A lo largo de los últimos años, la preocupación por la calidad y equidad en el sistema escolar en Chile ha cobrado capital importancia en el marco de un debate político y técnico.
El costo social de la segmentación educativa en Chile presiona a que los establecimientos de mayor vulnerabilidad asuman responsabilidades adicionales vinculadas con el bienestar individual y familiar de su alumnado.
Se ha reconocido de manera unánime el rol que juegan los docentes en las estrategias de mejora del sistema educativo, orientando el foco hacia aspectos tales como la formación inicial docente, los sistemas de evaluación de desempeño y el perfil académico de los estudiantes de pedagogía.
Aun cuando estas temáticas implican críticas para el país y requieren ser abordadas con mayor profundidad en las próximas reformas, los objetivos de calidad y equidad en educación no podrán ser alcanzados meramente por la vía del mejoramiento de la calidad del profesorado, por cuanto la evidencia internacional constata que la complejidad educativa, especialmente en escenarios de vulnerabilidad socioeconómica y/o deprivación sociocultural, demanda intervenciones especializadas y complementarias a la labor docente en un amplio rango de tópicos.
La profesionalización de los servicios de asistencia escolar se verifica en la conformación de equipos de trabajo multidisciplinar que entregan apoyo diferenciado a alumnos que requieren de un abordaje integral para su pleno desarrollo escolar, social y personal.
Se ha constatado que en Chile las escuelas más vulnerables que logran procesos de mejoramiento escolar han utilizado como parte de su estrategia institucional este tipo de apoyo, demandando por consecuencia una mayor contratación de profesionales del ámbito psicosocial.
No obstante, “la estructuración y masificación de estos esfuerzos en las escuelas es todavía reciente y se encuentra aún en una fase de desarrollo, experimentación y aprendizaje, por lo que es probable que su efectividad aumente en el mediano plazo”.
Este artículo examina la dotación de personal de apoyo psicosocial en los establecimientos de enseñanza básica y media en Chile, a la vez que enfatiza la colaboración interprofesional de una creciente modalidad de trabajo: las duplas psicosociales escolares.
Por otra parte, busca proporcionar luces respecto del rol que deben asumir los trabajadores sociales al interior de las unidades educativas.
Para ello, se realizó un análisis descriptivo de carácter cuantitativo estructurado en tres secciones.
A lo largo del documento se ha preferido el uso del concepto trabajador social debido a la mayor actualidad e implicancia epistemológica y disciplinar que a este subyace.
Esta categoría analítica, en consecuencia, engloba al conjunto de profesionales que bajo la denominación de trabajador social y/o asistente social se desempeñan en el ámbito de la intervención socioeducativa, definición ampliada y usada en términos operativos que no desconoce el hecho fundamental de que, a partir del 2005, el título de trabajador social es una categoría de certificación restringida y exclusiva del ámbito universitario.
Marco Contextual del Sistema Educativo Chileno
El sistema educativo chileno se distingue por evidenciar elevados niveles de segmentación académica e inequidad, situación que constituye un nítido correlato de la fuerte desigualdad territorial y socioeconómica del país.
Esta inequidad de resultados se explica principalmente por el efecto mediador de la composición socioeconómica del alumnado, pero también por la diferenciada calidad de la oferta institucional que opera con rezagos sobre los estudiantes del sistema público municipal en cuanto a la instalación de actitudes, destrezas y habilidades.
Esta segmentación impacta tanto en el desempeño del estudiante como en la probabilidad de que complete la enseñanza media, coartando el progreso social al no generar las condiciones necesarias para maximizar las capacidades y competencias que la población estudiantil requiere a fin de insertarse exitosamente en el mercado del trabajo y conseguir niveles óptimos de bienestar.
Desde el punto de vista histórico-político, la segmentación del sistema es el corolario de la promoción de un sistema educativo que entrega indebida importancia a los mecanismos de mercado y competencia.
En su fin último, esta reforma de carácter neoliberal transfirió la educación a la esfera del mercado, convirtiéndola en una posibilidad de consumo individual sometida a las reglas de la competencia bajo la premisa de que la liberalizacion del mercado educativo generaría una mayor calidad en el servicio.
Un conjunto de variables socioeconómicas determinan una serie de outcomes educativos, tales como los resultados en test estandarizados, tasas de deserción escolar y porcentajes de acceso a la educación superior y, en un sentido amplio, la adquisición de habilidades para la vida, aun cuando existan resultados exitosos, mas no frecuentes, en contextos de alta vulnerabilidad escolar.
En la base explicativa se hallan factores estructurantes, tales como el capital cultural, medido en términos de la escolaridad de los padres, y el ingreso económico del hogar.
La madre, al ser el agente socializador más ligado a la crianza de los hijos durante la primera infancia, constituye un factor preponderante en el desarrollo cerebral con efectos de corto y largo plazo en el funcionamiento cognitivo, psicológico y social.
Un mayor nivel educacional de la madre estaría asociado a una mayor capacidad para suministrar recursos educacionales e intelectuales, a la vez que predispondría una actitud positiva hacia lo educacional y una mayor valoración de las oportunidades educativas, elementos de estudiado efecto sobre el rendimiento escolar.
Por su parte, los ingresos familiares predicen significativamente las oportunidades de éxito del estudiante, constatándose por ejemplo que la probabilidad de no completar la enseñanza media es para el quintil de menor ingreso siete veces superior en relación con la población estudiantil del quinto quintil.
Un sistema así entendido exige compensar ciertas características asociadas a la posición de origen del estudiante a fin de evitar que el medio educativo funcione como un mecanismo de reproducción de disparidades preexistentes.
Amparados en esta lógica, los gobiernos democráticos en Chile han diseñado cambios en el modelo de financiamiento que, no obstante, salvaguardan su estructura básica.
Sin duda el más notable de estos ha sido la implementación, en el año 2008, de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), la cual reconoce explícitamente la dificultosa tarea que afrontan los establecimientos educacionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando las condiciones de educabilidad son adversas, prestando apoyo a través de la adición de recursos por condición de vulnerabilidad.
En efecto, esta ley introduce un aporte financiero adicional a las escuelas que concentran a los estudiantes más vulnerables del país.
Dichos recursos, dadas las orientaciones ministeriales, permitirían a los establecimientos educativos definir estrategias destinadas al mejoramiento de la calidad por el intermedio de acciones enmarcadas en cuatro áreas de gestión: currículum, recursos, liderazgo y convivencia escolar, siendo esta última un terreno idóneo para los nuevos profesionales no docentes que se integran al sistema.
La articulación de actividades circunscritas al ámbito de la convivencia escolar implica, entre otras acciones, prestar apoyo psicológico y asistencia social a los alumnos y sus familias, fortalecer el vínculo educativo y afectivo de la comunidad educativa y propiciar un clima escolar favorable al desarrollo integral de los educandos.
Es conveniente señalar que la igualdad de oportunidades para el aprendizaje e inclusión educacional está también vinculada a otra serie de variables, no siendo menor en este sentido la importancia que ejerce la participación y accesibilidad de las personas con diversidad funcional al interior del aula de clases, mandato social y humano que ha adquirido capital relevancia durante el último tiempo en Chile.
Siguiendo esta línea, un enfoque inclusivo implicaría proporcionar apoyo especializado a quienes presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), a fin de favorecer el progreso del currículum escolar sin que estos alumnos vean limitadas sus oportunidades de desarrollo.
En consecuencia, considerando la existencia de lastres sociales y barreras del entorno educativo que impiden un accionar pedagógico efectivo, es evidente que en contextos de mayor vulnerabilidad escolar los esfuerzos por generar cambios deben ser superiores a los suscitados en la actualidad, ameritando un sistema compensatorio que abarque las necesidades de carácter biopsicosocial que afectan con mayor fuerza a estos estudiantes.
Es decir, cuando las condiciones de educabilidad limitan las estrategias para el aprendizaje, la escuela asume una responsabilidad adicional por contrarrestar los efectos de la pobreza a fin de compensar los promedios estadísticos de las distribuciones de origen de sus alumnos.
A este respecto han contribuido los recursos por concepto de SEP y PIE, los cuales promueven la inserción de nuevos profesionales asistentes de la educación al escenario educativo, situación que se constituye en una ventana de oportunidades para el fortalecimiento de la integralidad de la educación, la disminución de la inequidad escolar y el mejoramiento de la calidad del sistema.
Dentro del heterogéneo grupo de los asistentes de la educación, el estamento profesional es el que estrecha un mayor vínculo con las necesidades biopsicosociales de los estudiantes y, ocasionalmente, sus familias.
En ellos se identifican funciones de mediación, asesoramiento, evaluación, rehabilitación, seguimiento y promoción, así como también actividades profesionales de intervención indirecta.
El objetivo común de estos trabajos es sentar las condiciones para una eficiente acción educativa dentro de un marco de inclusión escolar, situación que implica hacerse cargo del desarrollo integral de las capacidades individuales.
La investigación se configura a partir de un análisis descriptivo-exploratorio de carácter cuantitativo estructurado en tres secciones.
La primera parte se explora la dotación de asistentes de la educación en Chile, confiriendo atención preferencial al grupo del estamento profesional.
En la primera parte se explora la dotación de asistentes de la educación en Chile, confiriendo atención preferencial al grupo del estamento profesional. La base censal agrupa al año 2015 a 142.036 asistentes de la educación en establecimientos educativos funcionando en el país. La segunda parte estudia la participación laboral o presencia de los trabajadores sociales y psicólogos en los establecimientos educativos. Este universo agrupa a los 4476 establecimientos en Chile que identifican al menos uno de estos profesionales en su dotación de trabajadores. En esta sección se construye un flujograma para perfilar las diversas configuraciones y preferencias de los establecimientos educativos para contratar profesionales del área psicosocial. Finalmente, en la tercera sección se estudia la distribución de los trabajadores sociales escolares según las características estructurales de los establecimientos educativos, teniendo como base una población de 10.824 establecimientos identificables en la base de cargos asistentes de la educación. La información que sustenta este estudio fue extraída de la base de datos Cargos Asistentes de la Educación 2015, proporcionada por la Unidad de Estadísticas del Ministerio de Educación (MINEDUC). En Chile, los 142.036 asistentes de la educación integran un grupo heterogéneo de personal no docente, representando al año 2015 más de un tercio del total de cargos en el sistema escolar de enseñanza básica y media. Este contingente de funcionarios está compuesto principalmente por mujeres cuya dependencia laboral tiende a concentrarse en establecimientos urbanos con prevalencia en las regiones Metropolitana y del Bío-Bío. Quienes se identifican como parte del estamento profesional cuentan con títulos de carreras cuya duración mínima es de ocho semestres y que han sido otorgados por una universidad...
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