Los Estados signatarios de la Carta Social Europea Revisada reconocen como objetivo de su política el establecimiento de las condiciones necesarias para poder hacer efectivos los derechos y principios que en la misma se establecen.
Asimismo, el texto establece que los derechos y principios que reconoce, una vez llevados a la práctica, no podrán ser objeto de restricciones o limitaciones que no sean las específicamente reconocidas en las Partes I y II, salvo las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar el respeto de los derechos y libertades de terceros o para proteger el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres.
Por último, cabe señalar que la Carta Social Europea contiene un anexo referido al ámbito de aplicación de la Carta Social en lo que se refiere a las personas protegidas, así como aspectos aclaratorios relativos a algunas de sus disposiciones.
La Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y revisada en 1996, establece derechos fundamentales en el ámbito del empleo y la seguridad social.
El Comité Europeo de Derechos Sociales actúa como órgano de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados signatarios respecto a los derechos contemplados en la Carta.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) emitió una resolución, en la que concluyó que la normativa española sobre despido laboral no proporciona una protección adecuada a los trabajadores despedidos sin una justificación legítima, conforme a lo estipulado en la Carta Social Europea Revisada.
En su resolución, el CEDS determinó que la legislación española no cumple con el artículo 24.b de la Carta Social Europea Revisada, que asegura el derecho de los trabajadores a recibir una indemnización adecuada u otra forma de reparación en casos de despido sin causa justa.
Marco Legal en España
La normativa laboral en España se regula a través del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el Código Civil y la jurisprudencia relevante, además de las normas internacionales aplicables.
En caso de despido improcedente, el empleador tiene la opción de readmitir al trabajador o abonar una indemnización, mientras que el trabajador despedido tiene derecho a recibir el salario correspondiente al periodo entre el despido y la reincorporación o nuevo empleo.
La Influencia Europea en el Ámbito de los Derechos Fundamentales
La construcción jurídica actual del derecho a la intimidad en España se ha visto dominada directamente por el derecho europeo como consecuencia de la influencia directa que éste ostenta dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales.
El derecho fundamental a la intimidad ha evolucionado desde que se produjo la promulgación de la Constitución Española (a partir de ahora CE) en 1978 hasta la fecha.
Se ha convertido en un derecho sólido y consolidado, que cuenta con un delimitado objeto de protección, a pesar de que ni la ley que se ha encargado de su desarrollo ni el Tribunal Constitucional se hayan encargado de definirlo explícitamente.
El concepto de intimidad se basa en una concepción subjetiva, habiéndose abandonado la idea material que estuvo vigente en otras épocas.
Su protección y defensa dependen en gran medida de las concepciones sociales imperantes en cada momento, teniendo en cuenta que es ese espacio que la persona trata de proteger frente las miradas ajenas, es decir, que quiere reservarse para sí misma, y siempre como garantía para mantener el orden social con el objeto de lograr una convivencia social pacífica y ordenada.
Consecuencia de esta nueva concepción, es la influencia ejercida por la teoría de los círculos concéntricos del alemán Heinrich Hubmann.
Se ha encargado de distinguir tres esferas en la intimidad de las personas: privatsphäre (es una esfera privada que protege la intimidad personal y familiar que se desea mante-1 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
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