El Día del Trabajo, celebrado el 1 de mayo de 2025, fue escenario de numerosas manifestaciones alrededor del mundo, donde se alzaron voces en defensa de los derechos laborales y en favor de valores democráticos.

En Estados Unidos, ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia fueron el epicentro de marchas y manifestaciones contra políticas asociadas a Trump y en defensa de los derechos laborales.

En Alemania, dirigentes de organizaciones sindicales expresaron su preocupación por la erosión de las protecciones laborales, resultado de jornadas laborales extendidas y discursos contra la inmigración.

En Francia, líderes sindicales condenaron la “trumpización” de la política mundial, mostrando su rechazo a tendencias políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores.

En Filipinas, miles de trabajadores marcharon cerca del palacio presidencial en Manila, encontrándose con barricadas policiales que bloqueaban el acceso. Mong Palatino, líder de la protesta, advirtió que “las guerras arancelarias y las políticas de Trump” representaban una amenaza para las industrias locales.

En Turquía, la jornada se convirtió en una plataforma para reivindicar no solo los derechos laborales, sino también para exigir la defensa de los valores democráticos. Manifestantes protestaron por el encarcelamiento del alcalde de Estambul, el político opositor Ekrem Imamoglu.

Cientos de miles de cubanos se congregaron en la Plaza de la Revolución de La Habana para la tradicional marcha del Día del Trabajo.

En Ecuador, se llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades, reflejando la preocupación por la situación laboral en el país.

En El Salvador, las manifestaciones se centraron en exigir al Gobierno que avance y respete los derechos laborales, así como la liberación de sindicalistas detenidos durante el régimen de excepción que suspende algunas garantías constitucionales. Ingrid Escobar, de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario, declaró: “Queremos que todos los trabajadores que han sido víctimas del régimen de excepción, incluidos sindicalistas, sean liberados”.

En Bolivia, el presidente Luis Arce decretó un aumento salarial de entre 5% y 10%, medida que fue recibida positivamente por las organizaciones sindicales, pero criticada por los gremios empresariales. Arce marchó junto con la Central Obrera Boliviana, el gremio obrero más importante del país, desde la ciudad sureña de Tarija.

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