El Gobierno argentino oficializó un aumento del 21% del salario mínimo, vital y móvil en tres tramos. Este incremento se realizó pasando de los actuales 47.850 pesos mensuales (unos 348 dólares) a los 57.900 pesos (421 dólares) a partir de noviembre, según informaron fuentes oficiales.
Este aumento del salario mínimo fue publicado a través de una resolución en el Boletín Oficial. El mismo fue acordado a principios de semana en la reunión del Consejo del Salario, un grupo constituido por representantes sindicales, empresarios y funcionarios.
También aumentaron los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo, que llegó hasta los 16.083 y 26.805 pesos (117 y 195 dólares), respectivamente, en noviembre.
Según los últimos datos oficiales, los precios en Argentina anotaron una subida interanual del 71% en julio y acumulan un alza del 46,2% en los primeros siete meses del año, cuando el año pasado fue del 51%.
Antecedentes y Controversias
La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vetó la ley que aumentaba la jubilación mínima aprobada esa madrugada con el voto favorable del vicepresidente Julio Cobos, a quien acusó de "traición" y de ser un "okupa".
"Como Presidenta no puedo permitir la quiebra del Estado argentino", afirmó al explicar su decisión de vetar la norma que aumenta las pensiones mínimas al 82 por ciento móvil del salario mínimo.
"Lo que se sancionó en el Parlamento es la ley de quiebra del Estado. Lo que se intenta es definanciar y quebrar el Estado para que luego no terminen cobrando los jubilados ni los docentes", aseguró Fernández de Kirchner durante un acto en la Casa de Gobierno en Buenos Aires.
La Mandataria advirtió asimismo que "hay intereses muy fuertes atrás de todo esto que no están sentados en las bancas del Parlamento". "Los que están sentados ahí son las máscaras de otros. En la Argentina se acabaron los estúpidos y yo no quiero ser estúpida", aseveró.
"Basta de estafar al Estado. Basta. Yo no soy tonta. Esto es de gente que tiene experiencia legislativa, ha gobernado provincias. Que digan que el año que viene vamos a ver cómo se financia, me suena muy ingenioso. Lo que hay detrás es que los trabajadores vuelvan a poner sus recursos en el sistema privado", acusó.
Fernández de Kirchner alertó además que "nuevamente" quienes "defaultearon y fundieron el país ahora ven recompuestas las finanzas del Estado". "Vuelven para hacer lo mismo", señaló.
La norma vetada aumentaba la jubilación mínima de los actuales 1.046 pesos (262 dólares) a 1.427 pesos este mes (358 dólares), y a 1.508 pesos (378 dólares) a partir de enero.
El Gobierno argumentaba que no cuenta con fondos suficientes para financiar el alza de las pensiones, mientras que la oposición sostiene que el Estado cuenta con un holgado superávit fiscal que permitiría esa erogación, o podría derivar fondos de otros presupuestos.
El ministro de Economía, Amado Boudou, calculó que el Estado hubiera necesitado unos 40.088 millones de pesos (unos 10.072 millones de dólares) para afrontar el aumento de las jubilaciones.
Los legisladores que lo votaron "quieren llevar a un Estado deficitario", afirmó Boudou, quien señaló que la ley tiene "una intencionalidad política". "Ellos estaban acostumbrados a endeudarse, a ir de rodillas al Fondo Monetario Internacional", sostuvo.
En tanto, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), Diego Bossio, advirtió que el alza de las pensiones generará "inflación, devaluación, aumento de la tasa de interés y déficit fiscal".
La Presidenta argentina acusó en tanto a Cobos de ser "un vicepresidente 'okupa' (como se denomina a quienes toman un lugar sin derecho a ello)". "Tenemos un vicepresidente 'okupa', pero no importa, somos tan respetuosos de la legalidad y la Constitución que quedará allí en su cargo hasta el 10 de diciembre (de 2011) cuando finalice su mandato, que no piense que nadie va a pedirle la renuncia", aseveró Fernández de Kirchner.
Indicó que "lo que vive la Argentina de tener una fórmula integrada por un presidente oficialista y un vice opositor nunca se vio en la historia, ni en ninguna parte del mundo", aseveró.
La votación en el Senado del proyecto para aumentar las pensiones había recibido 35 voces a favor, de la oposición, y 35 en contra, del oficialismo y aliados, por lo cual Cobos, como presidente de la Cámara alta, debió desempatar con su voto se inclinó a favor de la ley, pese a que el Gobierno ya había anticipado su rechazo a la iniciativa.
"Lo de Cobos es un ejemplo de traición gráfico que el Dante lo colocó en el noveno círculo, junto con Lucifer, y que él se haga cargo de sus expresiones", declaró el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández.
El vicepresidente aseguró sin embargo que no renunciará a su cargo y que continuará "actuando de la misma forma". "Esto se viene repitiendo desde hace dos años y medio, soportando todo tipo de calificación, todo tipo de agresión", señaló Cobos, quien en 2008 también definió en contra del Gobierno la decisiva votación de una ley que modificaba el sistema de derechos de exportación agrícolas (retenciones).
En julio de 2008, Cobos debió desempatar una votación en el Senado con su voto "no positivo" que hizo fracasar la iniciativa oficialista en medio del intenso conflicto con el sector rural por el alza de los derechos de exportación.
Cobos pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR) opositora, y fue sumado a la fórmula presidencial de la peronista Fernández de Kirchner en el marco del proyecto político de transversalidad que proponía el kirchnerismo en las elecciones de 2007.
Impacto de las Políticas en 2020
Llegando al final del año de la peste, tras 9 meses de pandemia y de iniciado el aislamiento obligatorio, de los casi 43.000 fallecidos por coronavirus en el país el 73 % son adultos mayores, es decir, tienen más de 60 años. La edad promedio de los fallecidos por coronavirus es de 72 años.
Sin embargo, como veremos, en este mismo año 2020 cuando los adultos mayores estaban más expuestos que nadie por el Covid-19, el gobierno de Alberto Fernández no se privó de sumarles otro golpe, convirtiendo los haberes en una variable de ajuste.
El saldo de este año es que la suspensión de la movilidad permitió un recorte de $ 100.000 millones a las jubiladas y jubilados. Pero las implicancias del ajuste realizado a las jubilaciones en el primer año de la administración de Fernández no se circunscriben al recorte fiscal.
Pueden distinguirse al menos cuatro consecuencias de la política adoptada en materia previsional. En cada una de ellas, no sorprenden las coincidencias con las recetas y las exigencias del capital financiero en la voz del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la renegociación de la deuda pública.
La promesa de campaña de Alberto Fernández de recomponer los 20 puntos de poder adquisitivo que habían perdido las jubilaciones y los salarios en los cuatro años de macrismo se desvaneció por completo en el aire cuando a solo siete días de asumir, el 17 de diciembre de 2019, se envió al Congreso el proyecto de Ley de “Solidaridad y Reactivación Productiva”.
De conjunto, durante todo 2020 la movilidad previsional hubiese arrojado un incremento acumulado de los haberes de 42,1 %. Teniendo en cuenta una inflación que cerrará diciembre en torno al 36 % anual, el resultado es que este año los haberes y las asignaciones familiares y por hijo hubiesen recompuesto alrededor de un 4,4 % de su poder adquisitivo.
Cabe recordar que la fórmula de movilidad impuesta en 2017, que determinaba que los aumentos jubilatorios se rijan en un 70 % por la evolución del índice de precios al consumidor y en un 30 % por la evolución de los salarios, buscaba el ajuste por dos vías: 1) robando un trimestre en el empalme de fórmulas con el aumento de marzo de 2018, y 2) imponiendo un ajuste por inflación, que si esta bajaba como esperaba entonces el gobierno de Macri iba a significar menor actualización de los haberes que la fórmula previa.
Esta expectativa se estrelló con la crisis desde 2018, que derivó en un salto inflacionario al calor de la fuerte devaluación de la moneda. Si bien de haberse aplicado la fórmula los haberes quedarían aún muy lejos de volver al nivel de 2015, por primera vez a los jubilados les tocaba recuperar una pequeña parte de lo que habían perdido durante el gobierno de Macri.
Esa posibilidad fue cortada de raíz. Los cuatro aumentos por decreto en 2020 para jubilaciones y pensiones acumularon entre 24,3% y 35,3 % anual, dependiendo el rango de haber. Así, resultaron entre 7 y 18 puntos por debajo del 42,1 % que hubiese arrojado la movilidad suspendida.
Literalmente, fue un robo. Quienes perciben la jubilación mínima, supuestos “ganadores” de los aumentos por decreto, terminarán “empatando” técnicamente con la inflación, pero 7 puntos por debajo de lo que les correspondía por ley. Por ello, en un año suman una pérdida de $ 7.639.
El oficialismo argumenta que hay que considerar los bonos otorgados, sin embargo, durante la pandemia solo se otorgó un bono de $ 3.000 para las jubilaciones mínimas que no llega ni a compensar el recorte. Por su parte, los bonos de $ 5.000 de enero y febrero de 2020 que se usaron como una cortina de humo para aplicar la suspensión de la movilidad, apenas representaron el 8,5 % de la pérdida que sufrieron durante el gobierno de Macri (a la que supuestamente iban a compensar) mientras que no se les concedió una recuperación del nivel del haber.
El oficialismo usa alternativamente los $ 5.000 para decir que son la (falsa) compensación de lo perdido durante el macrismo o parte del aumento del año 2020. O son una cosa o la otra, pero no las dos a la vez. No obstante, en cualquiera de los casos resultaron totalmente insuficientes.
Es sobre esos niveles interiores de las jubilaciones, reducidos a su mínima expresión, sobre el cual se aplicarán los futuros aumentos de la fórmula de movilidad aprobada el martes 29 de diciembre en la Cámara de Diputados. Recordemos que la jubilación mínima es hoy de $ 19.035, apenas cubre un 38 % de lo que vale la Canasta del Jubilado que estima la Defensoría de la Tercera Edad.
El recorte en las jubilaciones se dio a la par de un derrumbe de ingresos de los hogares, especialmente en los sectores precarios, al calor de la pérdida de empleos con la crisis pandémica y las políticas de confinamiento. De acuerdo a información que surge de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, en el segundo trimestre de 2020 el 17,5 % de los hogares (1,6 millones de familias) tuvo como única fuente de ingresos una jubilación o pensión.
Con este ajuste, que ya tiene fallos judiciales en su contra por inconstitucional, se afectó al universo de los jubilados del sistema nacional (Sistema Integrado Previsional Argentino) que reúne a 5,5 millones de jubilados y pensionados, pero también a las prestaciones ligadas a la movilidad como las 8,8 millones de Asignaciones Familiares y por Hijo, y las 1,4 millones de Pensiones No Contributivas.
De esta forma, el segundo objetivo fue alcanzado: se envió una clara señal a los especuladores y organismos internacionales de crédito de la “voluntad” de ajustar el gasto público, a costa de los jubilados y las familias trabajadoras, para liberar excedentes para el pago de la deuda. Se trata de prioridades.
Aquí reside un tercer elemento, preocupante, que se ha pasado por alto en la mayoría de los análisis. Con el primer aumento por decreto de marzo, que contenía una suma fija, se redujeron proporcionalmente más las jubilaciones en la medida en que se sube en los tramos de haber. Es decir, se produjo un achatamiento de la pirámide de jubilaciones del sistema.
Esta modificación estructural confluye directamente con las presiones del FMI, el Banco Mundial y otros organismos en línea con las pretensiones del gran capital por modificar los sistemas jubilatorios hacia pensiones universales de miseria en la vejez. La lógica es que los sistemas públicos solo cubran una parte (mínima) de la jubilación y que cada cual “complemente” su haber con aportes individuales a sistemas de seguros privados.
El problema no es solamente el achatamiento de la pirámide en sí misma, y de lo que esto representa para dejar el terreno preparado para aplicar los planes de los organismos internacionales, sino de que la base de la pirámide está en el subsuelo.
Eduardo Levy Yeyati, uno de los especialistas convocados por la Comisión Bicameral Mixta del Congreso para “debatir” la nueva fórmula previsional (a la cual no se convocaron a referentes de organizaciones de base de trabajadores y jubilados), lleva este ejercicio al extremo, proponiendo directamente eliminar el sistema contributivo: “Hoy tiene más sentido pensar el sistema previsional como un régimen de seguridad social, una asignación universal para el adulto mayor, que debería ser fondeado con recursos generales”, “en el caso argentino es proporcional a los aportes, pero podría no serlo, como es en el caso de Nueva Zelanda”.
Este planteo consagra como una realidad inmodificable la precariedad de las relaciones laborales, es decir, la realidad que afecta a millones de trabajadores que no cuentan con un empleo formal ni realizan por tanto aportes previsionales o aquellos que sufren fraude laboral facturando como autónomos o monotributistas a las empresas que los emplean.
El cuarto punto es la consolidación del ajuste iniciado con Macri con el cambio en la ley de movilidad previsional. La nueva fórmula será similar a la aplicada entre 2008 y 2017 y se regirá por la evolución de los salarios y la recaudación tributaria de la Anses, con un tope que no podrá superar anualmente la evolución de los recursos totales de la Anses más un 3 %. Pero no contiene un piso.
Con ello, se aseguran de que cerca de un 50 % del presupuesto nacional, que se mueve con aquella ley, podrá ir detrás de los aumentos de precios y de esa forma “licuarlo” en los momentos de recesión, haciendo recaer las crisis sobre las espaldas de jubilados y beneficiarios de AUH. Incluso el Frente de Todos votó en contra de nuestra propuesta de agregar una cláusula de piso mínimo que actúe como garantía ante la inflación.
Los argumentos de quienes defienden esta ley se limitaron a apuntar que cuando se aplicó esta fórmula bajo los gobiernos de CFK las jubilaciones se recompusieron (vale decir, poco). Para justificar el ajuste repiten el argumento liberal de que son los aumentos de jubilaciones y salarios los que generan inflación.
Pero a los grandes fondos de inversión que ganaron con la bicicleta financiera durante el macrismo les dieron bonos en dólares y otros en pesos atados a la inflación para que no se desvaloricen sus activos. Se ajusta a los más vulnerables, lo que nunca se desindexa son las ganancias de los bancos, de los especuladores financieros y de los grandes grupos económicos.
El Sistema Previsional y las Reformas Laborales
Cada modificación del sistema previsional aparenta ser una medida aislada pero debe ser observada a la luz de los intentos del capital en las últimas décadas por elevar los niveles de explotación laboral, extendiendo la precarización de la vida hasta los últimos días.
Durante el neoliberalismo se avanzó en una mayor fragmentación y precarización del trabajo. Los métodos del toyotismo como el just in time, la tercerización, y la flexibilización en las leyes laborales fueron algunos de los elementos característicos de la ofensiva del capital contra el trabajo.
Los avances de la técnica fueron utilizados por los capitalistas para organizar el trabajo de manera tal que les permitiese aumentar la productividad. Así con ritmos más intensos de trabajo y destruyendo una parte de los puestos de trabajo en la industria, los capitalistas aumentaron sus beneficios.
Al mismo tiempo, los sistemas de jubilaciones y pensiones se transformaron en todo el mundo en ambicionados cotos de ganancia para el capital. Allí donde existían sistemas de reparto públicos como en Argentina, el FMI y el Banco Mundial impusieron la privatización con la creación de las AFJP, que en poco más de 10 años debieron ser rescatadas.
Al mismo tiempo, las últimas décadas fueron testigo de sucesivas “contrarreformas” en el terreno jubilatorio, estirando la edad para acceder a la jubilación y terminando con cualquier régimen especial.
En Argentina, a pesar del crecimiento económico a tasas chinas bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el empleo informal nunca perforó un piso en torno al 30 % de la fuerza de trabajo y proliferaron formas precarias como el monotributo. Esta cuestión estructural se trasladó a la tercera edad y al sistema previsional.
La perspectiva para la tercera edad que le espera a estos millones que trabajaron toda su vida, especialmente para las mujeres, es obtener una pensión incluso un 20 % por debajo del haber mínimo, la Pensión Universal Para el Adulto Mayor (PUAM), que se implementó en 2016 al tiempo que se eliminaron las moratorias.
Para quienes sí reúnen las condiciones para acceder a una jubilación se encuentran con el problema de los bajos salarios y la forma en que se calculan los haberes iniciales al no estar garantizado el 82 % móvil.
Junto con esto el aumento de la expectativa de vida, que debería ser un beneficio para los adultos mayores, para los capitalistas es un problema y lo han transformado en una carga. Las reformas previsionales que el capital impulsa en la mayoría de los países tienen entre sus objetivos principales elevar la edad de retiro de los trabajadores para extraerles hasta la última gota de sudor y al mismo tiempo reducir el gasto previsional.
Con Macri se introdujo también en la ley de “Reparación Histórica” la “opción” de trabajar hasta los 70 años sin que el empleador pueda intimar al trabajador a jubilarse. Un verdadero cinismo, ya que para quien obtiene una jubilación de miseria o una pensión como la PUAM solo queda seguir trabajando para llegar a fin de mes.
Propuestas Alternativas
Como planteamos en el recinto de Diputados el martes pasado, es necesaria una respuesta opuesta por el vértice para restituir lo que se vienen robando en los últimos años con los cambios en la movilidad bajo el gobierno de Macri y su suspensión el primer año de Fernández.
Pero no es suficiente debatir solo la movilidad, porque los haberes están muy por detrás del histórico reclamo del 82 % móvil del salario en actividad, ni que hablar de la canasta básica. Para esto, no puede decirse que los recursos no alcanzan cuando todavía siguen vigentes todos los recortes de las contribuciones patronales que se impusieron en los años ‘90 con Menem y Cavallo.
Si se restituyeran los aportes previsionales al nivel que tenían entonces aumentarían considerablemente los ingresos de Anses. Pero al mismo tiempo es necesario pelear por el blanqueo de las trabajadoras y de los trabajadores (el Frente de Izquierda presentó un proyecto en ese sentido) y terminar con toda forma de precarización laboral.
Por ello, la respuesta a la “cuestión previsional” es inseparable de un planteo de reducción de la jornada laboral y reparto de las horas de trabajo, alcanzable con el desarrollo actual de la técnica, estableciendo el salario mínimo por encima de la canasta familiar.
Asimismo, imponer verdaderos impuestos a las grandes fortunas dirigidos a aumentar los recursos previsionales permitirían sostener un incremento de los haberes, que el sistema previsional tenga los recursos que debe tener, para que las jubiladas y jubilados puedan empezar a acercarse a tener el ingreso que se merecen.
Tabla Resumen de Aumentos y Bonos (2020)
| Mes | Aumento Correspondiente por Movilidad | Aumento por Decreto |
|---|---|---|
| Marzo | 11,56 % | Suma fija de $1.500 + 2,3 % (12,96 % para la mínima, 3,76 % para la máxima) |
| Junio | 10,9 % | 6,12 % |
| Septiembre | 9,88 % | 7,5 % |
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