La Organización Internacional del Trabajo publicó su informe anual sobre las perspectivas mundiales del empleo. Según el informe, la economía mundial mantiene su repunte, que “se prevé que permanezca estable, pero bajo “, situándose “por debajo del 4 por ciento, pues en la mayoría de las principales economías la actividad económica se normaliza sin estímulos significativos y la inversión fija permanece en un nivel relativamente moderado”.
Este bajo crecimiento de la economía se traduce, según la estimación del informe, en un bajo crecimiento del empleo siendo insuficiente “para absorber el aumento de la fuerza de trabajo en los países emergentes y en desarrollo”. A nivel mundial el desempleo se sitúa en más de 190 millones de personas desempleadas.
Persistencia del Desempleo a Nivel Global
Según la estimación la tasa de desempleo mundial experimentaría un bajísimo descenso del 5,6% al 5,5% (respecto al 2017). Las previsiones muestran que en 2018 seguiremos con más de 192 millones de desempleo, y para 2019 aumentará en 1,3 millones. Entre 2014 y 2017 el desempleo en los llamados países emergentes aumentó a causa de la desaceleración de la economía, como consecuencia de la caída del precio de los productos básicos como en Brasil o Rusia.
Además, las dificultades para encontrar trabajo para determinados sectores significativos de la población, como la mujer, aumentan. “En promedio, las mujeres tienen menos probabilidades de participar en el mercado de trabajo”. A ello le debemos sumar que el escaso aumento del empleo de la fuerza de trabajo no está compensando el aumento del número de jubilados, por lo que en países importante está en peligro la jubilación de millones de trabajadores, abocados a seguir en situación vulnerable y en la pobreza durante su jubilación.
Precariedad y Desigualdad: Un Problema Global
A nivel mundial en 2017 alrededor del 42,5% de los trabajadores y trabajadoras tenían “empleos vulnerables” (precarios), lo que significa 4 de cada 10 trabajadores y trabajadores, es decir cerca de 1400 millones de personas. Estas alarmantes cifras, las estimación muestran que en 2018 ascenderá al 42,6% y en 2019 al 42,7% ( unos 17 millones de personas cada año). El informe detalla además que en los países llamados en desarrollo y emergentes, la precariedad superaría el 76% y el 46%, respectivamente. En los países “considerados ‘desarrollados’, la tasa está en el 10%”. Se pone de relieve que el repunte de las condiciones precarias se da en el sector servicios.
Esta situación en las economías ha provocado la proliferación de contratos de trabaja a tiempo parcial. El informe cita que para la UE la jornada laboral a tiempo parcial pasó a representar el 21,6% del total del empleo en 2016, respecto al 18,7% que suponía en 2008. Estos contratos, confirma la OIT, suponen en general sueldos más bajos y menores perspectivas de promocionar en la carrera laboral de los afectados.
Es decir, son hogares que no alcanzan el 60% de los ingresos medios. La dramática situación de millones de asalariados y asalariadas abocados a soportar condiciones laborales y de vida cada vez más precarias se produce como consecuencia de que un sector minoritario de la población se enrique a costa de nuestro esfuerzo y nuestras vidas.
La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.
Desigualdad en el Contexto Chileno
Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor.
Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados.
De acuerdo a la última encuesta CASEN del año 2017, el 10% más rico de los hogares obtiene un 38,1% del ingreso monetario, mientras el 10% más pobre un 1,4%, con ingresos promedio de $3.605.800 y $129.300, respectivamente.
La caída de la desigualdad de ingresos en este período se explica, principalmente, por las mayores transferencias monetarias a grupos vulnerables y el aumento en el número de técnicos y profesionales, lo que amplió el segmento de clase media acomodada y moderó el crecimiento de los salarios en la parte media alta de la distribución, proceso que opera con mayor fuerza en las cohortes jóvenes.
La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza).
Más allá de las diferencias de ingresos, la desigualdad socioeconómica se manifiesta en otras dimensiones de la vida de las personas. La que más rechazo provoca en la población es la disparidad en el trato y dignidad que, por ejemplo, se materializa en la atención de salud. La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. La desigualdad es un desafío ético porque implica una injusticia, ya que todos tenemos una dignidad por ser personas y el derecho a participar de los bienes y servicios que se producen en la sociedad; y es injusta porque esta realidad podría ser distinta mediante políticas públicas.
La desigualdad sería menos problemática si el lugar que ocupan las personas en el orden social fuese pasajero, sujeto a cambios durante el ciclo de vida o, por último, si la posición social de los hijos no dependiera de la de los padres. Esto es, si hubiese movilidad social. Una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de las oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional. Esto por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen.
Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades -que determina la movilidad social-. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad.
Políticas para Reducir la Desigualdad
Entre las políticas a considerar para disminuir la desigualdad, destacan las que mejoran la productividad vía capacitación y fortalecen todos los niveles del sistema educativo.
Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.
Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas.
El Impacto del Empleo Precario en la Salud
El empleo precario suele mirarse como un problema para la economía de las familias. Pero las autoras remarcan que se ha transformado también en un problema de salud pública. Según última Encuesta Nacional de Empleo, 9,2 millones de personas participan en el mercado del trabajo, lo que representa más del 70% de la población mayor de 15 años. No es extraño entonces que demandas salariales y otras vinculadas con el trabajo aparezcan con fuerza que en las semanas de intensas protestas que hemos vivido.
Las políticas en torno al empleo deben asumir la centralidad que éste tiene en la vida de las personas y la multiplicidad de aspectos que confluyen en él. El trabajo es un determinante clave de la calidad de vida y la salud. Por una parte, cumple la función “manifiesta” de proveer los ingresos necesarios para la reproducción de las familias y alcanzar un nivel de vida socialmente aceptable, proveyendo las condiciones materiales de vida que permitan alcanzar un buen estado de salud.
En cuanto al ingreso, como ya mencionamos, gran parte de los trabajadores recibe salarios insuficientes. En una estimación a partir de la única Encuesta nacional de empleo trabajo y salud (ENETS[5]) realizada en el país en el año 2010, y que utilizó una escala de precariedad laboral (EPRES[6]) con todas las dimensiones arriba mencionadas, se constató que, de todos los asalariados privados con contrato, el 50,8% presentaba niveles de precariedad nocivos para la salud[7].
Desde los años 30 se vienen desarrollando estudios científicos que muestran que el desempleo afecta la salud de las personas, y en especial su salud mental. Más recientemente existe además evidencia del rol protector que cumple en seguro de desempleo frente a los efectos tóxicos de éste. A su vez, a partir de los 80 se ha acumulado la evidencia epidemiológica que muestra que también el empleo precario tiene efectos negativos sobre la salud.
En Chile, usando la ENETS 2010, observamos que las personas con empleos altamente precarios se declaran insatisfechos con sus trabajos en una frecuencia que más que duplica la de los trabajadores con empleos no precarios (2.2 veces más). Lo mismo ocurre con la presencia de síntomas depresivos (con una frecuencia de 2.4 veces más) y el reporte de mala o muy mala salud general (3 veces más).
La precariedad laboral y el desempleo comparten la pérdida, total o parcial, de las funciones manifiestas y latentes del empleo, con la consiguiente repercusión negativa tanto en calidad de vida como salud de las personas que trabajan y sus familias. Sumado a ello, las personas en situación de desventaja en el mercado de trabajo (como por ejemplo mujeres, jóvenes y adultos mayores, o quienes están en ocupaciones de baja cualificación) son las más expuestas a tener empleos precarios y muy precarios.
Causas de la Precariedad Laboral
La precariedad laboral es un fenómeno global que no es nuevo, pero que re-emerge con fuerza como la otra cara de la moneda de la flexibilización progresiva de los mercados de trabajo. En Chile, dicha flexibilización se consolida institucionalmente en el Plan Laboral de 1982, contemporáneamente con profundas transformaciones a la seguridad social (pensiones y salud), vigentes con ajustes menores hasta hoy. En este modelo, los trabajadores son concebidos sólo como un factor más de la economía, y no como sujetos de derecho.
Medidas para Combatir la Precariedad
Por tanto, deben ser nuevas políticas y nuevas leyes las que aseguren íntegramente la función social del empleo. En este sentido, existen al menos tres caminos de política para atacar la epidemia de la precariedad hoy en Chile.
- El primero, sin dudas, es el aumento real de los salarios, que asegure la reproducción de la vida como función manifiesta del empleo.
- El segundo, refiere al fortalecimiento de la parte débil de la relación salarial, avanzando hacia la negociación colectiva ya sea por rama o territorio, y así anulando las brechas existentes entre trabajadores de alta y baja capacidad negociadora.
- Finalmente, un tercer camino es el fortalecimiento de la protección frente al desempleo. Urge mejorar la cobertura del actual seguro de cesantía, eliminando las excesivas barreras de acceso a esta prestación, especialmente las relativas a la continuidad laboral.
Durante el año 2018, 180 mil trabajadores recibieron mensualmente pagos por el Seguro de Cesantía, lo que representa sólo al 32% del promedio de cesantes del mismo período.
Por todo lo anterior, hay razones suficientes para afirmar que Chile debiera hacer un esfuerzo serio para reducir las diferencias en las próximas décadas. De estudios recientes se derivan algunos lineamientos a tener en cuenta.
