicio.
Se trata de una norma patrocinada por parlamentarios oficialistas, y que vuelve a poner en debate un asunto que en varias ocasiones se ha tomado la agenda laboral en el mundo político.
No obstante, la propuesta ha recibido diversos cuestionamientos desde el gran empresariado, donde aseguran que su aprobación podría traer aún más trabas a un mercado laboral ya tensionado.
Al respecto, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirma que "es preocupante que en momentos en que hay casi un millón de personas que quieren trabajar y no logran encontrar empleo, se avance en iniciativas que van justamente en el sentido contrario de facilitar la contratación y favorecer el trabajo formal y protegido".
"Hoy los costos de despido y de contratación ya representan una barrera significativa para los nuevos empleos. Las indemnizaciones por años de servicio en Chile son las más altas de la OCDE.
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