El período que abarca las Jornadas de Protesta Nacional en Chile se extiende desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, fecha en que asume Patricio Aylwin Azócar, presidente que inaugura la transición democrática.
Contexto Histórico y Político
Derrocado el gobierno el 11 de septiembre de 1973, una Junta Militar toma el poder político, estableciendo un gobierno autoritario. Entre otras medidas inmediatas, decreta la clausura del Congreso Nacional, el receso a los partidos políticos e instaura el Estado de Sitio en todo el país.
La Junta Militar gobernó el país hasta el 11 de marzo de 1990 y en sus comienzos estuvo integrada por el general Augusto Pinochet Ugarte, Comandante en Jefe del Ejército, general Gustavo Leigh Guzmán, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, almirante José Toribio Merino Castro, Comandante en Jefe de la Armada, y por el general César Mendoza Durán, General Director de Carabineros.
Entre 1973 y 1978, el general Pinochet consolida su poder por sobre los demás miembros de la Junta Militar, asumiendo de manera consecutiva los cargos de “Jefe Supremo de la Nación”, “Presidente de la República” y “Capitán General”, al tiempo que conserva el cargo de Comandante en Jefe del Ejército.
A su vez, la Junta Militar reemplaza al Congreso en el ejercicio de la función legislativa, quedando investida de los poderes Legislativo y Constituyente, potestad que ejerce mediante la dictación de Decretos Leyes.
El régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política, labor que estuvo en manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desde 1973 hasta 1978. Esto derivó en abusos y atropellos a los Derechos Humanos: Miles de ciudadanos son detenidos, se producen allanamientos masivos y se cometen torturas, asesinatos y desapariciones de personas, que afectan principalmente a los militantes y simpatizantes de la depuesta Unidad Popular.
En este contexto, un número considerable de chilenos se refugia en embajadas extranjeras o sale del país.
Implementación del Modelo Neoliberal
Económicamente, se produce una pugna entre los partidarios de un proyecto nacionalista y desarrollista y aquellos que sustentan la implementación de un esquema económico neoliberal, con énfasis en el protagonismo del sector privado y en el desarrollo de una estrategia de apertura del comercio exterior, la rebaja de los aranceles a la importación y la reducción del Estado con la venta o privatización de sus empresas, dejando a éste en un rol subsidiario.
Son éstos últimos quienes, desde 1975, logran imponer su proyecto económico, el que se aplica en Chile de manera extensiva y sin contrapesos, en vista de la desaparición de toda oposición. Asimismo, se instaura una legislación acorde, destacando la promulgación del Plan Laboral, conjunto de textos legales que establecen el nuevo modelo normativo de las relaciones laborales, restringiendo fuertemente el poder de los sindicatos y las materias de negociación.
La implementación de la política económica de los denominados “Chicago boys” logra frenar la inflación y da un importante impulso a las exportaciones de productos primarios, permitiendo asimismo el acceso a una variada gama de productos importados. Por otro lado, significa un duro golpe a la industria nacional, la que se ve sumergida en una aguda crisis desde la segunda mitad de la década de 1970.
En el plano económico, y acorde con la política de reducción del Estado, a partir de la década de los ochenta se desarrolla una profunda reforma a los sistemas de salud, educación y previsión estatales. En enero de 1980 se promulga la ley de municipalización de la educación, entregando la administración fiscal de la educación pública a las municipalidades. En noviembre del mismo año se promulga la ley que reemplaza el sistema de pensiones basado en un fondo común aportado por los trabajadores, por otro derivado de la capitalización individual en entes privados, las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En marzo de 1981 se promulga la ley que faculta a las personas a depositar sus cotizaciones de salud en entes privados, las denominadas Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES).
Crisis Interna y la Constitución de 1980
A nivel político, la situación interna dentro del régimen atravesó su primera crisis de importancia. El 24 de julio de 1978, la Junta de Gobierno destituye a uno de sus miembros, el general Gustavo Leigh Guzmán, debido principalmente a conflictos de poder con el general Pinochet. En su reemplazo, asumió como miembro de la Junta el general Fernando Matthei Aubel, quien se mantuvo hasta el final del régimen militar.
Luego de un largo proceso de elaboración, se implementa una de las mayores obras del régimen militar, la Constitución Política de 1980, dando inicio a la institucionalización del régimen. En ella se establece un régimen presidencialista marcadamente autoritario, con una Presidencia de 8 años, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de senadores designados, y una serie de mecanismos institucionales que garantizan la influencia militar en los futuros gobiernos.
Por ejemplo, la inamovilidad de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, el carácter de "garante de la institucionalidad" otorgado a estas mismas instituciones, y la existencia del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), son manifestaciones de la influencia militar en la Constitución de 1980. Además, el texto se complementó con veintinueve artículos transitorios que le otorgaban amplias atribuciones al general Pinochet.
Llamada a su aprobación mediante un plebiscito efectuado el 11 de septiembre de 1980, éste no cuenta con las garantías necesarias para garantizar su legitimidad, en vista de la proscripción de la oposición, la censura de prensa y la inexistencia de registros electorales. El resultado arroja una aprobación del 67%.
Seis meses más tarde, el 11 de marzo de 1981, comienza a regir la Constitución Política y el general Pinochet asume su mandato presidencial por ocho años. Por ello deja de pertenecer a la Junta Militar, cargo que fue ocupado por el general de mayor antigüedad. De este modo, formaron parte de dicha Junta los Tenientes Generales César Benavides (1981-1985), Julio Canessa Robert (1985-1986), Humberto Gordon (1986-1988), Santiago Sinclair (1988-1990) y Jorge Lucar Figueroa (1990). En 1990, pocos días antes del retorno a la democracia, José Toribio Merino fue sucedido por Jorge Martínez Busch, como comandante en jefe de la Armada y, por ende, como miembro de la Junta.
Estallido de las Protestas Nacionales (1983-1986)
La década de 1980 se inaugura con positivas cifras de crecimiento, expansión del crédito y del comercio, especialmente de artículos importados y por la formación de una nueva clase empresarial. Sin embargo, esta bonanza económica tiene un abrupto final en el año 1982. El aumento del precio del petróleo, la caída en las exportaciones y la quiebra masiva de bancos e industrias sumen al país en una severa recesión. El explosivo aumento del desempleo y del endeudamiento provoca una ola de malestar que se traduce en las primeras protestas nacionales en contra de la dictadura.
Estas manifestaciones de descontento se expresan a través de huelgas, marchas callejeras, enfrentamientos con la policía, barricadas en poblaciones marginales y bocinazos y golpeteo de cacerolas en los barrios de clase media.
Las protestas, impulsadas por sectores gremiales y sindicales, se expanden hacia el estudiantado, los pobladores y los partidos políticos, quienes resurgen tras un largo receso. Organizada la oposición bajo el alero de los partidos políticos de centro e izquierda, éstos demandan la renuncia de Pinochet, la derogación de la Constitución de 1980 y la realización de elecciones libres y democráticas.
Estas demandas son respondidas con una dura represión, lo que provoca una agudización del conflicto y la violencia. Entre 1983 y 1986 se suceden más de veinte jornadas nacionales de protesta, al tiempo que el Partido Comunista impulsa una política insurreccional que se traduce en el accionar de su brazo armado, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el que efectúa en el año 1986 un fallido atentado contra Pinochet.
Debido en parte a las responsabilidades de carabineros en la represión política, el 2 de agosto de 1985 el general César Mendoza Durán renunciaba a la Dirección de Carabineros, siendo reemplazado por el general Rodolfo Stange, que en consecuencia pasó a ser miembro de la Junta Militar.
Un creciente proceso de movilización social dio origen en mayo de 1983 a las protestas bajo el liderazgo inicial de la Confederación de Trabajadores del Cobre y, posteriormente, de la Alianza Democrática (coalición política de centro izquierda formada el 6 de agosto de ese año) y el Movimiento Democrático Popular (MDP, creado el 20 de septiembre).
El 11 de mayo de 1983, tuvo lugar la Primera Protesta Nacional convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y apoyada por diversos grupos de la oposición política. Su magnitud, diversidad y fuerza, sorprendió no sólo al gobierno, sino que a sus propios organizadores. El icónico grito “Y va a caer”… se empezó a instalar en las calles de todo Chile. «El paro se extendió y nacionalizó, transformándose en la primera protesta nacional contra la dictadura que movilizó a cientos de miles de personas», señala la historiadora Ana López en un artículo publicado por Izquierda Diario. Según cifras extraoficiales divulgadas por la prensa, se registraron más de 652 arrestos en todo el país, con el trágico fallecimiento de dos ciudadanos. Esta paralización fue descrita como "el acontecimiento más significativo de la última década". El régimen reaccionó con represalias masivas.
La convocatoria al paro y protesta del 11 de mayo de 1983 marcó un hito en la resistencia contra la dictadura, inaugurando un ciclo de manifestaciones que culminó en 1986.
El 25 de Agosto de 1985 la oposición democrática adoptó el Acuerdo Nacional para la Transición de la Plena Democracia. Fue suscrito por un grupo importante de líderes políticos de ambas corrientes y sentó las bases para el retorno de la democracia en Chile.
Pese a la política represiva, las protestas nacionales continuaron en 1985. El 25 de agosto, representantes de la Alianza firmaron junto a dirigentes políticos partidarios del gobierno un Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia, mediante el cual se acordó que la transición a la democracia fuese pacífica, solicitando que se fijaran mecanismos de reforma constitucional (recurriendo al plebiscito si fuese necesario), el restablecimiento inmediato de las libertades publicas, el fin del exilio, la legalización de los partidos políticos, la aprobación de una ley electoral y la formación de registros electorales.
El acuerdo fue rechazado por el Movimiento Democrático Popular, especialmente por el Partido Comunista, que radicalizó su opción por todas las formas de lucha en aras de una salida "democrática y popular", inmediata y no pactada.
Convocatoria al Paro Nacional realizada por la Asamblea de la Civilidad para los días 2 y 3 de julio de 1986. Esta agrupación, que nació en 1986, reunió a las organizaciones sociales más relevantes del país quienes mediante la “Demanda de Chile” llamaron a la apertura de los registros electorales y a la realización de elecciones libres.
El Plebiscito de 1988 y la Transición a la Democracia
El fracaso de las protestas y de la lucha armada para derrocar al régimen provoca que la oposición, excepto el Partido Comunista y otros grupos de izquierda como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, acepte insertarse dentro de la institucionalidad existente en la Constitución de 1980. Esto significa participar en el plebiscito que la Carta estipula para el año 1988 y derrotar a Pinochet en las urnas.
El 5 de octubre de 1988 se realizó un Plebiscito Nacional que definiría la permanencia en el poder del Régimen Militar hasta 1997 y de Augusto Pinochet como su máximo representante.
Agrupados en la denominada “Concertación de Partidos por el No” demócrata cristianos, socialistas, radicales, humanistas y sectores de derecha liberales se lanzan en una campaña que culmina el 5 de octubre de 1988, con la victoria de la opción “No” en el plebiscito, con un 54% de los votos. Esto significa el llamado a elecciones presidenciales y parlamentarias para el año siguiente.
La movilización social que estalló en los primeros años de la década de 1980 contra la dictadura militar de Augusto Pinochet estuvo caracterizada por la rebeldía, organización y creatividad de los sectores populares y capas medias de la población chilena, forzadas a vivir bajo el autoritarismo del régimen militar desde el 11 de septiembre de 1973.
En el transcurso de esos años, el tejido popular fue víctima de la cruel represión política manifestada en diferentes ámbitos de la vida pública, logrando desarticular la mayoría de las redes y organizaciones populares existentes mediante: a) la prohibición del funcionamiento de los partidos políticos de izquierda; b) diseminación del terror físico y psicológico, detenciones selectivas y en masa, torturas y asesinatos, así como de constantes allanamientos militares en la poblaciones; c) aniquilamiento de las fuerzas productivas y devastación económica, expresada en los altos índices de cesantía y empobrecimiento tras la transformación modernizadora neoliberal; d) la clausura de los espacios tradicionales de organización y participación social; y e) la elaboración de la carta fundamental de 1980.
Fue en ese periodo en que la sociedad chilena experimentó el estallido de las más agitadas Jornadas de Protesta Nacional (1983-1986) contra la dictadura, en donde vecinos, pobladores y organizaciones sociales de base se volcaron a las calles del país para encarar al régimen, aglutinándose en concurridas avenidas para manifestarse al ritmo de las cacerolas o al intenso calor de la barricadas; replegándose en calles y pasajes del barrio durante los enfrentamientos con las fuerzas de orden y seguridad del Estado; y también, refugiándose y autoeducándose solidariamente en las parroquias de las mismas poblaciones, alentados por los curas y mujeres partícipes de esas comunidades.
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