El debate sobre el salario mínimo ha sido un tema recurrente y polémico. Este escenario fue el propicio, para que una vez más los argumentos del miedo se impusieran en la agenda.
El Desempeño de la Clase Política
Escuchando atentamente la intervención de diputados y senadores en la sesión del histórico martes 12 de julio, se puede concluir que la clase política simplemente no dio el ancho. Los parlamentarios de derecha recitaron de memoria la minuta del ministro de Hacienda y se cuadraron con el lobby que hicieron los grandes empresarios y terminaron aprobando el veto presidencial.
La derecha política, como es de costumbre, no entró al debate real y cuan patrón de fundo, y en la línea de los argumentos esbozados por Hacienda, se cuadró con la última oferta de $182 mil (utilizando los mismos métodos que los empresarios usan en las mesas de negociación colectiva, aprovechándose que en nuestro país no tenemos un real derecho a huelga). De paso, sus representantes aprovecharon de lanzar la teoría del empate, argumentando que el reajuste real ofrecido se situaba en torno a 2,5% y esto representaba más de lo logrado en al administración Bachelet (situación que es verdad, ya que el reajuste real promedio había sido 2,1%).
Por su parte, los representantes de la Concertación, llevaron a cabo interesantes perfomance cuando les tocó intervenir en sala, se quejaron, dijeron que el reajuste era miserable e incluso los más osados como el diputado Lorenzini mencionaron que sólo alcanzaba para comprar sustancias y comenzó a repartir esta clásica golosina en el hemiciclo, en plena sesión. Entre el reajuste del año pasado y este, no se vieron estudios de sus tanques de pensamiento que nos entregara una propuesta de un mejor reajuste del salario mínimo, lo cual hubiese permitido desplegar un necesario debate durante 12 meses y generar masa crítica.
Aún más, algunos parlamentarios de la Concertación influidos por la doctrina Velasco (su último ministro de Hacienda), comentaban por la prensa que si el Ejecutivo hubiese ofrecido $1.500 o $2.000 más, no hubieran tenido que llegar a la instancia del veto y se habría llegado a acuerdo. Sin duda, el pobre y sesgado debate que se ha observado en relación al salario mínimo, explican el desprestigio de la clase política que presentan las recientes encuestas CERC y Adimark.
Argumentos Técnicos y Sociales
Fundación SOL, en su estudio y propuesta sobre un plan de reajuste de mediano plazo para el salario mínimo, demostró algo que no tiene nada de nuevo: no existe evidencia contundente a nivel nacional e internacional que aumentos en el salario mínimo generen desempleo y si tanto nos preocupan las pequeñas empresas, diseñemos una estrategia de desarrollo que las coloque en el centro y no como subalternas precarias de las condiciones impuestas por las grandes empresas.
El salario mínimo, ahora de $182 mil, nuevamente no sacará a los trabajadores de la pobreza estadística (de hecho sólo permite cubrir algo más del 60% de la línea de la pobreza familiar, la cual está pegada en los cálculos del año 1987 y requiere modificaciones). Sin duda, este año perdieron los trabajadores, como por tantos años ha ocurrido. Sin embargo, no parece razonable que esta discusión y estos exiguos reajustes se repitan el próximo año.
Se requiere con urgencia un Acuerdo Nacional con participación de todos los actores sociales, para que en un mediano plazo el salario mínimo cumpla su rol y al menos permita satisfacer las necesidades básicas de un/a trabajador/a y su familia. Resulta inconcebible que en un país que tiene un PIB por habitante de 15 mil dólares, miles y miles de personas que trabajan arduamente todo el día, sean pobres y ni siquiera les alcanza para comer.
Con la mirada puesta en evitar un estallido social, los economistas autores de esta columna elaboran un plan que contempla entregar un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a 3,5 millones de familias de menores ingresos; y la entrega de créditos subsidiados para las Pymes, con ventas inferiores a 25.000 UF anuales. Estiman el costo de este plan en torno a un 8% del PIB. Para financiarlo, opinan que Chile no debe endeudarse si no recurrir, vía impuesto patrimonial, al “único segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo”: los ricos y súper ricos.
Los costos fiscales necesarios para mitigar siquiera parcialmente los impactos sociales y económicos de la crisis sanitaria son de una gran envergadura. Proponemos aquí un plan bien diseñado que priorice el apoyo a muchos millones de chilenos que van a ver su sobrevivencia amenazada. Este plan aseguraría un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo para los 3,5 millones de familias de menores ingresos del país por un periodo de cuatro meses y además un programa de créditos subsidiados para las Pymes con ventas inferiores a 25.000 UF anuales.
Este programa debe contemplar un monto aproximado de US$20.000 millones, es decir, en torno a un 8 % del Producto Interno Bruto, PIB. Un argumento que debiera convencer al Gobierno y sus elites económicas es que, si no hacen algo significativo en apoyo de las familias y de las Pymes, vamos a tener una catástrofe social de grandes proporciones, quizá comparable a la de 1981-83 en plena dictadura.
Y recordemos también que este levantamiento obligó a la dictadura a negociar con las fuerzas de oposición, lo que a la postre condujo al país al camino del restablecimiento democrático. Ojalá esta lección la tuviera clara el Gobierno, las elites económicas y los partidos de oposición al momento de responder a esta dramática crisis.
Financiamiento y el Rol de los Súper Ricos
En cuanto a los costos fiscales requeridos para prevenir un eventual escenario caótico hay dos grandes interrogantes fundamentales. La primera es si este Gobierno va a tener la voluntad política y la capacidad para gastar esas sumas. Un programa de la envergadura del que proponemos aquí no puede solventarse meramente vía endeudamiento fiscal o utilizando el total de los fondos soberanos disponibles.
Las agencias evaluadoras internacionales ya muestran signos de estar dispuestas a aumentar su estimación del riesgo país de Chile. Más aún, los mercados internacionales de capital han cambiado mucho en los meses recientes y no olvidemos que Chile no va a estar solo en la búsqueda por financiamiento para solventar su déficit. De hecho, hay un centenar de países que han inducido grandes déficits fiscales y que van a salir casi simultáneamente al mercado de capitales, lo que augura una fuerte competencia.
El enorme esfuerzo fiscal debe ser en parte financiado con recursos internos para evitar nocivos desequilibrios fiscales. En estos momentos hay solo un segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo. Estos son los súper ricos, quienes han tenido enormes ganancias y otros beneficios a lo largo de muchas décadas y son dueños de la mayor parte de la riqueza nacional.
Destacamos cuatro implicaciones de lo anteriormente expuesto. Primero, si se quiere prevenir un descalabro social mayor se debe aumentar el gasto en protección social de manera muy drástica. Segundo, si esto se hace solamente en base a aumentar el déficit fiscal, el costo de financiar este déficit puede causar profundos desequilibrios financieros, que pondrían en riesgo la capacidad futura del Estado para invertir, llevando al país a un estancamiento económico. Tercero, son los súper ricos quienes pueden y tienen que contribuir con una parte significativa al financiamiento de este plan. Cuarto, un argumento importante para convencer a los súper ricos es que, si el país se precipita en una debacle social, ellos van a tener pérdidas mucho mayores que la contribución que se les demanda aquí.
En estos momentos hay solo un segmento de la sociedad chilena que tiene los medios para contribuir mucho más a este esfuerzo. La riqueza financiera (la cual excluye participaciones mayoritarias en empresas y activos inmobiliarios) de solamente 140 individuos, que tienen más de US$100 millones cada uno, llega a US$90.000 millones. Si a esto le agregamos la riqueza no financiera, estimada por CreditSuisse, llegamos a que la riqueza total de estos 140 individuos asciende a US$150.000 millones.
La riqueza total (financiera y no financiera), estimada en base al Boston ConsultingGroup, de 5.700 individuos que ostentan un patrimonio entre US$5 y US$100 millones cada uno, llega a US$ 120.000 millones. De esta forma, sumando ambos grupos, unos 5.840 individuos poseen una riqueza total de US$ 270.000 millones, un 32% de la riqueza privada total de todos los chilenos, cifra equivalente a todo lo que produce el país en 1 año. Estos datos corresponden a diciembre 2018.
Sugerimos que un 30% del esfuerzo total para financiar el plan propuesto, el que alcanza los US$ 20.000, debe provenir de estos grupos. Y que de este 30%, tres cuartos (22.5% del total) provengan de los súper ricos, y un cuarto (7.5% del total) de los otros ricos. Así, en total este impuesto patrimonial puede potencialmente recaudar alrededor de US$ 6.600 millones. Sin embargo, esta es la recaudación teórica ya que es posible que esta se vea afectada por evasión y elusión. Un buen sistema de recaudación puede mantener estas pérdidas por debajo de un 10%.
No olvidemos que el más grande empresario de Chile ya sugirió la implementación de un impuesto patrimonial a raíz del estallido social de octubre del año pasado. Mucho se han criticado los diversos esquemas de impuesto patrimonial implementados en un gran número de países en el pasado. La principal crítica es que estos impuestos no han recaudado lo que se esperaba de ellos.
El primero de estos factores ha generado una gran resistencia entre la población, haciendo estos impuestos muy impopulares, lo que últimamente llevó, en muchos casos, a su disolución. Lo importante es aprender de estas lecciones. Por eso proponemos un diseño muy simple que va a afectar solamente a un muy pequeño grupo de las personas más ricas del país, y no a cientos de miles como ha ocurrido en otros países. Esta focalización permite evitar que la inmensa mayoría de la población se vea afectada, lo cual debiera minimizar su rechazo.
Además, el foco en un número reducido de personas debiera también facilitar la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos. Otro tema importante es que estos impuestos están dirigidos a las fortunas personales de estos pocos individuos y no a las empresas.
Finalmente, confiamos en que, en la medida que se entiendan las funestas y dramáticas consecuencias sociales de dejar las cosas como están (sin aplicar planes masivos y efectivos de apoyo a familias y Pymes), los dueños de las grandes fortunas van a estar dispuestos a integrar un pacto social que les permita cooperar al bienestar de Chile, aportando una pequeña proporción de su enorme riqueza.
Impacto de la Reducción de la Jornada Laboral
El proyecto de disminución de la jornada laboral de 45 a 40 horas propuesto recientemente en el Congreso ha significado una intensa discusión entre economistas. Una de las voces opositoras que sonó con más fuerzas fue la del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quién negó su apoyo al proyecto por la carga que recaería en la economía, agregando: “Es bien importante reconocer que trabajamos muchas horas en Chile, pero lo que hay que hacer es ser más productivo para trabajar menos horas”.
El objetivo de este artículo es proyectar los posibles efectos de dicho proyecto sobre el empleo, la eficiencia económica y la productividad, a través de un análisis técnico que utiliza supuestos clásicos de la teoría económica combinados con evidencia empírica disponible para Chile. En términos generales, el proyecto propone la reducción de 45 a 40 horas de la jornada laboral. Esto puede resultar en un aumento directo del salario real por hora, dependiendo de los efectos indirectos sobre la demanda por trabajo.
Lo anterior afecta fundamentalmente al sector formal de la economía (es imposible regular el sector informal) pero puede afectar indirectamente el sector informal. El efecto sobre el empleo depende de lo que los economistas llamamos “elasticidad de demanda” por trabajo, que mide la tasa en que la demanda por trabajo de las empresas, medida en horas, cambia cuando varía el salario. Varios estudios han calculado esta variable para Chile encontrando valores entre -0,5 y -0,2 (Eyzaguirre, 1981; Marcel, 1987; Martínez, Morales, Valdés, 2001; Fajnzylber, Malone, 2005).
Según estos valores, una disminución de la jornada de un 10% (de 45 a 40 horas aproximado) y el consecuente aumento del salario por hora, hará que la demanda total en horas de trabajo disminuya entre 5% y 2%. Sin embargo, dado que ahora cada empleado trabaja 10% menos horas por semana, habrá un aumento en el número de trabajadores empleados (notar diferencia con horas de trabajo) entre 5% y 8%.
Las características del mercado del trabajo antes descritas, a la que se le suma una oferta laboral flexible en el sector formal con una elasticidad de oferta de trabajadores al sector formal verosímil (entre 0,5 y 1), derivarían en un aumento significativo del salario por hora luego de la reducción de la jornada laboral. El ingreso semanal puede caer entre un 3% y 4%, esto si es que las horas trabajadas por semana bajan en una proporción mayor que el aumento del salario por hora. Sin embargo, los aumentos de productividad laboral que puede traer esta reforma pueden revertir esta caída.
Productividad y Bienestar
¿Cuál es la relación entre la disminución de la jornada laboral y la productividad laboral? Los economistas conocemos muy bien la famosa wage efficiency hypothesis (hipótesis de salarios de eficiencia) desarrollada por Carl Shapiro y el Nobel de economía Joseph Stiglitz. El postulado básico de esta teoría dice que la productividad de los trabajadores depende positivamente del salario recibido.
De esto se desprende que el salario que a la firma le conviene pagar (el que logra la máxima productividad con los menores costos) puede ser más alto que el que el mercado sugiere al equilibrar la oferta con la demanda. Son varias las explicaciones que dan sustento a la hipótesis de salarios de eficiencia, una de las más reconocidas tiene relación con el efecto de satisfacción y cuidado del puesto de trabajo (Akenlof, Yelen, 1988; Stiglitz, 1976; Weiss, 1976).
Con mejores condiciones laborales, los trabajadores estarán más satisfechos y apreciarán más su puesto de trabajo, por lo que estarán dispuestos a proveer un mayor esfuerzo en su actividad, lo que a su vez redundará en una mayor productividad laboral. La hipótesis de los salarios de eficiencia permite inferir que el proyecto de reducción de la jornada laboral tendrá efectos más potentes que una mera subida de los salarios.
Una parte importante de la economía nacional está dominada por monopolios u oligopolios coludidos con claro poder de mercado; es decir, por mercados donde predomina una sola empresa o dónde existen 3 o 4 empresas que se reparten el mercado de manera más o menos coludida. Ahora bien, los economistas hemos sabido por mucho tiempo que el poder de mercado de las empresas en el producto final se propaga hacia el mercado laboral (aun cuando las empresas no tengan directamente poder en el mercado de trabajo); esto implica que las empresas pagan un salario menor al que resultaría de un mercado competitivo.
En otras palabras, el poder que tienen las empresas les permite generar una brecha entre el salario y el valor productivo añadido por cada trabajador (se rompe la igualdad “salario=productividad marginal del trabajo” que profesa la teoría neoclásica). En general se puede demostrar que una reducción de la jornada laboral como la que propone el proyecto en cuestión, reduciría la brecha entre el producto marginal del trabajador y su salario efectivo.
Algo similar ocurre en los sectores productores de materias primas basados en la extracción de recursos naturales, tales como el cobre, la pesca, forestales, entre otros. La naturaleza de estas actividades hace que las empresas participantes obtengan rentas (ingresos sobre los costos) excepcionales que originan altísimas tasas de rentabilidad (sobre un 80% anual de retorno al capital en la gran minería del cobre según un reciente estudio de López y Sturla).
Finalmente, no deja de ser necesario, incluso en un análisis de economistas, plantear el sentido común que resulta tan solo pensar los beneficios (ampliamente definidos) de disminuir la jornada laboral dada las actuales condiciones laborales del país. Según la última edición de Workmonitor, Chile es el quinto peor país (de 33 que son parte del estudio) en cuanto a la satisfacción laboral de los trabajadores, lo que sin duda afecta negativamente la productividad laboral. Una forma efectiva de reducir tal nivel de insatisfacción y por lo tanto de aumentar la productividad es reduciendo la actual larguísima jornada laboral.
El ingreso del país no se condice con una jornada semanal tan extensa como la existente, a la que se le pueden sumar incluso 3 horas adicionales por motivo de transporte. Cabe mencionar que en la medida que la jornada se siga cortando a niveles por debajo de 40 horas semanales, los beneficios de reducciones adicionales de la jornada laboral irían bajando y los costos aumentarían.
Es útil pensar que la relación entre el largo de la jornada laboral y el bienestar de la población es de una forma de U invertida, lo cual implica que hay un largo de la jornada que es óptima para inducir el máximo beneficio social. Ahora bien, si tales son los beneficios de disminuir la jornada laboral, la pregunta obvia sería: ¿por qué el mercado no lo ha hecho por sí solo?
Las razones son similares al por qué las empresas chilenas gastan tan poco en investigación y desarrollo (ubicándonos en el último puesto de los países OCDE según datos de la última Encuesta Nacional sobre Gasto y Persona en I+D del Ministerio de Economía) a pesar de que se sabe que dicha inversión tiene altas tasas esperadas de retorno en el largo plazo: debido a la alta adversidad al riesgo que caracteriza a las empresas en Chile y a la presencia de altas rentas económicas y bajos niveles de competencia inversiones que no prometan una alta rentabilidad en el corto plazo con mínimo riesgo son rara vez implementadas.
En resumen, el efecto neto de la medida propuesta sería positivo, constituyéndose en una política muy deseable para Chile. Las preocupaciones planteadas por quienes están en contra del proyecto, en particular ocupando argumentos en torno al momento económico y la baja productividad, parecen inadecuadas e inconsistentes con la teoría económica moderna.
Retomando las palabras del ministro Valdés, su preocupación sobre los efectos de la disminución de la jornada laboral en la economía parece ser el producto de un análisis estático.
Tabla: Resumen de Elasticidades de Demanda Laboral en Chile
| Estudio | Elasticidad de Demanda por Trabajo |
|---|---|
| Eyzaguirre, 1981 | -0,5 a -0,2 |
| Marcel, 1987 | -0,5 a -0,2 |
| Martínez, Morales, Valdés, 2001 | -0,5 a -0,2 |
| Fajnzylber, Malone, 2005 | -0,5 a -0,2 |
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