Durante los siglos XIX y XX, la Empresa de Ferrocarriles del Estado empleó a miles de personas para realizar distintas labores, tales como choferes para la conducción de maquinarias, obreros para la reparación y mantenimiento de trenes en las maestranzas, ingenieros para la proyección de nuevos tramos, etc.
Los trabajadores ferroviarios fueron un grupo estratégico para la economía chilena y contaron "con una larga trayectoria de acción sindical y política".
La Empresa publicó numerosos documentos sobre las condiciones de su personal, referidos a temas tales como sueldos, ascensos, reclutamiento, educación, etc.
Asimismo, el ingeniero de Ferrocarriles del Estado Domingo Víctor Santa María (1854-1919), hijo del ex presidente, publicó en 1913 una monografía titulada El personal de los ferrocarriles del Estado, donde se opuso al reclutamiento de personal por motivos políticos y a las multas de castigo a aquellos empleados que tenían bajas rentas.
También sostuvo que, además de la Caja de Ahorros, los trabajadores ferroviarios necesitaban otras acciones para asegurar la continuidad en sus puestos, tales como la fijación de horas de servicio en relación con las tareas desempeñadas y la educación de los hijos del personal.
Con esta última medida, de acuerdo a Santa María, "generalmente el hijo sigue las aguas del padre i se forman familias de carrilanos".
Asimismo, en 1910 Samuel Núñez (1857-1924) publicó el texto Los Ferrocarriles del Estado con el propósito de señalar los nombres de quienes trabajaron en la construcción, administración, desarrollo y funcionamiento de los ferrocarriles chilenos.
Además, se refirió a la situación en que se encontraban los trabajadores ferroviarios, señalando que "el empleado de los Ferrocarriles apenas vive para lo primero, es decir, trabaja para vivir, i todavía, a mísera racion".
La asociación de empleados a contrata de los Ferrocarriles del Estado fue una de las asociaciones de trabajadores destinadas a mejorar el bienestar del personal de la Empresa.
Además, durante el siglo XX, en numerosas ocasiones los empleados ferroviarios lideraron huelgas para mejorar sus condiciones laborales y sociales.
Una de ellas fue la huelga del Ferrocarril de Antofagasta de 1919, donde el "Gremio de Maquinistas y Fogoneros" de los ferrocarriles del Estado solicitó, entre otras cosas, el establecimiento de una jornada laboral de ocho horas diarias y, dar cumplimiento a la ley de accidentes del trabajo.
El dirigente sindical llegó hasta la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, para participar en el congreso anual de los trabajadores y trabajadoras de Gran Bretaña.
La huelga general de 1890 y la guerra civil de 1891 conmocionaron profundamente al mundo popular. El movimiento huelguístico del invierno de 1890 fue el primer enfrentamiento generalizado de clases en varias regiones del país al que los trabajadores concurrieron con gran espontaneísmo y no poca ingenuidad.
La guerra civil contribuyó al relajamiento de la disciplina social. En numerosos lugares se produjeron asonadas, motines y saqueos de propiedades públicas y privadas.
Hacia fines del conflicto -agosto y septiembre de 1891- la intensidad de estas acciones alcanzó su punto culminante debido al momentáneo vacío de poder que se generó en algunas ciudades y comarcas.
La elite sintió, como tantas veces en el pasado, la presencia peligrosa del "bajo pueblo".
Algunos trabajadores -como los empleados de la Maestranza de Concepción, que amenazaron a comienzos de septiembre con declararse en huelga si no se les cancelaban los sueldos atrasados y los mineros de Colico (departamento de Arauco), que se amotinaron durante las Fiestas Patrias y fueron reprimidos sangrientamente por los soldados- intentaron aprovechar la coyuntura ejerciendo presión sobre patrones y autoridades para satisfacer sus demandas laborales.
Por aquellos días proliferaron las noticias de pillajes e incendios realizados por turbas contra distintas propiedades.
La inseguridad y el temor reinaron por doquier, hasta en el corazón de la República, donde la irrupción de la plebe fue particularmente abrupta durante los últimos días de agosto.
Aunque en muchos casos los pillajes en la capital fueron alentados por los partidarios de los vencedores de la guerra civil, como una manera de castigar a los derrotados balmacedistas, la intervención de las "turbas" sobrepasó con creces el cauce de las represalias políticas concebidas por sus inspiradores congresistas, dándose rienda suelta a acciones de violencia social y, al igual que en la zona del carbón, de armamento espontáneo de elementos populares.
Las detestadas casas de prenda también fueron objeto de la furia destructora de las turbas santiaguinas, pero a diferencia de lo ocurrido en la Estación Central, en estos establecimientos las armas estaban del lado de los propietarios y de sus dependientes quienes causaron gran cantidad de víctimas entre los asaltantes.
Un carácter parecido -sin intencionalidad política aparente- tuvieron la mayoría de los saqueos y depredaciones cometidos hacia fines de agosto y comienzos de septiembre en las zonas rurales de la provincia de Santiago.
La Junta de Gobierno del movimiento insurreccional que derrocó al Presidente Balmaceda se preocupó por retomar el control de la situación reprimiendo los desbordes populares que amenazaban con producirse en múltiples lugares de la provincia de Santiago.
En la capital, las autoridades civiles y militares autorizaron la formación de guardias de orden vecinales en algunos barrios para poner fin al pillaje, disolver las turbas, recuperar las armas en poder de numerosos civiles y mantener el orden público.
El armamento en posesión de civiles o de soldados desmovilizados siguió inquietando a las nuevas autoridades durante varios meses después del triunfo congresista en las batallas de Concón y Placilla.
Pero la mayor convulsión en el mundo popular debido a los acontecimientos de 1890 y 1891 se produjo entre los trabajadores de la región salitrera.
La represión gubernamental contra los huelguistas en julio de 1890, la masacre de pampinos en la oficina "Ramírez" el 4 de febrero del año siguiente, y el relajamiento de los mecanismos de control estatal, provocaron un trastorno que contribuyó a crear un estado de efervescencia que se prolongó más allá del triunfo de las armas opositoras a Balmaceda.
Julio Pinto, autor de numerosos estudios sobre esa provincia, señala que "durante los dos meses que duró la campaña de Tarapacá, tanto el populacho urbano de Iquique y Pisagua como los trabajadores de las oficinas salitreras aprovecharon cada coyuntura propicia para levantarse en pos de sus propios intereses. Frente a los saqueos, huelgas e insurrecciones populares de comienzos de 1891, los sucesos de 1890 simplemente palidecieron. Lo mismo podría decirse de la represión oficial, cuya magnitud y cifra de muertos superaron largamente lo hecho durante la huelga".
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