El sistema de pensiones en Chile fue creado en 1981, a partir de un decreto emitido por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, en 1980.

Antes de las AFP, había 35 cajas de previsión, con 150 regímenes previsionales distintos, según Mario Douvachelle, quien era abogado y capitán de navío en 1980 y quien por 12 años fue secretario de Legislación de la Junta de Gobierno. Había cajas de empleados públicos, cajas de empleados privados, de sindicatos, de universidades, etc.

De las 12 AFP que empezaron a operar en 1981, sólo cuatro siguen funcionando hoy. El resto fueron absorbidas por otras AFP o terminaron fusionadas.

El sistema se inauguró con una ofensiva comunicacional potente. Don Francisco hizo varios comerciales para Provida. En uno decía: “A todos nos dieron la libertad de elegir nuestra AFP. Por ejemplo, yo elegí Provida”, mientras sonaba música clásica de fondo.

Contexto Histórico y Creación del Sistema de AFP

Desde fines del siglo XIX e inicios del XX, el Estado concentró gran parte de sus esfuerzos en diseñar un sistema de previsión que asegurara una mejor calidad de vida durante el período laboral y el retiro de los trabajadores. En este sentido las leyes sociales fueron pioneras con normativas como la ley de descanso dominical, accidentes del trabajo y jornada laboral.

Este escenario se mantuvo estable hasta 1924, año en el que comenzaron a funcionar la Caja del Seguro Obrero Obligatorio y la Caja de Previsión de Empleados Particulares, seguidas muy prontamente por la Caja de Empleados Públicos. Estas instituciones se nutrían de las cotizaciones obligatorias que realizaban los trabajadores, empleadores y el Estado, lo que aseguraba al beneficiario atención médica, pensión de invalidez y una jubilación a partir de los 65 años de edad.

Las cajas de empleados particulares y públicos funcionaban de manera similar. Los fondos se reunían a partir de las cotizaciones individuales y los aportes del empleador, en el caso de la Caja de empleados particulares, y con el auxilio complementario del Estado, en el caso de los públicos. Ambas instituciones otorgaban una pensión de retiro a los 30 años de servicio o a los 50 años de edad, así como préstamos en dinero deducibles de la cuenta que cada empleado mantenía en la caja.

A partir de 1937 se instauró una asignación familiar que se pagaba directamente al cotizante por cada miembro de su familia que dependiese de él. Para los antiguos miembros del Seguro Obrero, esto significó la adquisición de nuevos beneficios, como la pensión de sobrevivencia, el subsidio a la maternidad, la mejora en las pensiones de invalidez y la ampliación a toda la familia de la cobertura en salud.

Según las actas de la época, hubo cuatro reuniones para resolver el tema de un nuevo sistema previsional. La primera, el 28 de enero de 1980, en la que básicamente se iniciaba la discusión. La segunda fue bien entrado el año, el 14 de octubre, y tuvo momentos de tensión en la que varios generales se oponían a que las pensiones pasaran a privados. Luego vinieron dos sesiones más: una a fines de octubre, en la que se discutía principalmente cómo dejar a las FF.AA.

El proyecto buscaba terminar con un sistema en el que ganaban unos pocos, pero perdían la mayoría de los imponentes”, asegura Douvachelle. “El proyecto era muy curioso, porque presentaba un modelo nuevo totalmente desconocido, lo que generó muchos problemas en los comandantes en jefe”.

Y recuerda uno de los principales obstáculos en la creación del nuevo sistema de pensiones: “Otro de los problemas importantes que surgió en el estudio es qué pasaba con los fondos en caso de que una AFP quebrara, qué pasaba con los imponentes y quién respondía, porque eso no estaba resuelto en el proyecto original que nos enviaron del Ministerio del Trabajo. Esa fue una situación muy desgraciada. Tal vez por intentar que las cosas salieran mejor, tuve que pelear mucho por eso. Pedí audiencia con cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno para hacerles ver este tema y decirles que esto había que arreglarlo. Les decía que en este país había tanto fresco, que era indudable que alguna AFP podía quebrar en el tiempo, por lo que no podía salir el proyecto sin que esto estuviera totalmente resuelto”.

Quien sí recuerda, a sus 91 años, es el mismo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, quien dice que el primero que se le acercó a hablar sobre las pensiones fue Miguel Kast, ministro de Odeplan. “Me explicó que las platas de los fondos se habían mal invertido en bienes que valían cero. Y después había que pagar las pensiones. Lo que le pasa a Grecia o a España hoy es lo que nos habría pasado a nosotros. Sí o sí había que hacer algo para enfrentar la deuda que el país iba a adquirir con los que iban a jubilar”.

Claro que había un problema. El Ejército, con Pinochet incluido, estaba totalmente en contra de que los fondos fueran administrados por privados. En las actas queda registrado que Pinochet, quien era partidario de que las pensiones las manejara el Banco Central, tenía miedo de que el poder empresarial creciera al punto de que se transformaran en los “dueños del país”.

Acta 399 A. 24 de octubre de 1980. Se discute si las FF.AA. estarán afectas al nuevo sistema previsional. Y se discute así:

El señor general Pinochet, Presidente:“Es como decir, incluimos a todas las personas, menos nosotros; nos van a criticar siempre en el futuro”.

El señor ministro del Trabajo y Previsión Social: “No, eso se solucionó”.

El señor general Pinochet, Presidente:“Así está”.

El señor ministro del Trabajo y Previsión Social:“No, se solucionó en la ley matriz, en que queda una comisión. ¿No es así, general Lyon?”.

El señor asesor jurídico presidencial:“Sí. Hay dos redacciones que se están estudiando: una, podría ser una ley posterior que regulara esto; y otra, una facultad delegada”.

El señor general Pinochet, Presidente:“En atención a la situación especial que tiene el funcionario de la Defensa Nacional o los miembros de las instituciones de la Defensa Nacional, muchos de los cuales tienen que presentarse todos los años a la Junta Calificadora donde se elimina un porcentaje enorme; a los accidentes permanentes, porque manejan elementos explosivos, etcétera, etcétera, se ajustarán a disposiciones especiales”.

Reformas y Crisis del Sistema

Ningún gobierno de la Concertación se animó a corregir los cálculos de Piñera y menos de dos décadas después el sistema hacía crisis: el mercado laboral es sustancialmente informal, los incentivos no están en el ahorro y la población no conoce el sistema ni tiene foco en ahorrar para su vejez. El 2008, Bachelet encabezó la primera gran reforma al sistema con foco en mejorar las pensiones.

La reforma de Bachelet no fue suficiente y el mismo 2008 el sistema financiero estadounidense estalló con la crisis subprime. Los fondos en Chile cayeron en casi US$ 40.000 millones, destruyendo cerca de un tercio de los fondos acumulados.

El impacto de las bajas pensiones dejado por el informe de la Comisión Bravo, el escándalo de los “jubilazos” en Gendarmería y la arremetida del movimiento No+AFP con sus multitudinarias marchas, abrieron una caja de Pandora para la industria. A esa tormenta perfecta se sumó la polémica por las “fusiones truchas” de Cuprum-Argentum y Provida-Acquisition, la disputa interna en el gremio y la inédita propuesta del Gobierno para instalar un pilar solidario de reparto. El 2017, con elecciones de por medio, podría ser el año en que las AFP vivan realmente en peligro.

Las críticas al sistema de pensiones y a las AFP en particular no se desataron por las bajas pensiones. Ocurrió en mayo de 2015, cuando se destaparon las operaciones de fusión de dos AFP de las más relevantes del sector, con sociedades ad hoc creadas por sus dueños, dos grupos aseguradores estadounidenses, para eludir impuestos. Usaron fórmulas legales, aprovecharon la última ventana que les dejó la “cocina” de la Reforma Tributaria e, inducidos por la entonces superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, crearon unas AFP de “papel” que luego fusionaron con las reales y, con ello, concretaron la obtención de un goodwill -o beneficio tributario- que les permitió postergar por décadas el pago de impuestos por casi US$ 400 millones.

Nació una comisión investigadora y un grupo de diputados, liderados por el presidente de dicha instancia, el DC Fuad Chahin, iniciaron una escalada de acciones administrativas y legales para detener la operación aprobada a fines de 2015. Hasta hoy sigue pendiente en el Ministerio Público una investigación por presunta prevaricación administrativa de Agnic.

Las cifras del informe, sumadas al escándalo de los “jubilazos” de Gendarmería, fueron suficiente incentivo para que la coordinadora No +AFP activara a las masas y convocara a la primera gran movilización de chilenos y chilenas a la calle para terminar con el modelo de pensiones imperante. Casi un millón de personas caminó por las calles de la capital en julio y septiembre de 2016, respaldando la crítica al sistema de pensiones y exigiendo el fin de las administradoras privadas.

El movimiento No + AFP tomó las banderas contra las AFP e inició la coordinación de masivas marchas en las calles de Santiago y el resto de país.

El llamado tuvo efecto y en pocos meses el fondo se acercaba a su máximo nivel histórico de participación en la industria. De paso, preocupó a las AFP, que advirtieron del impacto en rentabilidad que podría tener esta movilización de fondos de un lado a otro. Esto, pues al traspasar fondos a instrumentos conservadores, los afiliados están forzando a sus administradores a poner los dineros en inversiones de menor retorno promedio.

Eso sí, la ‘tormenta perfecta’ había comenzado a germinarse desde principios de año, cuando las dudas sobre el crecimiento en China y la situación de los bancos en Europa golpearon duramente a los fondos. Un segundo factor, igual o más letal que las bajas pensiones, fue la revelación de la millonaria jubilación que recibía la esposa de un diputado de Gobierno por ser parte de los funcionarios que están cubiertos por el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que funciona al margen de las AFP y que asegura montos muy superiores y financiados por el Estado, en el marco de la Ley Reservada del Cobre impuesta por la Dictadura. El escándalo estalló a comienzos de julio de 2016, apenas un par de semanas antes de que se realizara la primera marcha de No+AFP.

Aunque las AFP poco tenían que ver con estos pagos, la sensación de injusticia copó al territorio nacional y la industria poco pudo hacer para defenderse.

El 9 de agosto de 2016, la Presidenta Bachelet anunció, por cadena nacional, los lineamientos principales de la propuesta que el Gobierno prepararía para presentar antes que concluyera su periodo en marzo de 2018. Bachelet habló de crear un Fondo de Ahorro Colectivo Solidario, donde parte del dinero fuera a mejorar las pensiones de un grupo importante de afiliados y, otra parte, a la acumulación de dineros en una cuenta fuera de las AFP y que reúna recursos destinados.

La propuesta de Bachelet terminó de convencer a las AFP de que su negocio estaba en riesgo de verdad. Y aunque esas nuevas cotizaciones en teoría no significarían ingresos adicionales para las AFP, pues estas cobran comisión sobre el sueldo imponible y no sobre el saldo administrado, desde las administradoras la preocupación apunta a que, si ese porcentaje no va a las cuentas individuales, en unos pocos años las personas volverán a reclamar a las AFP por no ver un alza en su pensión -o proyección de la misma- equivalente a sus nuevos aportes (aunque fueran hechos por el empleador). Desde entonces las AFP han sido agresivas en instalar la necesidad de que los ahorros vayan a las cuentas individuales.

Reacciones y Tensiones Internas

El clima anti-AFP ha llegado a tal nivel, que las tensiones pasaron del ámbito público al interno de las administradoras de fondos de pensiones y el empresariado. Con la crisis de Cuprum y Provida la industria se tensionó.

Hasta hoy, las AFP no tiene una posición única en el debate público. A excepción del destino a cuentas individuales del 5% de cotización adicional en ciernes, lo cierto es que subsisten diferencias entre las administradoras, sobre todo respecto de las medidas para dar mayor relación directa entre las comisiones y la rentabilidad de los fondos.

El Estreno y la Publicidad Inicial

El estreno fue con "bombos y platillos". Desde el día 2 de mayo, cuando comenzó a operar la Reforma Previsional, la publicidad desplegó sus alas en los medios de comunicación. El "consumidor" a conquistar para las nuevas Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP) son los tres y medio millones de trabajadores que hay en el país.

Todas las AFP, sin embargo -hay once funcionando y otras cuatro por constituirse- invirtieron recursos en la imagen. Locales de atención a lo largo del país, promotores que visitan a empresas y personas, una atención personalizada -"tratando que fuera más eficiente que la de las Cajas", dijo un ejecutivo de una AFP- y el atractivo del aumento de la remuneración líquida para quienes se trasladan son los "anzuelos" para los imponentes.

Para el ex ministro del Trabajo José Piñera -actual titular de Minas-, uno de los autores de la Reforma Previsional, resultó imposible resistir la tentación. El 2 de mayo visitó las oficinas de AFP que funcionaban. Comentó: -Este es el día más importante de las últimas décadas para todos los trabajadores chilenos... Las perspectivas que entrega la nueva previsión a los trabajadores y sus familias van a incrementar sustancialmente no sólo la posibilidad de bienestar futuro, sino también la cultura económica de los trabajadores, que producirá un cambio en libertad.

Mientras tanto, los "consumidores" comenzaron a elegir. En esta primera semana, la mayoría miró con más atención el monto en que suben las remuneraciones. Los más interiorizados, en cambio, comenzaron a estudiar las comisiones que las AFP cobran por administrar las imposiciones de los trabajadores. Otros se fijan en quién o quiénes aparecen como ejecutivos, Con pocas excepciones, las recaudadoras contaban con algún rostro conocido, generalmente un ex ministro o prominente "Chicago boy".

La semana del debut terminó con dos AFP sancionadas. Aunque la Superintendencia se negó a identificarlas, se trataba de San Cristóbal y Alameda, por incurrir en faltas en sus campañas publicitarias. La entidad fiscalizadora explicó que las AFP, cuando calculan la rentabilidad que podrían tener los fondos acumulados en el largo plazo, deberían indicar que las comisiones pueden variar, con aviso previo de 60 días. Y, además, que entre los supuestos debe estar que el trabajador no se cambia de una AFP a otra.

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