Este miércoles, las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), organismo que ofrece orientación jurídica y patrocinio judicial gratuito a las personas más vulnerables, cerraron sus puertas temporalmente en el marco de un paro de los trabajadores.
Causas del Paro
Las razones de las movilizaciones responden a una enorme sobrecarga laboral, con abogados gestionando cientos de causas paralelas, problemas de infraestructura y cierres de oficinas.
La causa directa, según indicaron los dirigentes, es la violación al acuerdo de protocolo de homologación por parte del Gobierno. Este documento, firmado en 2023, busca equiparar las remuneraciones de los funcionarios de la CAJ con la consigna “misma función = mismo sueldo”, lo que no está siendo aplicado por los distintos departamentos.
La queja apunta a que, a pesar de haber Jaime Gajardo Falcón (PC) firmado el acuerdo cuando se desempeñaba como Subsecretario de Justicia, no se habrían cumplido las promesas ni plazos, con los funcionarios exigiendo mayor rapidez y una mejor oferta presupuestaria.
Durante el 2023, los funcionarios y el Gobierno comenzaron a trabajar en un acuerdo para solucionar un problema existente dentro de la Corporación: la amplia diferencia de honorarios recibidos entre personas cumpliendo la misma función, pero en distintos departamentos.
Específicamente, las dirigentes explicaron que en una primera etapa, el acuerdo buscaba realizar esta homologación para la nómina técnica, o sea, secretarios, conductores, técnicos jurídicos, etc. Sin embargo, los pagos no llegaron en enero de 2024 como debían, sino que en marzo, y fueron incompletos.
La falta de avances hasta marzo es la causa directa del paro que inició este miércoles y que promete extenderse indefinidamente si no se llega a un acuerdo a través de la mesa que integran funcionarios y autoridades.
Uno de los temas más tocados por los dirigentes es la sobrecarga laboral que experimentan los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial día a día. De acuerdo a ambas dirigentes consultadas, la cantidad de trabajo puesta sobre cada funcionario es excesiva, lo que ha provocado problemas de salud física y mental en los trabajadores y un deficiente servicio para quienes acuden a la CAJ.
Asimismo, Velasquez explicó que este permanente desgaste ligado a la falta de dotación, ha tenido como consecuencia que muchos funcionarios tengan que solicitar licencia médica sin que haya reemplazos disponibles. Asimismo, funcionarios que, necesitando tomarse licencia, no lo hacen conociendo la situación de la CAJ, poniendo en riesgo su salud.
Según indicó la dirigente nortina, una de las causas de este problema es que el crecimiento de la Corporación -con mayor público acudiendo y nuevos programas- no ha sido correlativo con la contratación de personas.
En la misma línea, Escalante se refirió en detalle a dos nuevos programas implementados en este gobierno ligados a la protección y ayuda a menores de edad, cuyos trabajadores cuentan con un especial exceso de trabajo. En el caso del programa “La Niñez y Adolescencia se Defienden”, Escalante describió no existir un tope de causas que puede recibir un abogado, como sí ocurre en otras líneas, lo que lleva a que una sola dupla profesional enfrente cientos de causas simultaneas imposibles de ser tramitadas.
En segundo lugar, habló sobre el programa Mi Abogado, que entrega defensa jurídica a niños, niñas y adolescentes (NNA), para el cual existe un sistema de trabajo de tríadas compuestas por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, cuya carga puede llegar incluso a 600 causas siendo tramitadas al mismo tiempo.
Estos problemas, de acuerdo a la dirigente, responden a un mal cálculo de la población objetivo que iban a atender ambas líneas.
Por ejemplo, los funcionarios contratados en las nuevas líneas de atención para NNA se encontraban ganando más que aquellos que llevaban años en los programas tradicionales, aún teniendo las mismas tareas.
Es así como a mediados del segundo año del gobierno de Gabriel Boric, se firmó un Protocolo de Acuerdo en que se estipuló un proceso de acercamiento de brechas salariales según el cual el Ministerio de Justicia se comprometió mediante una mesa de trabajo a ir evolucionando el proceso durante el año 2025, con los plazos sin haberse cumplido.
Impacto en la Región Metropolitana
Específicamente en la Región Metropolitana, los funcionarios han denunciado problemas de infraestructura, cierre de sedes y riesgos de seguridad.
En primer lugar, el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos que se encontraba en Lastarria, que cerró luego de daños por lluvias, llevando a repartir a sus profesionales en distintas oficinas sin la privacidad o espacios adecuados para atender a personas vulneradas.
En segundo lugar, un centro jurídico social ubicado en El Bosque, cuyos funcionarios se encontrarían hacinados en un espacio dispuesto por la municipalidad.
Finalmente, otro centro jurídico social que estaba ubicado en Lo Espejo, el cual fue vandalizado y quedó sin las condiciones para su utilización, teniendo sus funcionarios que ser reubicados también en espacios no aptos para la labor.
Asimismo, Escalante llamó la atención sobre la falta de medidas de seguridad en las oficinas, al no haber cámaras ni guardias. Un ejemplo reciente es el robo que se llevó a cabo el 16 de marzo, aproximadamente a las 20:40, en el inmueble ubicado en la calle Agustinas 1419, comuna de Santiago, correspondiente a dependencias de la CAJ Metropolitana. Los delincuentes, ingresaron rompiendo puertas y candados, y entre computadores de escritorio, computadores portátiles y tablets, sustrajeron elementos avaluados en $52.584.154.
A pesar de ello, según fue comunicado por la misma CAJ, las oficinas funcionaron al día siguiente con relativa normalidad, en parte gracias a funcionarios que continuaron su labor llevando de forma voluntaria sus propios computadores.
En conversación con Radio Bío Bío, Cármen Velásquez, dirigente de la CAJ de Tarapacá, también afirmó problemas de infraestructura y seguridad en la región, aunque menores que en la Región Metropolitana. Por ejemplo, el trabajo en unidades sin aire acondicionado, la llegada de estufas a gas sin bidón, la falta de espacios aptos para las entrevistas a niños y centros de atención a familias en zonas críticas, con alta cantidad de personas en situación de calle en las puertas, en un lugar donde se reciben menores de edad que han sido vulnerados.
Negociaciones y Propuestas
De acuerdo a la Corporación de Asistencia Judicial, desde el 27 de marzo la Subsecretaría ha estado trabajando en conjunto con dirigentes para alcanzar acuerdos que beneficien a los involucrados, habiendo avanzado ya en siete de los ocho puntos planteados, con el objetivo de retomar prontamente el servicio.
Actualmente, se encuentran a la espera de una contrapropuesta por parte de las asociaciones.
“Desde el 27 de marzo, los equipos de la Subsecretaría han estado trabajando en conjunto con dirigentas y dirigentes para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los involucrados que trabajan por el acceso a la justicia.
“Hasta la fecha, hemos logrado avanzar en siete de los ocho puntos planteados, por lo que esperamos llegar a buen puerto en el que nos resta para retomar el servicio y seguir acercando la justicia a las personas que más lo necesitan, a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial del país que atienden de forma gratuita y profesional a NNA, adultos mayores y todos los usuarios que requieran de una orientación judicial.
“El diálogo es clave para resolver las diferencias. Es por eso que estamos a la espera de una contrapropuesta de las asociaciones de funcionarias y funcionarios para seguir avanzando, y retomar las atenciones a nuestros usuarios.
Reajuste Salarial y Movilizaciones
Este jueves se desarrolla el paro nacional de los trabajadores del sector público y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el marco de la negociación del reajuste salarial, una movilización que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no le ve respaldo, según comentó en entrevista con radio ADN. En medio del inicio de las negociaciones sobre el reajuste del sector público, la oposición dijo que va a rechazar el ajuste pretendido por los trabajadores. Los funcionarios piden un alza real de 3% y 7,5% nominal, situación que motivó la movilización.
En esa línea, el secretario de Estado lamentó el impacto que la movilización va a tener en las personas: “Los paros en el sector público a quienes afectan es a la gente que recurre a los servicios públicos, entonces esto no es como una empresa que deja de producir durante unos días, que deja de vender, en este caso son servicios respecto a los cuales la ciudadanía no tiene otra alternativa”.
Este jueves se llevará a cabo el paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al que se adhirieron distintos gremios de funcionarios del sector público para exigir mejoras en las condiciones laborales. Entre las demandas de la movilización se encuentra la implementación de la jornada de 40 horas en el sector público, fin a la precarización laboral, salario vital -propuesta que busca establecer como sueldo mínimo $725 mil-, entre otras.
Paro Indefinido en las Corporaciones de Asistencia Judicial
En paralelo, más de 3.000 funcionarios de las corporaciones de Asistencia Judicial comenzaron un paro indefinido por demandas como equiparar los sueldos de los equipos de abogados, la mantención de los centros y la aplicación de las 40 horas. “Tenemos situaciones que son dramáticas, sobrecarga laboral, abogados que tienen 700 causas para tramitar y precariedad en el régimen de los trabajadores que venimos denunciando hace más de 40 años”, dijo Marcelo Inostroza, presidente de la Federación Nacional de Acceso a la Justicia.
Durante la paralización, los funcionarios estarán funcionando mediante turnos éticos y priorizarán los casos más importantes.
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