Corría el mes de noviembre de 1980 cuando José Piñera impulsó un nuevo modelo para administrar las pensiones y ahorros de miles de personas, a través del Decreto Ley 3.500, llamado Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las cuales pasarían a estar en manos de empresas privadas, bajo una lógica de capitalización individual.
Desde el 31 de diciembre de 1982 hasta la fecha, las AFP pasaron a ser el único sistema de previsión social para todas las personas que se van incorporando al mundo laboral, lo cual no rige para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, quienes tienen sistemas de pensiones y cotizaciones en base a la modalidad de reparto, en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA) y en la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA).
En la década del 80’, en plena Dictadura Cívico-Militar y a costa de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas, la derecha y los empresarios, en Chile comenzó una ola de privatizaciones, y con esto, el terreno propicio para que la clase empresarial y sus políticos convirtieran todo derecho fundamental en un negocio redondo. Las pensiones, los ahorros de años de trabajo y la seguridad al momento de jubilar, pasaron a transformarse en millonarias ganancias que definitivamente no benefician a las familias trabajadoras: las AFP.
Contexto Histórico y Actores Clave
Era una fría noche de 25 de mayo. Santiago era una ciudad oscurecida por el smog y una densa neblina. Al llegar al número 1.300 de la calle Carlos Silva, José Piñera estacionó su auto.
Este grupo de seis comensales constituía el núcleo de la coalición de civiles que había alcanzado la cúspide de la dictadura. Representaba la alianza de gremialistas y economistas neoliberales que había logrado la síntesis magistral de la doctrina católica sobre el estado subsidiario con la ideología de libre mercado de Chicago.
Asediados por amenazas de boicot internacional y por la resistencia que aún oponían los militares corporativistas a la creación de las AFP, esa noche se reunieron para pasar a la ofensiva.
“En diciembre de 1974 regresa a Chile [luego de terminar su PhD en Harvard] para luchar por una revolución liberal en lo económico, social y político”, señala el perfil profesional de José Piñera publicado en su sitio web. Y luego continúa: “En diciembre de 1978 asume como ministro del Trabajo”.
Sus actividades profesionales entre 1975 y 1978 es un capítulo que Piñera omite persistentemente en su biografía. Pero sus ocupaciones durante esos años son cruciales para entender el rol que jugó como ministro.
Reclutado por Manuel Cruzat, José Piñera tuvo como misión principal ejecutar el plan El Ladrillo ideado por su nuevo jefe, siendo una de las piezas clave las AFP.
El relato del cónclave en la casa de Jaime Guzmán -desclasificado por el mismo Piñera en 1996, en el número 78 de su revista Economía y Sociedad- nos entrega pistas. La respuesta está en el hecho de que Piñera asiste a esa selecta convocatoria en su calidad de ejecutivo de confianza de Manuel Cruzat.
Luego de regresar desde Boston, Piñera fue reclutado por Cruzat para liderar el departamento de estudios de su conglomerado.
Reconocido como un mago de las finanzas, Cruzat fue uno de los redactores de El Ladrillo -el programa económico diseñado en los meses previos al golpe de Estado de 1973- en donde se expone por primera vez el proyecto de reemplazar el sistema de reparto por un esquema de capitalización individual. Piñera era así -nada más, nada menos- el joven ejecutivo encargado de ejecutar el plan maestro de su jefe.
Para Cruzat la creación de las AFP era un paso fundamental en la expansión de su imperio centrado en la industria financiera. Cruzat usó toda la artillería que tenía a su disposición para fustigar el sistema de reparto y promover el modelo bosquejado en El Ladrillo. Piñera era su hombre de confianza mandatado para cumplir tal misión.
El primer medio utilizado para hacer viral la narrativa de la supuesta quiebra del sistema de reparto fue el Informe Económico de la Colocadora Nacional de Valores, el banco de inversión del grupo Cruzat-Larraín. Editado por Piñera, el boletín que la Colocadora hacía circular entre sus clientes contenía notas cargadas de excesos y cifras sacadas de la chistera (muchas veces no es posible corroborar los estudios citados).
Escasos meses más tarde, Piñera contaría con medios de prensa adicionales para hacer viral la falsa narrativa. El Mercurio también se sumaría a la campaña de desacreditación, y el grupo Cruzat-Larraín adquiría las revistas Ercilla y Vea. Hasta 1978 (año en que asumió como ministro del Trabajo), Piñera sería columnista regular de Ercilla. También en 1976 Cruzat-Larraín tomaría el control de Radio Minería, y con ella otra vía para viralizar la narrativa.
Profundización del Modelo Neoliberal
En apenas dos años -entre abril de 1975 y mayo de 1977- los Chicago Boys ya habían logrado transformar radicalmente la economía del país implementando políticas de libre mercado. Ya se habían desmantelado las regulaciones de precios y las protecciones arancelarias, y el aparato del Estado había sido reducido drásticamente, entre otras modificaciones.
Durante la velada en la casa de Jaime Guzmán, sin embargo, el grupo de seis prohombres allí reunidos se juramentó “redoblar esfuerzos por profundizar el modelo económico”. Para los neoliberales radicales significaba privatizar prácticamente cada una de las actividades económicas de la población. Este objetivo se realizaría mediante transformaciones institucionales llamadas las “modernizaciones”. La modernización clave fue la creación del sistema de AFP.
La lista de asistentes al encuentro en el domicilio de Jaime Guzmán expresa nítidamente cuán lejos habían llegado los grupos financieros en el logro de sus objetivos. Ya tenían a ex ejecutivos a cargo de los ministerios más poderosos del gabinete, y su principal líder -Manuel Cruzat- tenía acceso exclusivo y excluyente a la toma de decisiones.
Distintas fuentes avalan la participación directa y activa que tenía Manuel Cruzat en la toma de decisiones durante los primeros años de la dictadura. Invitado por sus amigos Chicago Boys, participaba en el debate y de paso obtenía información privilegiada que le permitió tomar decisiones de inversión anticipándose al resto de los agentes del mercado.
A pesar de la oposición explícita de los Chicago Boys socialcristianos (especialmente de Juan Villarzú, director de Presupuesto hasta 1975), Sergio de Castro y compañía continuaron facilitándole acceso directo e información privilegiada a Cruzat y los otros grupos financieros como Vial y Edwards.
En este sentido, la creación de las financieras en mayo de 1974 ilustra muy bien lo señalado, constituyendo además un prolegómeno exacto de lo que siete años más tarde -en 1980- sería la creación de las AFP. La medida se enmarcaba en los intentos por crear un mercado de capitales más robusto e impulsar el crédito interno. Antes que se hiciera público el anuncio, los ejecutivos de los grupos Cruzat-Larraín y Vial ya trabajaban en ello.
Ambos grupos madrugaron al resto de los conglomerados creando financieras que lograron captar una mayor proporción del incipiente mercado. Usando sus contactos con Wall Street y el Citibank, obtuvieron créditos en dólares para ponerlas en funcionamiento; dólares que además fueron convertidos a una tasa de cambio muy favorable.
A las financieras no se les aplicó esta restricción y se les permitió prestar dinero a un 25%. Este diferencial en las tasas de interés de los créditos significó una inmensa transferencia de fondos desde el Estado hacia los grupos financieros: con altos niveles de desempleo, miles de ciudadanos de a pie sacaron sus escasos ahorros bancarios para depositarlos en las financieras y así poder percibir ese diferencial de un 15% sobre sus depósitos.
Exactamente igual como lo sería la creación de las AFP, la ley de 1974 significó una tremenda inyección de capital financiero para los grupos económicos radicales.
El Lobby Financiero Triunfa
1979 comenzó con buenos augurios para la industria financiera. Uno de sus hombres, José Piñera, asumía la cartera de Trabajo con el mandato de sacar adelante la reforma.
Bajo la atenta supervisión del ministerio de Hacienda Sergio de Castro, Piñera condujo la reforma con un estricto hermetismo. Sólo funcionarios de extrema confianza tuvieron acceso a los informes preparados por el Comité Técnico encargado del diseño de la reforma.
Pese al secretismo, hubo un grupo -en el papel, externo a la cúpula del régimen; en los hechos, en una relación carnal con la estructura institucional de la dictadura- que siempre se mantuvo muy bien informado. Este grupo correspondía a los conglomerados financieros que estuvieron al tanto de cada avance en la tramitación, como lo demuestran sucesivos artículos de la revista Hoy publicados entre octubre y noviembre de 1980.
Un mes antes de que se promulgase el Decreto Ley (DL) 3.500 que crea el sistema de AFP, comenzaron a publicarse en el Diario Oficial una serie de registros de marcas con nombres peculiares: Trust de Previsión Privada, Caja de Empleados de la Educación o Corporación Previsional de Profesionales. La carrera por gestionar los ahorros de los trabajadores había comenzado.
Promulgado el DL 3.500, los grandes grupos económicos de la época procedieron a crear las AFPs concretas. Los grupos financieros crearon no una, sino que dos AFP cada uno. Cruzat fundó Provida y Alameda; Vial inscribió Santa María y San Cristóbal. El grupo Edwards, en tanto, fundó una con un nombre significativo: El Libertador.
Las AFP debutaron oficialmente el 1 de mayo de 1981. Con una campaña publicitaria agresiva y efectiva con don Francisco -Mario Kreutzberger- como rostro, Provida rápidamente se transformó en la más grande del incipiente mercado previsional: en su primer mes de vida logró captar a un 38% de los conversos al nuevo sistema.
Los grupos financieros lograban así el premio mayor: fondos frescos provenientes de los ahorros previsionales -es decir, pasivos de larguísimo plazo- que podían ser transformados en sustanciosos activos para financiar su propia expansión empresarial.
El sueño húmedo de Manuel Cruzat hecho realidad quedaba reflejado nítidamente en la estructura que adquiría su imperio hacia 1981.
Al igual como ocurrió en 1974 con la creación de las financieras, las AFP fueron un traje a medida para los grupos Cruzat-Larraín, Vial y Edwards. Estos dos últimos conglomerados replicarían -aunque a menor escala- el andamiaje financiero del grupo Cruzat-Larraín.
El Funcionamiento de las AFP
Cada vez que los trabajadores llegan a su décimo día del mes, el 10% de su salario es transferido como cotización a la AFP correspondiente, es decir, alrededor de $27.600 mil (tomando como base el salario mínimo establecido) pasan a las manos de empresas privadas, las que administran a su antojo los ahorros de años de trabajo.
Entre las empresas que más se benefician a costa de los bolsillos de los trabajadores se encuentran IPSA (Cencosud, Endesa, Latam, Enersis, Falabella, Colbún, Copec, Soquimich, AES Gener, CMPC) y 10 bancos, que reciben la suma de US$41.500 millones.
Pero, eso no es todo. Las AFP no sólo ‘administran’ el dinero de miles, sino que lo utilizan para invertir y obtener ganancias aún más millonarias.
En palabras del economista Gonzalo Durán “las AFP invierten el dinero de los trabajadores en los bancos, por ejemplo, en depósitos a plazo, cuyas tasas de interés fluctúan entre 4% y 4,5% anual. A su vez, estos mismos bancos, prestan ese dinero a los trabajadores por medio de créditos de consumo, a tasas anuales de 25% (…) Un negocio redondo.
El 90% de las pensiones que pagan las AFP tienen un monto inferior al 64% del sueldo mínimo” (Publimetro, 13 de marzo de 2015). Según el investigador Marcos Kremerman “el 90% de los pensionados con pensión programada recibe pensiones inferiores a $144.000”, mientras que el promedio de las ganancias diarias de las AFP es de $1 millón.
En este sentido, las precarias jubilaciones empeoran cuando se trata de las mujeres trabajadoras, ya que un 93% recibe menos de $147 mil, mientras que el 87% de los hombres gana dicho monto.
Esta brutal realidad afecta a la mayoría de la población trabajadora, la que gana un mísero salario mínimo de $225 mil, en un contexto de profundo cuestionamiento hacia las instituciones del régimen político y la clase empresarial. Al mismo tiempo que por los medios de comunicación se ve cómo políticos de derecha y empresarios son encontrados culpables de fraudes, corrupción y robos.
El Sistema de Previsión Anterior a las AFP
Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, el Estado concentró gran parte de sus esfuerzos en diseñar un sistema de previsión que asegurara una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores.
En este sentido las leyes sociales fueron pioneras con normativas como la ley de descanso dominical, accidentes del trabajo y jornada laboral. Este escenario se mantuvo estable hasta 1924, año en el que comenzaron a funcionar la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, seguidas muy prontamente por la Caja de Empleados Públicos.
Estas instituciones se nutrían de las cotizaciones obligatorias que realizaban los trabajadores, empleadores y el Estado, lo que aseguraba al beneficiario atención médica, pensión de invalidez y una jubilación a partir de los 65 años de edad.
Las cajas de empleados particulares y públicos funcionaban de manera similiar. Los fondos se reunían a partir de las cotizaciones individuales y los aportes del empleador, en el caso de la Caja de empleados particulares, y con el auxilio complementario del Estado, en el caso de los públicos.
Ambas instituciones otorgaban una pensión de retiro a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad, así como préstamos en dinero deducibles de la cuenta que cada empleado mantenía en la caja. A partir de 1937 se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él.
Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en salud.
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