El 23 de marzo, en una sesión especial del Parlamento de Cataluña le volvieron a preguntar si él era Luis “El Cabrón”, el misterioso personaje que aparece en una contabilidad paralela recibiendo platas ilegales por $72 mil euros provenientes del fondo Real State Equity Portfolio.
Uno de los escándalos de corrupción que ha remecido a España en el último año. Delso tuvo que declarar ante una comisión del Parlamento de Cataluña que intenta esclarecer el origen de la abultada fortuna que ocultaron su viejo amigo, Jordi Puyol Ferragosa, y su padre, el histórico ex líder catalán Jordi Puyol i Soley.
Una semana más tarde de esa comprometedora interpelación, se encendieron las alarmas en la sede de la empresa española en Buenos Aires, desde donde se controlan los negocios de Isolux en América Latina.
Esta vez eran sus operaciones en Chile las que amenazaban con estallar en un nuevo escándalo. El último de sus siete millonarios contratos por $141 mil millones, la obra vial Portales-O’Higgins en el Puerto de San Antonio, fue rescindido anticipadamente por graves incumplimientos en los plazos y otras irregularidades.
Pese a tener más de 80 años de antigüedad, Isolux Corsán nació formalmente en 2004 tras la fusión de la empresa Corsan-Corviam con Isolux Watt. El controlador de la compañía es la sociedad Construction Investment SARL, que posee el 52% de su propiedad.
Isolux-Corsán llegó a Chile en 2004 con la firme idea de aumentar la masa de contratos en Latinoamérica. En 2012 creó la filial Corsán Corviam Construcción (Agencia Chile). A través de esta empresa ha participado en cuatro de las siete licitaciones que le han sido adjudicadas en nuestro país.
La misma sociedad creó meses más tarde junto a otra empresa española -Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, también con problemas en la ejecución de obras del Estadio Ester Roa de Concepción- el Consorcio Copasa Corsán Corviam y sólo días después la sociedad Consorcio Copasa Corsán Corviam Dos.
La primera, resultante de la fusión de Copasa e Isolux-Corsán, fue creada para participar en la licitación de la construcción del “Puente sobre el río Maule” (Séptima Región) la que le fue adjudicada en marzo de 2012 por $13 mil millones.
Esos fueron los primeros dos contratos cerrados por la compañía con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a principios de 2012. Meses más tarde obtendría otro contrato -previa licitación del Servicio de Salud Araucanía Sur (SASS)- para construir el nuevo Hospital de Pitrufquén (Región de la Araucanía). La adjudicación, en diciembre de 2012, le significó a Corsán Corviam Construcción una nueva obra por $17 mil millones.
El vertiginoso crecimiento de la cartera de proyectos de Isolux-Corsán tuvo un nuevo capítulo en noviembre de 2013 con la adjudicación de un proyecto por $52 mil millones para la construcción de los piques y túneles de la Línea 3 del Metro de Santiago. En esta licitación -al igual que en los puentes Maule y Bicentenario- participó por medio del Consorcio Copasa Corsán Corviam.
El último contrato fue firmado por la misma filial de Isolux en agosto de 2014: el “Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins” en la comuna de San Antonio (Quinta Región). La obra vial cuyo monto supera los $3 mil millones fue adjudicada obviando el historial de irregularidades de Isolux-Corsán en Chile y las múltiples advertencias de algunos concejales de la comuna.
Fue el propio alcalde, Omar Vera Castro, el que inclinó la balanza a favor de la compañía española. “Quiero que asumamos la votación con responsabilidad porque no hay ningún elemento ni jurídico, ni técnico que nos permita decirle al portal de compras públicas que no podemos adjudicarles la obra porque en La Araucanía ocurre esta situación.
En marzo de 2014 los problemas en Pitrufquén ya no pasaban inadvertidos. El director del Servicio de Salud Araucanía Sur (SASS), Milton Moya Krause, señaló a CIPER que al asumir sus funciones ese mes se encontró con un severo incumplimiento en los plazos convenidos en la licitación adjudicada a Isolux en diciembre de 2012 para la “Normalización del Hospital de Pitrufquén”.
“La obra debía haber finalizado en junio de 2014. El 25 de abril de 2014, el SASS decidió poner término anticipado al contrato. En la resolución Nº 1.022 el organismo de salud fundamentó su decisión en “el incumplimiento del programa de trabajo, que pone en riesgo el término de la obra dentro de los plazos acordados; atraso total por sobre un 15% del plazo original de ejecución; e incumplimientos reiterados a diversas obligaciones contractuales, que en conjunto constituyen un incumplimiento grave en los términos de la Ley 19.886”.
Pese a los descargos de la compañía, el SASS mantuvo la decisión a firme (ver documento). En noviembre de 2014, el IND decidió ponerle fin anticipado al contrato con la empresa española. Nuevamente la causal fue incumplimiento en los plazos, pero principalmente el no pago de deudas pendientes con empresas contratistas, según informó La Tercera.
En febrero pasado, Corsán Corviam Construcción presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del IND para revertir la decisión. El siguiente proyecto en caer fue el del emblemático Puente Bicentenario, en Concepción.
El 12 de diciembre de 2014 la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) puso término al contrato indicando como causal un “retraso superior al 44% del programa de trabajo vigente”. El 6 de marzo pasado, la Contraloría General de la República dio curso a la resolución del MOP, aunque advirtiendo que el mandante “no había dado cumplimiento oportuno a algunas de sus obligaciones contractuales”.
Frente a ello, el MOP inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades. Sus resultados aún no se conocen. En el documento que sanciona la adjudicación de la obra al Consorcio Copasa Corsán Corviam (abril de 2012) se señala: “acéptese la oferta corregida” presentada por la empresa (ver documento).
El último episodio de término anticipado de contrato ocurrió a principios de abril y afectó la obra “Mejoramiento del Circuito Portales-O’Higgins” en San Antonio que se adjudicó la filial Corsán Corviam Construcción en agosto de 2014. Un informe realizado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de San Antonio -y que fue encargado por el concejal Esteban Hinojosa (uno de los que se opuso a otorgarle la licitación a la empresa española)- arrojó que al 26 de febrero de 2015, cuando la obra debía llevar 21% de progreso, sólo llevaba 6%.
Fue el 27 de junio de 2014, sólo un día antes de que Chile jugara el trascendental partido de octavos de final del Mundial contra Brasil, cuando Mauricio Carrasco Torres consiguió lo imposible. Ese mismo día y pese a la altísima demanda de pasajes aéreos, hotelería y de tickets para ingresar al estadio, el entonces director de Administración y Finanzas de la USACH -y uno de los tres evaluadores que le adjudicó a Corsán Corviam Construcción la millonaria obra del edificio EDOC de la universidad- logró embarcarse en un avión junto a su esposa y sentarse en las graderías del Mineirao de Belo Horizonte para ver el trascendental encuentro.
El arreglo para que Carrasco tomara el avión, alojara en Belo Horizonte y fuera el estadio junto a su mujer fue gestionado desde Buenos Aires por la jefa de Servicios Generales de Isolux-Corsán, por orden del gerente general de la empresa en Chile, Christian Manrique Valdor.
“Necesitamos que por favor nos indiquen disponibilidad para las siguientes reservas, se trata de una urgencia”, se señala en los correos electrónicos dirigidos a una agencia de viajes. A su regreso, dos días después del partido en el que Chile cayó a penales, el director de Administración y Finanzas de la USACH -cargo de confianza del rector que Carrasco desempeñaba desde 2012- autorizó un pago por adelantado a la compañía de $60 millones por concepto de “ascensores”. Ello, pese a que aún no estaba construido siquiera el primer piso.
Al 8 de agosto de 2013, una serie de multas por atraso aún no habían sido cursadas por el mandante. Para entonces, y a pesar de que la obra debía haber llevado un 93% de avance y el progreso real estaba por debajo del 20%, Isolux no había sido penalizada como correspondía según el contrato.
El 5 de marzo pasado, Mauricio Carrasco Torres renunció a su cargo en la USACH (fue asesor de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación entre 2009 y 2011). Otro de los responsables del proyecto, el arquitecto Felipe Reyes Vergara, quien era jefe de la Unidad de Construcciones, participando además junto a Carrasco en el comité de evaluación de la licitación por esta obra, también renunció a la universidad.
La situación se agrava si se considera que el historial de irregularidades que involucra a miembros de la USACH se arrastra incluso desde antes que Isolux ganara la licitación. En pleno proceso de evaluación de las propuestas de los dos oferentes (Isolux y la empresa Transportes y Excavaciones), la compañía española manejaba el detalle de oferta de su competidora y ya sabía que el resultado de la licitación se inclinaría a su favor.
Fue desde la propia comisión de evaluación -conformada por Carrasco, Reyes y el prorrector de la USACH, Pedro Palominos Belmar- que se filtró la información a los directivos de Isolux. “Ni el plazo ni los antecedentes son públicos, pero te puedo decir que tuvimos mejor plazo de ellos (…) pero estamos unos US$ 4 millones por encima del presupuesto oficial (…) No obstante, por la misma vía que sabemos todo esto, hemos logrado un dictamen de la comisión que obra en mi poder, que aconseja la adjudicación a Corsán.
A pesar del nutrido prontuario de anomalías de Isolux en la USACH, su rector, Juan Manuel Zolezzi, señaló a CIPER que recién en febrero pasado, a vuelta de sus vacaciones, se enteró de que había una empresa española haciendo obras para la universidad: “Por lo del puente Caucau pregunté si había alguna empresa española trabajando con nosotros y ahí recién me enteré”.
A lo largo de esta investigación, fuentes consultadas por CIPER acusaron la existencia de operadores en Chile que le habrían abierto las puertas a Isolux-Corsán con distintas autoridades de alto nivel para el cierre de los siete contratos que totalizan $141 mil millones.
CIPER tuvo acceso a una serie de facturas pagadas por la compañía a distintas empresas contratistas en construcción y asesorías. Entre ellas se cuenta la Constructora Santa Sofía de Los Ángeles y Asesorías Praxis, ambas pertenecientes al reconocido lobista Alexis Yáñez Alvarado, ex operador político de la Concertación y con vínculos transversales en el poder político (vea reportaje de CIPER: Las conexiones con el lobby de los principales negociadores del gobierno en el Congreso).
A través de Inversiones Santa Sofía, Yáñez es propietario del 50% de Constructora Santa Sofía de los Ángeles y de otro 20% de la sociedad a través de Asesorías Praxis. Las facturas de Yáñez a Corsán Corviam Construcción, emitidas por Constructora Santa Sofía y también por Asesorías Praxis, datan de marzo y mayo de 2014. Son en total $190 millones de pesos.
Otra empresa, Sierra Leona Construcciones, le emitió en enero y febrero de 2013 dos facturas a Corsán Corviam Construcción por un total de $113 millones por “Servicio de Ingeniería y preparación de oferta proyecto hospitalario Pitrufquén” (ver facturas). En noviembre de 2013, Ugalde compareció ante la justicia en carácter de imputado por estafa y suplantación de identidad. En diciembre de 2011 Ugalde, identificándose como Matías Ugalde...
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