La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.
Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio.
Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.
Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos.
Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1).
Inequidad en América Latina y países OCDE, 2015 (Figura 1)
Esta figura presenta el índice de Gini para diferentes países. Este indicador mide la desigualdad de ingresos y puede tomar valores entre 0 y 1, donde las cifras más altas implican mayor desigualdad. Cuando el índice Gini toma el valor de 0 significa que todas las personas tienen el mismo ingreso (igualdad perfecta). En cambio, cuando toma el valor 1 implica que una persona recibe todo el ingreso de la economía (desigualdad perfecta).
Evolución de la diferencia en el ingreso personal en Chile entre el año 1850 y 2009 (Figura 2) Esta figura presenta la evolución del índice de Gini en Chile desde 1850 hasta el presente (color verde). La curva roja representa la tendencia de Hodrick-Prescott, método que mide la evolución a largo plazo del índice de Gini y es utilizada en las investigaciones sobre ciclos económicos para calcular la orientación de las series de tiempo. Esta brinda resultados más consistentes con los datos observados que otros procedimientos.
De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, el 10% más rico de los hogares obtiene un 38,1% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 1,4%, con ingresos promedio de $3.605.800 y $129.300, respectivamente.
La caída de la desigualdad de ingresos en este período se explica, principalmente, por las mayores transferencias monetarias a grupos vulnerables y el aumento en el número de técnicos y profesionales, lo que amplió el segmento de clase media acomodada y moderó el crecimiento de los salarios en la parte media alta de la distribución, proceso que opera con mayor fuerza en las cohortes jóvenes (Sapelli, Claudio, Chile ¿más equitativo?
Debe tenerse en cuenta que las mediciones de la desigualdad monetaria basadas en encuestas a hogares no capturan bien los salarios más altos, porque estos se subdeclaran y, además, las entradas de utilidades figuran como inversión en las empresas.
La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).
Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud.
La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas.
Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”.
Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”.
Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Esto es, si hubiese movilidad social.
La buena educación
Una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de las oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional. Esto por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen.
Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades -que determina la movilidad social-.
Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía.
Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad.
Acceso al trabajo
Entre las políticas a considerar para disminuir la desigualdad, destacan las que mejoran la productividad vía capacitación y fortalecen todos los niveles del sistema educativo.
Por todo lo anterior, hay razones suficientes para afirmar que Chile debiera hacer un esfuerzo serio para reducir las diferencias en las próximas décadas. De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta.
Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas.
consigo la automatización del empleo y la revolución digital. Sapelli, Claudio. Chile ¿más equitativo?. Una mirada a la dinámica social del Chile de ayer hoy y mañana. Segunda Edición. PNUD. Desiguales. Hurtado, Alberto S.J. Rawls, John. Teoría de la justicia. Fraser, Nancy y Honneth, Axel. ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate políticofilosófico, trad. Pablo Manzano. OECD. Economic policy reforms 2012 going for growth. Rodríguez Weber, Javier. “Impulsando la desigualdad ‘de mercado’: el vínculo élite-Estado en Chile en el siglo XX”. Banco Mundial. Banco Mundial. Fair progress? economic mobility across generations around the world.
