En el debate actual sobre el uso de la fuerza, un punto central es la distinción entre «racionalidad» y «proporcionalidad». Este cambio, aparentemente sutil, consolida un sistema dual que establece estándares diferentes para policías y militares cuando realizan idénticas funciones de seguridad pública.
La Racionalidad en la Legítima Defensa
La racionalidad del medio empleado en la legítima defensa se enfoca en el ciudadano común enfrentado a una agresión. Como sostiene Vera Sánchez, «los criterios que dicen relación con exigencias de procesos cognitivos que presuponen un contexto somático normal no pueden ser utilizados como criterios de inferencia, generalización o regla de la racionalidad de la defensa».
La Proporcionalidad en la Actuación Estatal
La proporcionalidad, por su parte, fue desarrollada específicamente para regular la actuación profesional de agentes estatales. El Comité para la Prevención de la Tortura advierte que su supresión «representa una anomalía jurídica con implicaciones de amplio alcance en el establecimiento de un parámetro objetivo, esencial para la evaluación expost de las intervenciones policiales».
El Impacto en la Práctica
La abstracta diferencia jurídica se vuelve tangible en el terreno. Imaginemos esta escena posible en el Chile actual: Un soldado y un carabinero vigilan conjuntamente un punto estratégico bajo estado de excepción. El carabinero, sujeto a los cinco niveles de uso de la fuerza (artículo 9), probablemente utilizaría armas menos letales y buscaría detener al infractor.
«Con la eliminación de la proporcionalidad, se pierde el límite máximo objetivo a la fuerza que puede emplearse», advierte Christof Heyns, ex Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales.
El Derecho Internacional y el Uso de la Fuerza
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza de la ONU, específicamente el Principio 5, establecen claramente que los funcionarios «deberán actuar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persigue».
La comisión mixta se enfrenta a una decisión que trasciende lo técnico. «El principio de proporcionalidad representa una conquista histórica del derecho de los derechos humanos», señala un magistrado que pidió anonimato.
La jurisprudencia internacional ha sido consistente en privilegiar el estándar de proporcionalidad precisamente porque ofrece garantías más robustas frente al uso excesivo de la fuerza. La legitimidad del uso de la fuerza en una democracia no puede depender del color del uniforme, sino de principios jurídicos objetivos que garanticen simultáneamente seguridad y dignidad humana.
La sustitución de proporcionalidad por racionalidad no representa un refinamiento técnico, sino un retroceso que debilita la protección de derechos fundamentales y contradice los estándares internacionales que Chile está obligado a cumplir.
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