Cada año el Congreso fija por ley el sueldo mínimo, sobre la base de una propuesta del gobierno. En torno a ese acontecimiento retorna un debate cíclico que vuelve a evidenciar las escandalosas desigualdades del país. Y es lógico, ya que los 182 mil pesos del mínimo en 2011 contrastan con los $ 7 millones que puede ganar un geólogo jefe en una empresa minera.
Pero el contraste se transforma en abierta provocación cuando se sabe que los ejecutivos principales de La Polar recibieron en 2010, en promedio, cerca de $ 163 millones. En otros términos, un salario mensual de más de 13 millones y medio de pesos, equivalente a 74,5 sueldos mínimos. Es común que se escuche decir “si hay salario mínimo, también debe haber salario máximo”.
Se trata de un reclamo por un criterio de justicia distributiva que imponga racionalidad ante tanta disparidad. Por ejemplo, en 2007, el jesuita Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, señaló que junto con hablar de un salario mínimo ético también era necesario hablar sobre un salario máximo ético: “Creo que hay cosas que están desequilibradas, que al entrenador de fútbol de la selección se le pague 60 y tantos millones mensuales es delicado para un país, y una persona que lee las noticias en la televisión gane tres veces lo que gana la Presidenta de la República, algo raro hay” afirmó. Es que la indignación social ante estas diferencias salariales es palpable.
Los Protagonistas y sus Ingresos
Pablo Alcalde (60 años) ingresó a La Polar en 1999 y fue su gerente general durante diez años. En noviembre de 2009 se convirtió en presidente del directorio y allí estaba el 9 de junio de 2011, cuando estalló el escándalo. Los antecedentes que se manejan hasta ahora -incluyendo las resoluciones de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)-, hacen posible afirmar que Alcalde sabía sobre las repactaciones unilaterales al menos desde 2008.
Lo mismo corre para María Isabel Farah, ex gerente de administración de La Polar, quien fue responsable de calcular las provisiones de la empresa y manejó además la filial encargada de la evaluación del riesgo crediticio de la compañía. En la misma situación está Julián Moreno, el ejecutivo que más años trabajó en la multitienda, ex gerente de productos financieros y encargado de fijar y supervisar el cumplimiento de las metas de las repactaciones unilaterales.
Durante al menos seis años estos tres ejecutivos de La Polar estuvieron entre los gerentes mejor pagados del mercado. Entre 2005 y 2010, según sus declaraciones de renta ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), por concepto de sueldos y bonos, Pablo Alcalde ganó más de $2.000 millones, Julián Moreno percibió $1.375 millones y María Isabel Farah obtuvo $1.116 millones (Ver planilla de ingresos por renta neta).
En 2009, cuando La Polar ya había renegociado unilateralmente la deuda de un millón de clientes, Pablo Alcalde recibió $594.639.228 por concepto de remuneraciones, descontadas las cotizaciones previsionales y de salud. Considerando que el entonces gerente general de La Polar recibía un bono anual de siete sueldos suplementarios por su desempeño, es posible inferir que ganó más de $31 millones mensuales y recibió un bono de casi $220 millones. Ese mismo año, María Isabel Farah ganó, entre sueldos y bonos, poco más de $161 millones neto, mientras Julián Moreno recibió más de $227 millones neto.
Los cuantiosos bonos eran un premio, aprobado por el directorio de La Polar, que los ejecutivos recibían por los excelentes resultados financieros de la multitienda, que hoy se sabe estaban adulterados. Hasta ahí la información sobre sus remuneraciones que CIPER pudo reconstruir en base a múltiples informes oficiales y bases de datos. No obstante, el incremento real de su patrimonio da cuenta de ingresos mayores.
De allí la dificultad para determinar en cuánto aumentaron su fortuna los tres ejecutivos investigados por el Ministerio Público por los delitos de lavado de dinero, entrega de información falsa al mercado y uso de información privilegiada. En el caso de Pablo Alcalde, una planilla de la Administradora de Fondos Larraín Vial, entidad que según el mismo Alcalde manejaba su patrimonio, muestra que él, su esposa y una de sus sociedades, hicieron aportes en fondos mutuos por más de $23.500 millones entre 2004 y 2011.
Una fuente cercana a la investigación judicial plantea que es probable que la mayor parte de las ganancias de Alcalde esté fuera de Chile, en cuentas creadas en paraísos fiscales, lo que hace difícil investigarlas. Lo que sí está claro, es que los sueldos y bonos no fueron la única vía a través de la cual los ex gerentes de La Polar multiplicaron sus haberes. Un complejo mecanismo de incentivos, a partir del cual se convirtieron en accionistas de la empresa para luego vender sus acciones cuando La Polar aumentaba su valor en el mercado, puede explicar parte de sus millonarios movimientos y dar luces sobre las motivaciones que los ejecutivos pudieron tener para participar del fraude.
El Plan de Incentivos y la Salida a la Bolsa
Rehacer el enredado camino de compra y venta de acciones también muestra cómo los ex gerentes formaron parte de una red de sociedades detrás de la cual siempre es posible encontrar a los socios principales del fondo Southern Cross: Norberto Morita y Raúl Sotomayor, quienes pese a haber dirigido el directorio de La Polar hasta 2009, han aparecido hasta ahora como actores secundarios en la investigación del fraude.
Cuando en enero de 1999 Norberto Morita y Raúl Sotomayor comenzaron a reclutar a los ejecutivos que administrarían La Polar, no sólo les ofrecieron sueldos de mercado y millonarios bonos. Según explicó la ex gerente de administración María Isabel Farah a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Morita y Sotomayor, entonces dueños de la multitienda, les prometieron a los ejecutivos que trabajando con ellos podrían ganar un millón de dólares en tres años, aparte de sus remuneraciones.
La idea, argumentó Farah, era captar y retener a los ejecutivos en una empresa que tenía una situación financiera compleja y debía rentabilizar una nueva inversión. Para hacerse de ese millón, el plan consistía en que los gerentes adquirieran un porcentaje de la sociedad matriz de La Polar: Inversiones Siglo XXI. Fue a través de esa sociedad que Southern Cross, el fondo de inversiones de Norberto Morita, compró la multitienda a la familia Paz en 1999. Aunque la empresa comenzaba a valorizarse, en este primer plan de incentivos para los ejecutivos se decidió que el precio que los gerentes pagarían por las acciones fuera el mismo que había pagado Morita.
La salida a la Bolsa y el plan de incentivos fueron cuidadosamente planificados. Según declararon los gerentes ante la SVS, el diseño estuvo a cargo de un prestigioso e influyente estudio de abogados: Barros & Errázuriz, principal asesor jurídico del argentino Morita y su fondo Southern Cross desde su entrada a Chile en 1998.
El primer paso fue crear sociedades a través de las cuales los entonces gerentes pudieran pagar la menor cantidad de impuestos por el dinero que ganarían. “Por recomendación de los abogados del fondo (Southern Cross), para disminuir la carga impositiva generé una sociedad. Esto lo hizo cada gerente para poder ingresar a la propiedad (de la matriz de La Polar)”, declaró María Isabel Farah a la SVS. El primer ejecutivo en constituir su sociedad fue Pablo Alcalde.
Un año después de firmar contrato como gerente general de La Polar, creó en marzo de 2000 la sociedad Asesorías Galicia. Un mes más tarde, María Isabel Farah, ex gerente de administración; Julián Moreno, ex gerente de productos financieros; y Daniel Meszaros, ex gerente de negocios, constituyeron sus respectivas sociedades: Asesorías Horus, Asesorías Río Najerillas y Asesorías D y J. Poco después, durante el mismo 2000, Pablo Fuenzalida, ex gerente de informática, creó Asesorías Los Siete; y en marzo de 2001, Nicolás Ramírez, ex gerente comercial, constituyó Asesorías Universal. El último en constituir su sociedad fue Santiago Grage, ex gerente de finanzas, quien creó Asesorías Ravello en febrero de 2003, seis meses antes de que La Polar abriera a la Bolsa.
El segundo paso consistió en que los entonces gerentes se unieran, a través de sus respectivas sociedades, a Morita y Sotomayor en la propiedad de la sociedad matriz de la multitienda: Inversiones Siglo XXI. Un movimiento similar realizaron dos de los entonces directores de La Polar: Baltazar Sánchez, entonces alto ejecutivo del canal de TV Mega y hombre fuerte del grupo Claro, quien lo hizo a través de su sociedad Asesorías Portofino; y Juan Enrique Riveros, actual socio de Hernán Somerville, ex presidente de la Asociación de Bancos, a través de Jericó S.A.
El tercer paso fue abrir La Polar a la Bolsa. “Queremos invitarle a participar en la propiedad de esta exitosa empresa. Los excelentes resultados alcanzados avalan la seriedad de nuestro proyecto y nos motivan en nuestro compromiso por entregar cada día un servicio de mejor calidad”, escribió Morita en el folleto que Larraín Vial, otra de sus empresas asesoras, entregó en agosto de 2003 a inversionistas, unas semanas antes de que la multitienda entrara al mercado bursátil. No exageraba en los resultados.
Los ingresos totales netos de La Polar desde que Morita compró la multitienda hasta 2002, habían aumentado en un 131% en tres años; y las utilidades se habían disparado: crecieron 1001% en el mismo período. Lo que Norberto Morita no informó fue que La Polar ya había repactado sin consentimiento la deuda de 1.789 clientes. Cuando la multitienda se abrió a la Bolsa en septiembre de 2003, su valor se quintuplicó: pasó de US$25 millones (precio de compra) a más de US$127 millones.
Según los registros que María Isabel Farah aportó a la SVS, cada gerente poseía un 1% de la sociedad matriz de La Polar, por lo que tras descontar la inversión inicial, sus acciones se valorizaron acercándose al prometido millón: alrededor de US$885.287 cada uno, equivalentes en esa fecha a casi $600 millones. Para entonces, según se desprende de los documentos aportados por Farah, el gerente general Pablo Alcalde tenía el 5% de la sociedad matriz, por lo que sus acciones se valorizaron en más de US$4 millones.
En septiembre de 2003, las AFP Cuprum, Provida, Magíster, Santa María y Summa Bansander compraron acciones de la multitienda. De esa forma, como la multitienda mostraba cada vez mejores resultados, su acción siguió aumentando progresivamente de valor. También las recomendaciones de las corredoras para privilegiar su adquisición. Si en septiembre de 2003 la acción valía $520, ya en 2005 su precio se había triplicado y llegó a cotizarse en $1.670. Este aumento le reportó a los gerentes de la multitienda ganancias millonarias porque en ese período vendieron acciones de La Polar al menos tres veces.
Un correlato de esas ganancias podría ser el primer aporte a fondos mutuos de Pablo Alcalde que CIPER logró pesquisar: en 2004, a través de su sociedad Asesorías Galicia, depositó $1.519 millones en esos fondos. Cuando Southern Cross vendía, los gerentes también lo hacían ya que participaban en la misma sociedad liderada por Morita y Sotomayor.
Por ejemplo, entre noviembre de 2003 y enero de 2005, María Isabel Farah tuvo ingresos netos por $892.772.236 sólo por las ventas de acciones de La Polar. Es decir, en 14 meses Farah ganó por esa vía más de lo que obtuvo en cuatro años por concepto de remuneraciones. Al ser socios, tanto Farah como los otros seis ejecutivos estaban obligados a vender sus acciones cuando Southern Cross también vendía.
No hay certeza sobre cuánto ganaron los otros gerentes con este primer plan de incentivos, pero un dato resulta ilustrativo. En la sociedad matriz de La Polar el gerente con mayor participación era Pablo Alcalde, por lo que sólo considerando la última venta de ese período, en enero de 2005, al entonces gerente general le correspondió recibir un ingreso neto de más de $2.700 millones ($2.777.144.996).
En el primer período tras la apertura a la Bolsa, Southern Cross no sólo dominaba las decisiones sobre cuándo la alta plana ejecutiva de La Polar debía vender sus acciones. También dictaminaba cuándo debían comprar. Esto quedó en evidencia cuando María Isabel Farah explicó a la SVS por qué en enero de 2005 recompró el 52% de las acciones que había vendido ese mismo mes.
“Southern Cross necesitaba vender toda la inversión en La Polar por restricciones de plazo acordadas en el levantamiento del fondo de inversión inicial. No obstante, consideraban que La Polar aún debía rentabilizar (…) En teoría (La Polar) debía doblar su valor en tres años por el plan de apertura de tiendas. El fondo nos pide participar de la compra de acciones de La Polar que haría una nueva sociedad también vinculada al fondo, pero con dineros que se habían levantado de un segundo fondo extranjero”, detalló Farah.
Esa nueva sociedad era Inversiones Siglo XXI S.A. y Cia. en Comandita por Acciones, la que compró el 20,07% de La Polar. De acuerdo a los registros de la SVS, en dicha sociedad participaba Southern Cross, a través de New World Stores Corporation, además de los siete gerentes y los dos directores ya mencionados (Juan Enrique Riveros y Baltazar Sánchez), a través de sus respectivas sociedades.
Las Repactaciones Unilaterales y el Segundo Plan de Incentivos
Las secretas repactaciones unilaterales de la deuda de clientes que compraban en las tiendas con la tarjeta La Polar, comenzaron en 2000 y aumentaron progresivamente cada año. Salvo en 2006, que fue un hito, ya que éstas se dispararon desde poco más de 199 mil clientes, a más de 376 mil clientes (35% del total de repactados hasta 2011) (Ver tabla de repactaciones).
En 2006, el fondo de inversiones Southern Cross vendería su participación en la multitienda. Pero antes de enajenar esas acciones, Raúl Sotomayor, entonces vicepresidente del directorio, planteó la necesidad de crear un nuevo mecanismo que permitiera retener a los ejecutivos. Y proporcionó para ello un argumento potente: “Los ingresos percibidos a la fecha por los gerentes hacían probable que cada uno emprendiese negocios propios”, explicó María Isabel Farah a la SVS.
Sería el segundo plan de incentivos para ejecutivos creado por Southern Cross. En la reunión de directorio del 24 de mayo de 2006, el mismo Sotomayor fue quien propuso reactivar un plan de opción de compra de acciones de la compañía para los gerentes. El diseño había fracasado en 2004 tras ser rechazado por la SVS por existir el riesgo de que los ejecutivos sobrepasaran el 10% del aumento de capital en el que se enmarcaba el plan de compensación (ver oficio). Pero en mayo de 2006, la situación fue distinta.
Los directores Juan Enrique Riveros y Baltazar Sánchez (ambos puestos por Southern Cross en el directorio), además de Fernando Franke (representante de accionistas minoritarios e institucionales, como fondos de inversión) y Jorge Andrés Ibáñez (elegido por las AFP), le pidieron a Sotomayor que preparara una presentación con los aspectos legales y tributarios del plan. Al parecer, el entonces vicepresidente de La Polar ya tenía todo resuelto.
“Sotomayor nos informó que la preocupación de los inversionistas institucionales, una vez que saliera Southern Cross, era la fuga de los principales ejecutivos. Southern Cross definió que de las acciones que iban a vender, constituirían un nuevo paquete de stock options. Este programa no lo conocimos en detalle”, declaró a la fiscalía, Jorge Andrés Ibáñez, miembro del directorio de La Polar entre 2004 y 2011.
El hecho es que el segundo programa de incentivos se puso en práctica en octubre de 2006 y duró hasta octubre de 2009. El mecanismo consistió en que los entonces gerentes compraron acciones a un precio subsidiado y las vendieron en el mercado tres años después a un precio mayor. En esos cuatro años, con Pablo Alcalde en la gerencia general y Norberto Morita en la presidencia del directorio, La Polar repactó unilateralmente la deuda del 77% del millón de clientes afectados y mostró al mercado resultados financieros falsos, auditados primero por Ernst & Young y luego por PricewaterhouseCoopers.
Para ejecutar ese segundo plan de opción de compra de acciones, o stock options, el primer paso consistió en que los entonces gerentes se asociaran en un vehículo de inversión que se dedicó exclusivamente a la compra y venta de acciones de La Polar: la sociedad Inversiones Alpha S.A.
Análisis Comparativo de Remuneraciones
Haciendo un simple ejercicio aritmético recibió un promedio anual de $403,6 millones líquidos. Al mes fueron $33,6 millones. Eso, sin contar las platas obtenidas por las opciones de acciones y rentas aún desconocidas. El año 2009 concentra la mayor ganancia con $594,6 millones líquidos.
“Hay muy pocas rentas en Chile por sobre los mil millones de pesos brutos al año”, sostiene Rafael Rodríguez, dueño de Denarius, que confecciona estudios de compensación de ejecutivos para distintos clientes. Cencosud en su memoria de 2009 informa que pagó a sus ejecutivos -no precisa el número pero 14 figuran en el ítem administración- $4.873 millones en remuneraciones.
Al dividir la cifra entre 14 gerentes arroja $348 millones anuales y $29 millones mensuales. Falabella, la empresa de mayor capitalización bursátil en Chile (US$ 22.700 millones), informa en su memoria de 2009 que la remuneración “de los principales ejecutivos ascendió a $2.778 millones”. Ripley se dispara, pese a ser la tercera cadena y a haber tenido un pésimo 2009, cuando anotó utilidades por $6.548 millones, inferiores en un 75% al año anterior y su rentabilidad sobre patrimonio alcanzó apenas a un 1%.
No sólo Alcalde se benefició con suculentas rentas: Julián Moreno, el ex gerente de productos financieros, recibió $1.375 millones líquidos entre 2005 y 2010, según da cuenta Ciper, lo que arroja una renta mensual de $19 millones al dividirlo por seis años. En el caso de María Isabel Farah, la gerenta de administración, fueron $1.116 millones.
| Ejecutivo | Remuneración Total (2005-2010) | Renta Mensual Promedio |
|---|---|---|
| Pablo Alcalde | $2.000 millones | $33.6 millones (promedio anual de $403,6 millones líquidos) |
| Julián Moreno | $1.375 millones | $19 millones |
| María Isabel Farah | $1.116 millones | No especificado |
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