La reforma previsional de España, que entró en vigencia, es parte clave de un programa de reforma estructural más grande de los dos primeros años de Mariano Rajoy como presidente del gobierno español. Esto sirve de adelanto de una reforma con gran potencial del sistema de impuestos, planeada para el primer semestre.
Nuevas Medidas y su Impacto
El nuevo régimen rompe la conexión entre inflación y aumento de las pensiones. Los aumentos en los pagos están limitados en 0,5% sobre la inflación. Las pensiones subirán un mínimo de 0,25% anual y subirían más solo si el fondo de pensión estatal tiene excedentes. Desde 2019, las pensiones se calcularán con un nuevo "factor de sustentabilidad" que relaciona pagos y expectativa de vida - asegurando menores pensiones a mayor tiempo de vida.
"Creo que con estos dos pasos garantizan la sustentabilidad del sistema", dijo Ignacio Conde-ruiz, profesor de economía y vice director del think tank Fedea en Madrid. Advirtió, sin embargo, que los próximos gobiernos deben prevenir que los estándares de vida de los jubilados caigan demasiado.
Pero algunos analistas advierten que el nuevo sistema podría reducir las pensiones a un nivel que no le permitiría a los jubilados cubrir sus costos. "Puedes arreglar los problemas financieros de cualquier sistema de pensiones dejando de pagar pensiones", dijo Javier Díaz-Giménez, profesor de la escuela de negocios de IESE. La OCDE también advirtió en una evaluación reciente que la nueva reforma "aumenta la incertidumbre para futuros jubilados".
Desafíos Demográficos y Financieros
Un estudio hecho por la escuela de negocios IESE mostró que en 2010, por cada español mayor de 65 años había 3,6 contribuyentes de entre 16 y 64 años. "Si la tendencia demográfica continúa, la proporción será de 2,5 en 2030 y de 1,6 en 206", dice el estudio. Agrega: "para financiar las pensiones, España necesitará 26,5 millones de inmigrantes durante los próximos 40 años, es decir 665.000 al año.
España se sitúa a la cola entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por el tamaño, tanto estimado en dólares como en porcentaje del PIB, de las reservas del sistema público de pensiones, que se conoce como Fondo de Reserva de la Seguridad Social o popularmente 'hucha de las pensiones'. Según el informe 'Pension Markets in Focus 2024', publicado por el 'think tank' de las economías avanzadas, que maneja datos a finales de 2023, la 'hucha de las pensiones' español ascendería a unos 6.000 millones de dólares (5.672 millones de euros), lo que equivaldría al 0,4% del PIB.
No obstante, según indicó en octubre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se espera que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cerrará 2024 con cerca de 9.300 millones de euros, tras finalizar septiembre con 8.356 millones de euros, "el nivel más alto desde diciembre de 2017", gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que entró en vigor en 2023. El MEI es un porcentaje de la cotización por contingencias comunes, repartido entre la empresa y el trabajador con la misma distribución que en las cotizaciones sociales, cuyo objetivo es aumentar los recursos del Fondo de Reserva.
"España tenía las reservas más bajas (tanto en dólares como en porcentaje del PIB) entre los países que informan", recoge el documento, que destaca a Estados Unidos como el país con el mayor importe del fondo de reserva de pensiones públicas de la OCDE en 2023, con 2,6 billones de dólares (2,46 billones de euros), el equivalente al 9,7% del PIB de EE.UU. De su lado, Corea del Sur y Japón contaban con las mayores cantidades de reservas de planes de reparto en relación con el tamaño de su economía, con el 46% y el 38% del PIB respectivamente.
Asimismo, en cuanto a los activos en el sector privado, en el caso de España ascenderían a 180.000 millones de dólares (170.166 millones de euros) o el 11,2% del PIB, en la parte baja de los países de la OCDE en cuanto a la proporción de fondos respecto del tamaño de la economía. EE.UU. cuenta también en este caso con el mayor importe de activos, con casi 39 billones de dólares (36,86 billones de euros), casi tres cuartas partes del monto de todos los países de la OCDE, aunque en proporción respecto del PIB el primer lugar lo ocupa Dinamarca, con un 198%, por delante de Islandia, con un 181,8%, y de Suiza, con el 159,8%.
En el conjunto de los países de la OCDE, los activos destinados a la jubilación en 2023 aumentaron un 10% respecto del año anterior para situarse en 63,1 billones de dólares (59,6 billones de euros), incluyendo 56,5 billones de dólares (53,4 billones de euros) en proveedores privados y otros 6,6 billones de dólares (6,2 billones de euros) en fondos de reserva públicos, lo que supone respectivamente un incremento anual del 10,8% y del 3,1%.
A pesar del crecimiento en 2023, los activos todavía estaban un 5% por debajo de su nivel de 2021 en términos nominales en el área de la OCDE, después de las grandes pérdidas de inversión en 2022 incurridas por proveedores de pensiones y fondos públicos tras el aumento de los tipos de interés y la caída del capital. No obstante, los activos se triplicaron con creces en las últimas dos décadas en la OCDE, pasando de 20,8 billones de dólares a finales de 2003 hasta los 63,1 billones de dólares a fines de 2023.
Los activos destinados a la jubilación crecieron en 2023 en casi todos los países de la OCDE, excepto Luxemburgo y Portugal, observándose el mayor incremento en el caso de activos de proveedores de pensiones en Turquía (73,3%), Polonia (34,9%) y Lituania (27%).
En un segundo informe sobre pensiones, la OCDE advierte de que, en un contexto de envejecimiento de la población y otros desafíos económicos, es necesaria la adopción de nuevas medidas para abordar las brechas de cobertura y destaca la importancia de garantizar que las personas tengan acceso a unos ingresos de jubilación adecuados y de adoptar enfoques innovadores, como opciones para agrupar los riesgos y aprovechar el valor líquido de la vivienda.
El sistema público de pensiones es el programa de mayor gasto que realiza el Estado español. En 1994, ese gasto representó un 8,5% del PIB y muestra una clara tendencia de crecimiento en el futuro, tanto en términos absolutos como en proporción del PIB. El déficit del sistema de pensiones de reparto crecerá en forma exponencial en los próximos años hasta llegar a 5,5 billones de pesetas (de 1994) en el año 2025, es decir, de un 37% del gasto en pensiones en ese año.
La declinación de la tasa de natalidad así como el progresivo envejecimiento de la población, significa que cada vez será menor la relación entre los trabajadores activos y jubilados. Como en un sistema de reparto los primeros financian las pensiones de los segundos, la carga se irá haciendo insostenible. Si se persiste en aumentar el impuesto a la contratación de trabajadores, que eso significan las elevadas tasas de cotización de la Seguridad Social, se provocará un desempleo aún mayor.
Propuestas y Alternativas
Los beneficios del sistema de capitalización individual han sido destacados por múltiples publicaciones. Estos logros se han constatado en la experiencia chilena, que ya tiene quince años, y donde los resultados son elocuentes. Eleva las pensiones. Incrementa el empleo.
Un sistema de capitalización se financia con el ahorro obligatorio de los trabajadores, el cual en tanto es percibido como propiedad individual no constituye un impuesto a la contratación de mano de obra. Aumenta el ahorro. Mejora la productividad del capital. Potencia la tasa de crecimiento del PIB. Reduce el poder del Estado en la economía. Despolitiza el sistema de pensiones. Estimula una cultura laboral de ahorro y disciplina la gestión económica nacional.
La reforma propuesta consiste en darle a todos los trabajadores menores de 45 años que actualmente pertenecen al sistema de pensiones de reparto, la libertad de optar por cambiarse a un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas especializadas. A los trabajadores mayores de 30 años que decidan cambiarse, el Estado les entrega un Bono de Reconocimiento que les compense, total o parcialmente (según la edad), por las contribuciones realizadas en el sistema de reparto.
En el escenario “Intermedio”, en que la tasa de crecimiento económico se eleva en un 1% por año como consecuencia del proceso iniciado por esta reforma (desde 2,5 a 3,5% anual), el costo fiscal de la transición a financiar por fuentes exógenas evoluciona de la siguiente manera durante los próximos siete años (como porcentaje del PIB):
- 1997: 0,12%
- 1998: 0,27%
- 1999: 0,37%
- 2000: 0,41%
- 2001 0,38%
- 2002: 0,32%
- 2003: 0,09%
Finalmente, en el 2004 se registra el primer superávit, respecto del caso sin reforma, de un 0,12% del PIB.
Reajuste Anual de las Pensiones
El Gobierno en funciones de España prevé para 2017 un alza de las pensiones de 0,25%, el mínimo legal, y un incremento del sueldo de los empleados públicos de 1%, según el vicesecretario Sectorial del Partido Popular (PP), Javier Maroto, quien precisó que si no hay Gobierno en las próximas semanas y los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se prorrogan para 2017, estas subidas “no se llevarían a cabo”.
El responsable del PP reconoció que los incrementos previstos en pensiones y salarios de funcionarios son “muy moderados y pequeños” y que le gustaría que fueran mayores, pero ha insistido en que no podrán aplicarse si los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se retrasan, ya que, sin Gobierno, no quedará más remedio que prorrogar los Presupuestos de 2016.
Si Rajoy consigue formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017, la idea es consignar esa subida mínima del 0,25% para las pensiones y del 1% en los sueldos de los empleados públicos. Sería el cuarto año consecutivo en que las pensiones se incrementan el mínimo previsto en la ley (0,25%) y el segundo año consecutivo en el que subirían los salarios de los funcionarios, que en 2016 también aumentaron un 1%.
Factores que Afectan el Sistema de Pensiones
El sistema de pensiones de España es cuestionado y se dan cita distintos factores para ello: aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad, el alto desempleo y los sucesivos rescates al Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocida como la “hucha (alcancía) de las pensiones”- entre otros. Además, se conocióque la Seguridad Social española pagó en 2014 la jubilación de 29.321 personas que ya habían fallecido, según un informe del Tribunal de Cuentas.
Según datos de Inverco en relación al ahorro financiero de las familias españolas durante el año pasado, alcanzaron 2,012 billones de euros e incrementando 1,7% el volumen de activos financieros en relación a 2014. Pero la duda está en el futuro, en el momento de la jubilación, para lo que hay tener en cuenta la Tasa de Reemplazo, que se ha ido reduciendo, pasando del 81% al 74% actual, y lo que es peor, desde Bruselas auguran que ésta será del 48,6% para 2060.
El objetivo de este trabajo consiste en presentar los importantes cambios demográficos que ha sufrido España en los últimos cincuenta años, marcados por un ineludible proceso de envejecimiento poblacional, que se ha contrarrestado tímidamente por la afluencia puntual de extranjeros.
Aunque la garantía del sistema de pensiones es un hecho, durante las dos próximas décadas, hay que efectuar reformas con relativa urgencia, a imagen y semejanza de las ya realizadas en la mayoría de países europeos. La finalidad de estas reformas debe ser clara y decidida, pues es una certeza que en los próximos años se atenderá a un número mucho mayor de jubilados y no está suficientemente claro que se produzca un aumento proporcional en el número de afiliados.
En cuanto al tipo de medidas a adoptar, creemos todas ellas deben de ir encaminadas a mejorar la relación entre las cotizaciones durante la etapa de actividad y la cuantía de las prestaciones, una vez que se produce la jubilación.
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